Una década después de su aprobación, el Gobierno ha acordado este martes remitir a las Cortes Generales para su ratificación el denominado Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos laborales a las trabajadoras y trabajadores domésticos, en especial el derecho al desempleo.

Se trata de una acción que ya había anunciado la pasada semana la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco de la aprobación del plan nacional de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania. En febrero, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acusó a España de discriminar a las empleadas del hogar por no tener acceso a la prestación por desempleo.

En concreto, las Cortes deberán manifestar su autorizan su consentimiento para que España se pueda regir por este convenio. El texto reconoce la importancia de la contribución del trabajo doméstico a la economía mundial y reconoce que esta labor ha sido históricamente infravalorada, lo que convierte a las trabajadoras del hogar en un colectivo especialmente vulnerable.

Entre otras cuestiones, el convenio reconoce el derecho de estas trabajadoras a la protección por desempleo y regula la igualdad de trato con el resto de los trabajadores en general en cuanto a descansos y vacaciones.

En este sentido, las empleadas del hogar deberán ser informadas sobre las condiciones de empleo de forma adecuada, veraz y comprensible, priorizando el contrato escrito.

El artículo 6 del convenio explicita que "el Estado que lo ratifique deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad".

Según los datos del mes de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el total de personas afiliadas en este régimen es de 378.466. En el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han puesto en marcha dos campañas específicas para regularizar tanto los salarios como las cotizaciones de este colectivo y adaptarlos a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Es una cuestión de justicia, y algo más: el cumplimiento de nuestros compromisos y la confirmación de que el camino de los derechos laborales, emprendido por este Gobierno, ya nunca más dejará atrás a las trabajadora del hogar", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.