El documento "España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo", que ha presentado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpa a las diferencias fiscales entre las comunidades autónomas de acentuar el reparto desigual de la población en el territorio, junto con la "complejidad del marco jurídico y normativo y la ausencia de una política territorial coordinada".

En el documento, el Gobierno asegura que "el análisis se ha realizado desde una perspectiva apartidista que antepone el rigor metodológico y la evidencia empírica a cualquier posición política", subrayando que "nace con vocación de país".

"No pretende avalar o refutar el programa de ningún partido político, aunque sí aspira a ayudarlos a todos, como también a las instituciones públicas, empresas, ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de nuestra sociedad civil", subraya.

Sin embargo, es conocido el discurso que se viene realizando desde el PSOE de que en la Comunidad de Madrid se produce 'dumping' fiscal con los impuestos bajos, ya que tiene bonificados al 99% los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio y también ha bajado en alguna ocasión el tramo autonómico del IRPF.

No obstante, el Ejecutivo afirma que este documento es "una primera propuesta que tendrá que ser mejorada y completada en los próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participarán los principales actores sociales de nuestro país".

Preocupación por la España rural de cara a 2050

El texto precisa que en la actualidad el 80% de la población española vive en ciudades y advierte de que si no se pone remedio, se estima que, en 2050, lo haga el 88% de los ciudadanos y la España rural perderá casi la mitad de sus habitantes.

"Si no tomamos medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. Mientras, muchos municipios rurales y ciudades medias y pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial", afirma.

En cuanto a la apreciación de que las diferencias fiscales han acentuado la desigualdad en el reparto poblacional, el Ejecutivo considera que este aspecto habría "influenciado en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas".

En cuanto a la pluralidad legislativa, el texto cree que "habría limitado la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la distribución de la población en el territorio". Además, apuntan que varias comunidades autónomas todavía no disponen de directrices de ordenación territorial que sirvan de guía estratégica dentro de la propia región y que, en materia de planeamiento urbanístico, a pesar de que cerca del 70% de los municipios dispone de un Plan General, el tiempo que requiere su modificación no les permite responder a una realidad que cambia muy rápido.

A todo lo anterior se añade, por último, el hecho de que los procesos urbanos superan en muchas ocasiones el término municipal, sin que exista, por lo general, una coordinación efectiva de las políticas en el ámbito del área metropolitana y provincial.