El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros su anteproyecto de ley contra el fraude fiscal, que contempla la prohibición de las amnistías fiscales. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha desvelado los detalles de esta norma, que ya ha sido remitida al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación. Ya fue tramitada hace dos legislaturas, pero no llegó a debatirse en el Parlamento.

"No hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones"; afirmaba Montero, prometiendo "tolerancia cero" contra el fraude fisca, y apuntando que la norma persigue recaudar 800 millones de euros al año. 

Éste es el primer paso para cumplir el compromiso de acabar con las amnistías fiscales, plasmado en el acuerdo de coalición, y una promesa electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el criticado precedente de la amnistía fiscal del Ejecutivo de Mariano Rajoy (2012), declarada "inconstitucional" y "nula" por el Tribunal Constitucional en 2017, si bien el Tribunal de Garantías no anuló las regularizaciones ya efectuadas. 

Con todo, el anteproyecto de ley, que además incluye la trasposición de la directiva europea sobre elusión fiscal, incorpora otras tantas medidas, con el foco puesto en los grandes patrimonios y las multinacionales que prestan servicios digitales. De hecho, la ley amplía el concepto de paraíso fiscal, para actualizar la lista de países considerados como jurisdicciones no cooperantes en lo que toca al intercambio de datos fiscales.

Además, la norma rebaja desde el millón de euros actual hasta los 600.000 el umbral para que un contribuyente figure en la lista de morosos con Hacienda, y de los 2.500 a los 1.000 euros la cantidad máxima que empresas y profesional podrán pagar en metálico mientras ejerzan su actividad, si bien seguirá en 2.500 euros para particulares. En la misma línea, A su vez, se redice de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior.

A su vez, el Gobierno prohíbe el software de doble uso, utilizado por algunas grandes empresas "para hacer una doble contabilidad" con herramientas informáticas; e incluye un endurecimiento de los controles sobre las operaciones relacionadas con criptomonedas, tanto si estas operaciones tienen lugar dentro o fuera de España, siempre que afecten a contribuyentes españoles. 

Por otro lado, y pese a criticar que "anteriores Gobiernos" beneficiaran "a evasores", en referencia a esta amnistía fiscal, Montero volvió a rechazar la publicación de los nombres de quienes se acogieron a esta regularización. Fue otra promesa electoral del propio Sánchez, pero el Ejecutivo mantiene hoy que la ley no permite revelar estos nombres.