La investigación judicial por las muertes producidas en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid arranca, por fin, este final de año, después de un complicado recorrido desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid hasta los juzgados de instrucción. Desde que comenzó la pandemia, 7.690 personas murieron en las residencias, de las que 1.203 dieron positivo en covid-19, según datos aportados por el ejecutivo regional. Sin embargo, los cientos de casos denunciados no habían encontrado, hasta ahora,  cobijo en los juzgados; una situación que puede cambiar, según los abogados consultados por Público, a la vista de la actuación de un puñado de juzgados madrileños que ya han ordenado diligencias de investigación.

Arranca la investigación con noventa casos de personas fallecidas en una veintena de residencias, tanto públicas como concertadas de la Comunidad de Madrid, según ha podido saber Público de fuentes judiciales. Y con la imputación por homicidio imprudente de la directora de una residencia pública madrileña. Esta mujer tiene que comparecer en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid el próximo 26 de febrero. La Fiscalía, que había archivado en torno a cien denuncias por no encontrar indicios de delito, ha anunciado que abre una investigación contra la directora de una residencia de mayores privada.

La asociación El Defensor del Paciente ha recibido desde marzo pasado 600 denuncias de familiares de personas mayores fallecidas en residencias por coronavirus u otras patologías que no fueron trasladadas a hospitales. "Ha sido, y sigue siendo, una tragedia. En 23 años que tiene nuestra asociación jamás hemos conocido algo parecido", dice Carmen Flores, la presidenta de la entidad. El Defensor del Paciente presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Catalunya y la Junta de Castilla y León por "no derivar a pacientes de las residencias a centros hospitalarios en plena oleada de la pandemia". Tras la reciente resolución del Supremo de hacer llegar a los juzgados de instrucción esta y otras querellas similares, Carmen Flores espera saber en qué juzgado madrileño ha recaído la investigación de su querella. "Confío en que se investigue hasta las últimas consecuencias", dice.

Por su parte, la Marea de Residencias, creada hace dos años para impulsar una Ley de Residencias en Madrid, ha llevado a los juzgados los casos de un centenar de ancianos fallecidos en estos centros. Y es en estos momentos cuando se empieza a ver la luz sobre la investigación judicial, como dice el abogado Carlos Vila, colaborador de esta plataforma. El juzgado de instrucción número cinco de Leganés investiga trece muertes en cuatro residencias de la localidad. "En estas querellas, está denunciado el gobierno regional, empezando por la presidenta, Díaz Ayuso, y siguiendo por los consejeros de Sanidad e Interior", explica Vila a Público.

Igual que la asociación El Defensor del Paciente, la Marea de Residencias también presentó una querella en el Tribunal Supremo por la gestión sanitaria del gobierno regional en las residencias de ancianos. En concreto, denunció a catorce centros por la muerte de 64 personas. "Ahora, tras la decisión del Supremo de que esos casos se instruyan en los juzgados ordinarios, se están empezando a repartir por los juzgados de Madrid. El juzgado de instrucción 39 investiga una residencia, con tres muertes. Otros juzgados ya han recibido la documentación del resto de fallecidos, aunque aún no han practicado diligencias", explica el abogado Vila.

El despacho de Carlos Sardinero, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, ha seguido también la vía administrativa para intentar que la Justicia aclare las muertes en residencias. "Hemos interpuesto algo más de cien acciones por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad y también frente a la Comunidad de Madrid. Esas acciones acabarán en el Supremo, pero en los casos en los que además se haya acudido a la vía penal, quedarán suspensos mientras se tramita por el juzgado. Es una manera de garantizar la acción de la Justicia", explica Sardinero.

Vía administrativa y vía penal

Es el caso de los familiares de un hombre de 85 años fallecido en marzo pasado en la residencia Monte Hermoso de Madrid, que ha recurrido a la doble vía administrativa y judicial.El juzgado de instrucción 51 de la capital ha abierto diligencias contra ese centro por presunto homicidio imprudente y denegación de auxilio por doce fallecimientos.  "A nosotros nos llamaron un día de la residencia y nos dijeron que fuéramos a recoger el cadáver de mi padre, que había muerto. Así de inhumano", cuenta el hijo del fallecido, que prefiere no darse a conocer. "Lo que queremos es que la directora de la residencia vaya a la cárcel y se depuren todas las responsabilidades, incluidas las políticas".