MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abierto la puerta a sancionar a los medios de comunicación que publiquen informaciones sobre investigaciones judiciales en curso. Catalá se ha mostrado partidario de "someter a debate y reflexión" esta posibilidad con el fin, ha defendido, de proteger la "confidencialidad" y la presunción de inocencia.  

Catalá rápidamente ha precisado que la propuesta no está en la agenda política del Gobierno ni en ninguna de las reformas legislativas en marcha. "Podríamos someter a debate y a reflexión dónde hay que poner los controles: si en la transmisión de información o en el medio que la publica", ha declarado a los medios tras mencionarlo a preguntas de los asistentes a un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

El ministro ha considerado que es necesario "sancionar con firmeza" a los que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y ha defendido que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información". "No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia", ha añadido Rafael Catalá.

Para el titular de Justicia, la falta de confidencialidad de los procesos en instrucción penal supone una "falta de respeto a la presunción de inocencia", un asunto que, en su opinión, difícilmente se podrá arreglar "con leyes". Durante la conferencia, el ministro también ha lamentado que se haya estigmatizado la figura del imputado, al que cree que se ha convertido en un precondenado: "Hemos mandado al garete la presunción de inocencia".

La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, ha mostrado un "absoluto rechazo" a la propuesta de Catalá. "No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?", ha indicado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

A su entender, tanto el periodista como el medio de comunicación "sabe de su responsabilidad y debe de ser consciente de ello", al tiempo que ha reiterado que ese es el motivo por el que se publica "aquello que se considera de interés público para todos los ciudadanos".

La presidenta de la FAPE ha ensalzado la labor de los periodistas de investigación, cuestionando "cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano" si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación y los informadores. "Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces...pero precisamente al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido", ha añadido.

Además, ha señalado la dificultad para imponer este tipo de sanciones judiciales. "Si son los medios los responsables, un medio que este localizado en España puede ser castigado, pero el medio que esté localizado en otros sitios como las Islas Bermudas o cualquier medio online es muy complicado", ha indicado. Por último, ha incidido en que la FAPE cuenta con una comisión de arbitraje y quejas que contó con el apoyo del anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recogido en una misiva.