Durante el debate monográfico en el Congreso sobre las pensiones del pasado miércoles el discurso de Ciudadanos fue claro: para garantizar unas pensiones dignas, se necesita un empleo digno. Y, para Albert Rivera, esto pasa por aprobar medidas como la reforma laboral de la formación naranja con propuestas como el contrato único o la mochila austriaca. 

En esta línea, durante el pleno rechazaron medidas "cortoplacistas" como revalorizar las pensiones respecto al IPC a pesar de que su portavoz, Juan Carlos Girauta, ya cuestionó el día antes la sostenibilidad de "un país donde la media de las pensiones está en 1.070 euros y la media de los salarios en 1.170 euros". Ante esta incertidumbre que tiene en vilo a todo el país, Girauta como Rivera apuntó: "Si partimos del axioma de que España es un país que quiere mantener el sistema de pensiones, es inexorable una reforma laboral que termine con la precariedad, bajar el IRPF como nosotros planteamos, y un marco en el cual se favorezca la natalidad, que es un factor enormemente preocupante". 

Pero, ¿las propuestas de la formación naranja garantizarían un empleo y unas pensiones dignas? El centro del proyecto responde a una necesidad muy clara: la lucha contra la precariedad laboral. De hecho, aunque realmente se trata de una reforma laboral no la han presentado como tal, y Ciudadanos le ha puesto el nombre de 'Ley contra la precariedad laboral'. 

Contrato único y despido por 'amortización de trabajo'

La propuesta de Ciudadanos para conseguir un empleo digno llegó al Congreso el pasado 27 de febrero y formula el 'contrato único'. "Todos los trabajadores son fijos desde el primer día y tienen los mismos derechos", dicta el proyecto. 

Sara de la Rica, catedrática en Economía por la Universidad del País Vasco y que ha centrado parte de su trabajo en el Mercado de Trabajo, explica a Público que la propuesta indica que "la norma es el contrato indefinido, que puede ser continuo o discontinuo y a jornada completa o parcial" y establece "la posibilidad de contratos temporales para casos específicos, que son los de sustitución y los formativos". Con esto, De la Rica afirma que "todos los tipos de contrato que en la actualidad se firman pueden entrar dentro de estas tres tipologías", aunque podrían ser discutibles algunos tipos como "aquellos que cubren los picos de trabajo y que actualmente se cubren con 'extras'. Y estos son más de 1/3 del total de contratos que se firman al mes en España".

Por otra parte, José Antonio Pasadas, secretario de Políticas Sectoriales de UGT en Catalunya y experto en Relaciones Laborales, alega que los contratos realizados con anterioridad a la entrada en la reforma de la ley se regirían por la normativa anterior. "La media de duración de los contratos temporales y la rotación de los mismos es tan alta, que la cuantía indemnizatoria en este tipo de contratos no va a desincentivar su uso. Que más da que sea 'único' si se extingue con rapidez, a la práctica es como si fuera temporal. Creemos que lo que se debería es atacar la contratación temporal en fraude de ley para evitar la altísima rotación de contratos temporales que realmente deberían ser indefinidos", señala. 

Junto con el 'contrato único'  hay otro cambio: el despido por amortización de trabajo. Con él, las empresas podrán despedir a los trabajadores por este motivo abriendo un gran abanico de posibilidades a las empresas para que éstos se consideren procedentes. Esto, influye en la indemnización. En la actualidad, aquellos que tienen un contrato fijo cuentan con 20 días de indemnización por despido procedente y 33 por el improcedente. Los temporales, de los 12 a los 33 días. Con la nueva propuesta de unificación de contratos la única modalidad con despido es de 20 días. "Si ahora una persona trabajadora tiene un contrato temporal en fraude de ley y lo despiden, tendrá una indemnización de 33 días por la improcedencia del despido. Con esta reforma, la mayoría de contratos 'indefinidos' (antes temporales) tendrán 20 días de indemnización por despido, y no podrá denunciar el fraude en la contratación porque no existe el temporal. Y cómo se amplían las posibilidades del despido objetivo, se facilita que se despida a 20 días en lugar de 33 porque los despidos estarán 'legalizados'", explica Pasadas.

