MADRID.- El despacho de abogados que dirige el exjuez Baltasar Garzón ha presentado una reclamación ante el Consejo de Ministros para que se indemnice a los afectados por la anulación y confiscación de las pesetas republicanas durante la Guerra Civil, por un importe que, actualizado a día de hoy, el propio despacho calcula en, al menos, 50 millones de euros.

Los demandantes son la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), y reclaman que se solucione su contencioso, porque la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno socialista les dejó fuera. La suma de los recibos reclamados por los billetes de los que eran titulares asciende a 587.132,50 pesetas de la época y los afectados lo solicitan "actualizado en euros con los intereses correspondientes".

Según ha explicado el despacho ILOCAD en un comunicado, el Consejo de Ministros debería ahora encargar un informe sobre el asunto y, tras analizarlo, dictar un acuerdo estimando o desestimando la reclamación. El bufete de Garzón colabora en este asunto con el despacho Amparo Legal.

El 12 de noviembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional hizo que el Banco de España declarase sin validez los billetes de pesetas hasta entonces de curso legal

El caso se remonta a los primeros meses de la Guerra Civil, ya que el 12 de noviembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional creada por los nacionales en Burgos aprobó un decreto-ley que hizo que el Banco de España declarase sin validez los billetes de pesetas hasta entonces de curso legal que se hubieran puesto en circulación con posterioridad al día 18 de julio de ese año, fecha del denominado Alzamiento Nacional. Sin embargo, esos billetes seguían siendo válidos en la zona republicana y en el extranjero.

Así, a partir de aquel momento coexistieron dos pesetas diferentes, según la zona de España y de quién gobernara en la misma. Para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos por los nacionales, tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.

El despacho subraya que se trataba de un arma más de guerra para romper el sistema de pagos de la República y forzar los precios y afectó "de lleno a la población civil", porque en función de su lugar de residencia podían no tener medios legítimos de pago y porque ponía "en "grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares de lo que se llamaba papel moneda puesto en circulación por el enemigo".

El dinero republicano incautado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió a 35 millones de pesetas,

La demanda destaca que esos billetes se confiscaron "de forma coactiva, pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando", pero no se destruyeron, y además, su valor fue reconocido por la Administración y con él se constituyó un fondo denominado Papel Moneda.

3.000 millones de euros

Según el despacho, el dinero republicano incautado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió a 35 millones de pesetas, según consta en el informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, cifra que equivaldría a más de 3.000 millones de euros de hoy en día (considerando que el valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros).

Los demandantes se remiten además a otras leyes, dictadas 50 años más tarde, en las que se "se han reconocido derechos de otros perjudicados por hechos similares que se produjeron también durante la Guerra Civil". Sin embargo, esas leyes nunca han abierto una vía para que los particulares perjudicados por incautaciones pudieran recuperar su dinero.

El escrito, presentado el 26 de enero, es una reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, basada en el artículo 106.2 de la Constitución en los artículos 139 a 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.