El Gobierno de España ha reaccionado, aún sin medidas concretas y tangibles, después de que las chabolas de Lepe (Huelva), en las que habitan jornaleros de la fresa, quedaran inundadas estos días por las lluvias que todavía no han cesado. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, manifestó en su cuenta de Twitter un compromiso para resolver una situación, la falta de viviendas dignas, que es ya estructural: "hemos iniciado los trabajos para la puesta marcha de una solución definitiva a esta situación, en coordinación con las administraciones implicadas", manifestó Santiago. 

El escepticismo en la zona es máximo, después de años en que la situación se repite. Las ONG que trabajan en la zona exigen que se ponga ya punto y final a la situación: "No podemos entender que, después de más de veinte años de campañas agrícolas exitosas donde empresarios y administraciones se congratulan mutuamente de la expansión de un negocio redondo, se olviden por completo de las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno. Esta actitud solo se puede entender desde la lógica del capitalismo más depredador y deshumanizado y desde el racismo institucional, impropio de un estado social y de derecho".

El Ayuntamiento de Lepe aprobó en marzo del año 2021 un plan para erradicar el chabolismo con varias patas, pero aún no se ha implementado. Por un lado, se prevé la apertura en uno de los polígonos de un centro de alojamiento temporal –de un albergue– para 500 personas, ampliable a 700. Y por otro, lograr la integración en un consorcio de los demás municipios freseros, de la Junta de Andalucía, del Gobierno y de la Diputación para levantar una red de alojamientos que puedan utilizar los trabajadores.

El 10 de marzo, había en Lepe catorce asentamientos y 322 chabolas, en las que viven unas 930 personas.