Ya está en marcha el grupo de expertos que asesora al Govern catalán en la elaboración del acuerdo de claridad, la propuesta de Pere Aragonès para resolver el conflicto político con el Estado. Se trata de un Consejo Académico formado por nueve expertos que de entrada elaborarán un informe respondiendo a cinco preguntas planteadas a iniciativa del president de la Generalitat y que deben servir para sentar las bases sobre cómo debería ser un nuevo referéndum u otros mecanismos para decidir el futuro político de Catalunya con el máximo de legitimidad.

Este miércoles han celebrado la primera reunión en el Palau de la Generalitat, donde han sido recibidos por el president del Govern, Pere Aragonès. Las conclusiones del grupo deben servir para "desbloquear la situación actual", ha afirmado en una comparecencia posterior.

Los nueve académicos, encabezados por el profesor de Teoría Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume, tendrán "total libertad" para realizar las aportaciones que consideren oportunas, y después estas tesis serán defendidas ante el Estado en el marco de las negociaciones para celebrar un nuevo referendo. El punto de partida del grupo de expertos será un primer informe construido en torno a cinco preguntas formuladas a iniciativa del propio Aragonès. Son las siguientes:

El coordinador del grupo, el politólogo Marc Sanjaume, ha afirmado al terminar la reunión que quieren trabajar con discreción y encarando las respuestas desde diversas perspectivas, ya que se trata de un grupo de expertos plural: "Nos proponemos contestar en un plazo breve y de forma rigurosa, desde el rigor académico que caracteriza nuestro trabajo en la universidad".

El objetivo del grupo es contribuir a establecer las "normas del juego" para decidir el futuro político de Catalunya. Las preguntas no hacen mención alguna a la autodeterminación o a la independencia, y preguntado por esta cuestión, Aragonès ha dicho que "la voluntad del Govern es que haya un referéndum", y, a partir de ahí, está abierto a escuchar diferentes opciones e iniciar un debate.

La propuesta del acuerdo de claridad se inspira en el ejemplo de Canadá, donde la Ley de claridad fue aprobada en 2000 por el Gobierno federal canadiense, sin acuerdo con los independentistas de Quebec. Fue una reacción a los referendos soberanistas de este territorio de 1980 y 1995 y tenía el objetivo de fijar unas bases para aceptar su secesión. El pasado septiembre, Aragonès recuperó una idea que ya había sobrevolado la política catalana en los últimos años, aunque sin demasiado éxito. PSC y Comuns lo habían defendido, aunque ahora los socialistas se han desmarcado.

Nueve expertos con diferentes propuestas y visiones

El grupo, coordinado por Sanjaume, está formado por nueve expertos con visiones y posicionamientos políticos distintos. Forman parte la profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Mar Aguilera, la catedrática de Ciencia Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Eva Anduiza, el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona (UdG) Marco Aparicio, y el profesor de Estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pau Bossacoma.

También lo integran la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Edimburgo Elisenda Casañas, la investigadora del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) Lesley-Ann Daniels, el profesor de Filosofía del Derecho y Política de la UPF Josep Lluís Martí y la profesora de Ciencia Política en la Universidad de Valencia (UV) Astrid Barrio.

Esta última incorporación levantó críticas del entorno independentista por la posición contraria de Barrio al Procés. "Para que todo el mundo acepte el resultado es fundamental que ambas partes pacten un mecanismo de decisión: los del sí y los del no", ha señalado Aragonès.

Sin ceñirse a marcos legales concretos

Sanjaume ha expresado que responderán a las cinco preguntas teniendo en cuenta "todas las potenciales fuentes de legitimidad y legalidad", sin ceñirse a marcos normativos concretos, por ejemplo, del Estado español. El objetivo es "abrir vías" que sean transitables, que tengan en cuenta los intereses de todas las partes y que puedan definirse desde el punto de vista de las instituciones.

"Escucharé todas las opiniones, especialmente las de los independentistas, y espero que ellos también lo hagan". Así ha respondido el presidente a las críticas de Junts, que ha impugnado la propuesta de acuerdo de claridad desde el principio. Tampoco el PSC la ve con buenos ojos, pero Aragonès ha insistido en que convocarán una mesa de partidos para exponer los resultados de los informes de los expertos, tal y como los socialistas llevan años reclamando. Será entonces cuando comience el debate político. "Si alguien tiene una propuesta mejor para resolver el conflicto, que la ponga sobre la mesa", ha concluido.