La exaltación franquista también se caerá de los letreros de los ayuntamientos. La nueva Ley de Memoria Democrática, ya en vigor, obliga a los municipios que conservan nombres en honor al dictador a modificarlos, de forma tal que dejen de realizar apología de la dictadura o de sus principales dirigentes. La pelota, según afirma el Gobierno, está ahora en el tejado de los ayuntamientos. 

Llanos del Caudillo, Villafranco del Guadiana o Alcocero de Mola forman parte del listado de pueblos que aún mantienen el recuerdo del régimen en sus nombres y que, según señala el Ejecutivo en una respuesta remitida al Senado, deberán ahora dar los pasos administrativos necesarios para modificarlos. 

Este tipo de apología franquista fue planteada por el senador Carles Mulet en una pregunta escrita remitida al Gobierno. El representante de Compromís formuló varias iniciativas en las que preguntaba por cada uno de esos pueblos, al tiempo que remarcaba que se pueden ver afectados "por la nueva Ley de Memoria Democrática, ya que en aplicación de la norma debería cambiar su nombre al hacer referencia a la dictadura franquista". 

"¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para obligar a este ayuntamiento a modificar su nombre y cumplir así con la ley?", preguntó Mulet en una iniciativa remitida al Ejecutivo a principios de noviembre pasado, poco después de la entrada en vigor de la nueva ley de memoria. 

En distintas respuestas a la que ha tenido acceso Público, el Gobierno destaca en cada una de ellas que el artículo 35.2 de la Ley de Memoria Democrática "establece que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura".

En esa categoría entran también "sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

Por tales motivos, el Gobierno avisa que "corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de lo dispuesto, mediante la adopción del oportuno acuerdo por el Pleno municipal conforme a la normativa de régimen local".

Rebeldes

A día de hoy existen siete pueblos –algunos con categoría de municipio, otros calificados como pedanía– en esa situación. Uno de los más elocuentes es Llanos del Caudillo, situado en Ciudad Real y con algo más de 700 vecinos empadronados. 

En respuesta a un requerimiento formulado desde el Senado por iniciativa de Mulet, el ayuntamiento informó oficialmente en octubre de 2020 que no tenía ninguna intención de cambiar su nombre. La corporación, en manos del PP, se  aferró entonces a una resolución del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, que en 2018 rechazó una petición formulada por el abogado memorialista Eduardo Ranz para que el municipio modificara su denominación oficial.

También en 2020 y también en respuesta a una iniciativa de Compromís, Alberche del Caudillo –una localidad catalogada como "entidad de ámbito territorial inferior al municipio" perteneciente al municipio de Calera y Chozas, en la provincia de Toledo– notificó que no daría ningún paso para cambiar de nombre y remarcó que no había ninguna petición judicial al respecto. La administración de este pueblo depende igualmente del PP. 

Mientras tanto, en Villafranco del Guadiana vuelven a estar con las espadas en alto. Esta pequeña localidad de Extremadura vio su nombre reflejado en periódicos y telediarios en 2016, cuando algunos vecinos se movilizaron con carteles en defensa del nombre franquista del municipio.

La Diputación de Badajoz llegó a retirar una subvención a este pueblo por negarse a modificar su nombre. El caso fue llevado por la corporación a los juzgados, donde ganó la demanda y obtuvo así 100.000 euros de dinero público.

En octubre pasado –al calor de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática– su alcalde, el popular Daniel Sánchez, avanzó a Canal Extremadura que no tenía ninguna intención de cambiar el nombre y aseguró que la mayoría de sus vecinos comparte su decisión. ¿Qué ocurrirá entonces?

Multas coercitivas

Según establece la nueva ley de memoria, si las actuaciones no se realizan de forma voluntaria "la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos", lo que incluye las denominaciones de pueblos que homenajean a la dictadura.

La normativa señala que "se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de quince días hábiles", mientras que "el procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de su incoación". Seguido, las administraciones tendrán un plazo no superior a tres meses para acatar dicha resolución.

"Para la ejecución de lo ordenado, la administración competente podrá imponer multas coercitivas, hasta diez sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 a 1.000 euros, según la entidad del elemento a retirar", agrega el texto de la ley.