La ministra española de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, afirmó este domingo que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del 18 de enero la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.

"Sí, la aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros del día 18 de enero", dijo la ministra, "y a partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria", afirmó tras la presentación en el Pabellón de España en la Expo Dubái del Global Mobility Call, primer congreso mundial sobre la movilidad sostenible que tendrá lugar el próximo junio en Madrid.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno el pasado 26 de octubre al anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda presentado por el ministerio, con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que terminarse el año, lo que finalmente no ha sucedido.

Este texto ha sido negociado durante un año por los socios de gobierno y ha sido uno de los principales focos de tensión política entre ellos en lo que va de legislatura.

Sánchez señaló desde Dubái que "en breve" tendrán el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consideró que está "todo preparado" para llevar este proyecto de ley al Consejo de Ministros del 18 y para "su posterior tramitación", e indicó que no están "preocupados" por el contenido del informe.

El texto modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que es preceptivo un informe del CGPJ, aunque este órgano declaró la semana pasada que no le había dado tiempo material a elaborar el informe para finales del mes pasado, ya que el ministerio lo pidió a principios de diciembre, por lo que se retrasó la segunda lectura.

Además, esta ley ha provocado recelo en el sector inmobiliario, que coincide en que su aprobación reducirá la oferta, empeorará el mantenimiento de los inmuebles y conducirá el mercado de alquiler a la economía sumergida.

Sin embargo, la ministra aseveró que el texto del anteproyecto de ley ha tenido al final una "acogida positiva" en el sector inmobiliario. "Yo creo que más allá de algunas críticas puntuales que se han producido, pero que quiero decir y avanzar que han sido muy puntuales y que es verdad que en un primer momento se generó cierta inquietud por parte del sector, puedo aventurar que ha sido una acogida positiva", señaló.

La ministra agregó que también ha tenido una acogida "positiva" por el "conjunto de la sociedad" y, por tanto, espera que "ese mismo consenso de la sociedad también se consiga en el Parlamento" y que se pueda tener "lo antes posible" la aprobación de una ley que calificó de "histórica".

Para los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas, el texto prevé -solo en zonas tensionadas- que el inquilino pueda pedirles prórrogas anuales del contrato hasta un máximo de tres años con la renta congelada.

Otros puntos del texto es penalizar las viviendas vacías, pues el anteproyecto prevé que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50 % en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100 % si está vacía más de tres años y del 150% si el propietario tiene cuatro inmuebles desocupados en el mismo término municipal.

Rechazo del Sindicato de Inquilinos

La norma no recibe el apoyo pleno de los colectivos sociales ni del Sindicato de Inquilinos, que en repetidas ocasiones ha criticado la falta de ambición. Además, los plazos de aplicación de la Ley ponen 2023 como el año en el que finalmente se empiecen a regular los precios del alquiler, lo que para los colectivos supone una fecha demasiado tardía.

Además, la Sociedad Civil ha reclamado que la nueva ley otorgue competencias a las ciudades y consistorios para poder restringir la subida desmesurada de precios de la vivienda, algo que no parece que vaya a incluirse en este borrador. Por otra parte, la norma limita su actuación sobre las empresas y tenedores que posean más de diez viviendas. Para la organización debería dar igual el número de viviendas del arrendador y se debería actuar siempre que el precio sea abusivo.

Por último, el Sindicato de Inquilinos reclama que se incluyan medidas sancionadoras concretas dentro del texto y pone como ejemplo la ley catalana que, a su juicio, incrementa las posibilidades de que los ciudadanos puedan reclamar por la vía administrativa o judicial.