La militancia del Frente Polisario tiene una cita clave para empezar el año. A partir del día 13, esta organización reúne a su XVI Congreso General para analizar el escenario actual de conflicto con Marruecos y, sobre todo, fijar las bases de cara a un periodo en el que, según advierten sus representantes, habrá un previsible incremento de la tensión con las fuerzas de ocupación marroquíes.

El congreso lleva el nombre de Mhammed Jadad, en homenaje al fallecido dirigente saharaui que se desempeñó como miembro del Secretariado Nacional Frente Polisario y coordinador de las relaciones con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

Más de 2.000 participantes entre delegados e invitados nacionales y extranjeros se reunirán en el campamento de refugiados saharauis de Dajla. Allí se debatirán asuntos estratégicos para el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental y se elegirá una nueva dirección política del Frente Polisario.

Fundado en 1973, el Polisario ejerce como la organización política y militar que dirige y gestiona la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por más de 80 países e integrante de la Unión Africana. La ONU –que considera a la RASD como territorio no autogobernado– reconoce el derecho del pueblo saharaui a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación.

En noviembre de 2020, el secretario general del Frente Polisario y presidente de la RASD, Brahim Gali, anunció que consideraba roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y responsabilizó a ese país de las consecuencias del ataque el en el paso fronterizo de Guerguerat, donde las fuerzas militares bajo órdenes de Rabat dispararon contra manifestantes civiles. 

Desde entonces, el Frente Polisario mantiene activa la resistencia armada contra Marruecos. "En el congreso vamos a analizar la situación vivida desde la ruptura del alto al fuego y lo que han supuesto estos dos años", explica a Público Abdulah Arabi, delegado del Polisario en España.

Según avanzó, en ese encuentro se planteará "una estrategia y una acción que seguramente irá en la dirección de la escalada militar". "Hasta que la ONU no intervenga, ejerza su papel e invoque a las dos partes a unas negociaciones para buscar una solución pacífica, a nosotros, como Frente Polisario, no nos queda otra opción que buscar esa escalada militar en nombre del pueblo saharaui", subrayó.

La decisión de elevar la tensión implicará "el uso de todo lo que está a disposición del ejército saharaui para expulsar al ejército de ocupación marroquí del territorio", agregó Arabi, quien remarcó que una escalada bélica significa "un  aumento de la inestabilidad no solo para el Sahara y Marruecos, sino para toda la región del norte de África".

Venta de armas

Del mismo modo, el representante del Frente Polisario exigió que España y la Unión Europea suspendan la venta de armas al Estado marroquí, señalado por graves violaciones a los derechos humanos contra militantes saharauis. 

Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio remitidos al Congreso hace pocas semanas, en el primer semestre de 2022 –últimos datos disponibles– el Gobierno concedió cuatro licencias de exportación de armamento a Marruecos por un valor total de 30 millones de euros. Además, se autorizó la venta de material antidisturbios a ese país por otros 78.500 euros.  

"Ante una situación de guerra, los países europeos, y muy particularmente España –que sigue siendo la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental– tienen que tratar no solo de no vender armamento a una de las partes en conflicto, sino de condicionar las relaciones bilaterales al respeto del derecho internacional y de los derechos humanos", afirmó Arabi. 

'Marocgate'

El congreso del Frente Polisario tendrá lugar además pocas semanas después de que saltara el Marocgate, un escándalo que implica a europarlamentarios que actuaron siguiendo las directrices de Marruecos a cambio de sobornos.

Según publicó a mediados de diciembre el rotativo alemán Der Spiegel, el exeurodiputado Antonio Panzeri, socialdemócrata italiano y uno de los cuatro imputados en la causa judicial, habría recibido sobornos tanto del régimen de Catar como de las autoridades marroquíes para blanquear la imagen de sendos países, que presuntamente buscaban influir en la toma de decisiones políticas de la UE.

De acuerdo a la información publicada por ese medio, Panzeri –que paradójicamente lidera una ONG contra la impunidad– habría recibido los regalos del embajador marroquí en un país del Este.