La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada este viernes sobre la reforma laboral recogió avances significativos en distintos asuntos, como el contrato de formación o la regulación de los ERTE, aunque fuentes sindicales apuntaron que las negociaciones no avanzan con la necesaria celeridad, para poder llegar a un acuerdo antes de fin de año, como exige la UE.

Según fuentes sindicales hay una nueva propuesta del Gobierno sobre el nuevo contrato formativo y, sobre todo, hay una nueva redacción de la aplicación de los ERTE, más de acuerdo a la propuesta inicial que hizo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En cuanto al contrato de formación, el gobierno ha modificado el texto recogiendo que el nuevo contrato formativo se podrá realizar con personas sin cualificación profesional, se aclara que estos son lo verdaderos destinatarios, como ocurría con el contrato en aprendizaje, pero también con quien posea titulación tanto FP como Universitaria.

En la nueva redacción también se añade que la formación pueda hacerse con programas públicos o privados siempre que forme parte del catálogo de especialidades formativas del SEPE y, además, se introduce el límite de edad en 30 años, con algunas excepciones.

Otra novedad de esta nueva propuesta es que se podrán realizar contratos de formación en alternancia con varias empresas en base al mismo ciclo siempre que dichos contratos respondan a varias actividades vinculadas al ciclo o al plan formativo sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder del límite máximo. Y, en cuanto al contrato para realización de prácticas se hará dentro de los tres años siguientes a la finalización de los estudios. 

En cuanto a los ERTE, el Gobierno también ha hecho modificaciones tras las propuestas que indignaron a sindicatos y patronales (el denominado mecanismo RED, que conserva su nombre en el acuerdo), una propuesta calificada como "compleja" y "farragosa" por los agentes sociales y que ahora el Ejecutivo ha simplificado para poder cerrar un acuerdo en esta materia.

Dos tipos de ERTE, activados en Consejo de Ministros

Uno de los principales elementos de la discordia que se ha suprimido es la obligatoriedad por parte de las empresas de depositar un 50% del coste que supone que un trabajador se acoja a un ERTE de reestructuración (reubicación entre empresas) en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pese a que, en teoría, no se trata de un despido, sino de una reubicación.

En este sentido, la propuesta del Gobierno establece dos tipos de ERTE (basados en la reducción de jornada laboral y, si no es posible, en la suspensión de contratos con un régimen especial de cotización a la Seguridad Social para las empresas, y medidas de protección y formación a los trabajadores): cíclico y sectorial.

El primer mecanismo se aplicaría en contextos de crisis económicas generales, cuando la coyuntura macroeconómica aconseje la necesidad de adoptar medidas para proteger el empleo (la duración máxima es de un año, con la posibilidad de ampliar dos prórrogas de seis meses cada una, previa evaluación de la situación); el segundo mecanismo se desplegaría cuando haya una crisis de un sector concreto, bien por su situación económica o bien porque hay un proceso que obliga a reubicar, formar o recualificar a los trabajadores especializados de un sector (la duración máxima en este caso es de un año).

Ambos mecanismos se activarían previo acuerdo del Consejo de Ministros. En este sentido, el Gobierno debe evaluar si concurren los elementos y las condiciones económicas necesarias para desplegar los ERTE cíclicos o los sectoriales (en ningún caso, recoge el acuerdo, la declaración por parte del Ejecutivo de una situación de crisis en un sector concreto o en la coyuntura económica general puede dar lugar a despidos sin cortapisas en las empresas).

Una vez activado el mecanismo a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, las empresas que se quieran acoger al mismo deben solicitarlo a la autoridad laboral (en el caso del ERTE sectorial, la solicitud debe adjuntar un plan de recolocación de los trabajadores afectados). En ambas modalidades la formación tendrá carácter obligatorio.

La Inspección de Trabajo  colaborará para el control de la aplicación del mecanismo. Además, se constituirá un fondo para atender las necesidades de financiación.  La propuesta también incluye una petición de UGT de modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social por el que se endurecen los incumplimientos en contratación colectiva: las multas oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros por cada trabajador en situación de fraude.