La 'mochila de derechos' 

La propuesta presentada en el Congreso propone también una "mochila de derechos", inspirada en el modelo de 'mochila austriaca'. Se trata de una "cuenta personal en la Seguridad Social donde el trabajador acumula aportaciones de la empresa que se pueden mantener hasta la jubilación. Aquí derechos laborales como la antigüedad son portables aunque se cambie de trabajo. 

"Sin embargo, existen preguntas que habría que formular como cuál sería exactamente el porcentaje del salario que iría a esa mochila, así como si debiera salir estrictamente de las cotizaciones del empresario a la Seguridad Social", aclara De la Rico. De la misma forma, Pasadas señala que la propuesta "la deja a su desarrollo legislativo y no termina de definirla".

Y tampoco parece una posibilidad de mejora para el sistema de pensiones: "El dinero de esa cuenta, el empresario lo puede descontar de la indemnización por despido, con lo cual, si la persona trabajadora no puede aportar nada, cuando cambie de empresa esa cuenta quedará a cero y por tanto no se tendrá nada cuando llegue a la jubilación. Incluso no queda claro en el redactado si de la parte de la indemnización pueden descontar la parte que aporta la propia persona trabajadora, o lo que es lo mismo, que el propio trabajador o trabajadora ahorre para pagarse su propia indemnización por despido".

Otra medida que afectaría directamente a la Seguridad Social es el sistema de bonus-malus que premia a quienes despidan menos "con un sistema de incentivos y bonificaciones ajustado a las necesidades de cada sector". Las empresas de un mismo sector tendrán cotizaciones más bajas en función de la cantidad de despidos y de la estabilidad de sus plantillas. "Hace tiempo que la caja de la Seguridad Social se va vaciando. Pero se sigue pagando subvenciones y bonificaciones a los empresarios. Contratos que está demostrado que igualmente se harían. Detrás del eufemismo "bonus para la estabilidad de los empresarios", hay una ayuda encubierta", denuncia Pasadas.

¿Cómo podría esto garantizar el sistema de pensiones?

Si la solución de Ciudadanos para garantizar las pensiones dignas es el empleo digno, éste debería asegurarse. Sara de la Rico defiende que son medidas que pueden combatir "la desigualdad de oportunidades que sufren hoy quienes tienen contratos temporales". Pero aquí resalta la diferencia entre que los contratos sean indefinidos o sean fijos, puesto que las facilidades para el despido de los contratos temporales hace que los contratos indefinidos "en efecto sean fijos". Pero lo cierto es que el despido se abarata y el empleo está "menos protegido". 

Respecto a las consecuencias de las reformas  Pasadas añade que tampoco estas medidas favorecen que se reduzca la precariedad y se mejore el empleo. "El estado de la caja de la Seguridad Social es el que es porque no hay aportaciones suficientes debido a la rotación en los contratos y las cotizaciones bajas como consecuencia de los bajos salarios". Lacras no resuelta con el nuevo modelo.

Además, entre la batería de reformas que proponen para el nuevo modelo laboral, Rivera durante su discurso en el pleno también propuso fomentar la natalidad con la ampliación de los permisos de paternidad y una deducción fiscal para la educación infantil de 0 a 3 años. "Si no apostamos por las familias jóvenes este país no tiene futuro", dijo durante el debate. Sin embargo, el nuevo modelo laboral tampoco que crea un empleo con futuro. Estas medidas, como la reducción del IRPF dependerán, principalmente, de las negociaciones finales con el PP sobre los presupuestos.

Pero nada se garantiza sobre los salarios de los trabajadores, solo se deja abierta una mochila de derechos sin definir y un despido abaratado. Un modelo laboral en el que los trabajadores están (aún) menos protegidos que en el actual y que no puede garantizar un empleo digno porque no asegura un trabajo ni un salario proporcional al nivel de vida. Y aún menos, garantiza unas pensiones dignas.