Familiares de nueve ancianos fallecidos durante la primera ola de la pandemia en residencias madrileñas han declarado este lunes ante la jueza Belén Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, en el marco de la querella impulsada por el colectivo Marea de Residencias por la "negligente gestión" en seis residencias madrileñas, al no derivarse a los enfermos a los hospitales. Las declaraciones de los otros diez querellantes se producirá esta martes.

Entre las personas querelladas, figuran la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de los geriátricos. Todos ellos están acusados de los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante. Los geriátricos acusados en la querella son los de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

Un nutrido grupo de miembros de Mareas de Residencias y de familiares de ancianos afectados por la gestión regional de la pandemia han apoyado a los familiares que debían declarar este lunes, en los juzgados de Plaza de Castilla. Entre ellos, ha estado Concha Quirós, que declarará este martes, como querellante por la muerte de su madre, el 20 de abril, después de un "angustioso proceso" en la residencia pública de Manoteras. Según explica Concha a Público, el comportamiento del personal de la residencia, bajo las órdenes del director, fue "deplorable". "Ya funcionaba mal la residencia, con un absoluto desprecio por los residentes, a los que ni siquiera sacaban a tomar el sol en los magníficos jardines que tienen, pero a partir del estado de alarma, en marzo, fue inaudito. En un momento dado, me informan de que van a bajar a mi madre a la planta menos uno, les pregunto por qué y me dicen que porque mi madre se está muriendo y que al sótano llevaban a los que "se iban a extinguir", como si fueran dinosaurios", clama Concha Quirós.

Según esta mujer, desde la residencia le dijeron que "por orden de la dirección no salía ningún enfermo de la residencia hacia el hospital". Tras insistir mucho, Concha consiguió que el 14 de abril de 2020 trasladaran a su madre al hospital Ramón y Cajal, donde "llegó sin informe previo sobre su estado ni sobre la medicación que tomaba". Tras cinco días falleció Pepita, la madre de Concha, "con los pulmones destrozados ya por la neumonía; cuando llegó al hospital ya nada se podía hacer por su vida", lamenta Concha. Esta mujer tiene "esperanza" en que la jueza tome cartas en el asunto. "No puede ser que a estas alturas los ancianos mueran de esta manera, es inadmisible".

En la querella se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos [en el momento de redactarse la querella] no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

Marea de Residencias ha anunciado este lunes que ampliará el número de querellas contra residencias y también por responsabilidad políticas "a unas 200 querellas más". "En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la querella. "En los próximos días habrá más querellas en otros partidos judiciales. Hay pendientes otras 200, con las que habrá un total de 400 querellas. Lleva mucho trabajo y hay que prepararlas", ha adelantado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.

Carmen López, que también es presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (ADEMAF), ha subrayado que esperan "Justicia" y exigen que se "investiguen responsabilidades a nivel de residencias y de la Administración". Carmen López también perdió a su madre en una residencia de Leganés, una muerte que ahora se investiga, después de que el juzgado de instrucción número cinco de la localidad inadmitiera la querella y fuera posteriormente ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid a reabrir el caso e investigar.