El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, ha soportado desde hace más de un año y medio los intentos por parte de Marruecos de criminalizarle como responsable de presuntas prácticas contra los derechos humanos. Sin embargo, las dos querellas que la Audiencia Nacional ha investigado por presuntos delitos de genocidio y  torturas han sido tumbadas por falta de indicios racionales de criminalidad. 

Este lunes el juez Santiago Pedraz cerró sin procesamiento el sumario por la querella interpuesta por el bloguero y activista de origen saharaui Fadel Breica contra Ghali y el Frente Polisario por presuntas torturas durante su estancia en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), en 2019. 

Pedraz ha destacado que "las testificales practicadas se basan en meras referencias no constatadas, concretándose en apreciaciones subjetivas y no coincidentes en casos con las fechas y momentos que se señalan en los hechos; sin que en todo caso se siga que Brahim Ghali ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara". El sumario, ya cerrado sin procesamiento, llegará ahora a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que decida si sobresee la causa u ordena su continuación. 

Esta querella fue una de las dos que se reactivaron tras la llegada del líder del Frente Polisario a España, en abril de 2021, para ser tratado de covid, un asunto que aún sigue abierto en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, que acaba de decretar la prórroga de la instrucción, abierta desde junio de 2021. 

La Audiencia Nacional, en el centro de la crisis diplomática

La crisis diplomática y migratoria entre España y Marruecos desatada a instancias marroquíes en represalia por la presencia de Brahim Ghali en el Hospital San Pedro de Logroño, desempolvó viejas querellas, guardadas en un cajón. Así ocurrió, en mayo de 2021, con la reapertura de las diligencias previas 1/2008-A que el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional inició en 2012, al admitir a trámite la querella de la Asociación Saharaoui para la Defensa de los Derechos Humanos, ASADEDH, presentada en diciembre de 2007. Dicha querella se dirigía contra Brahim Ghali y otros 27 altos cargos y antiguos responsables del Frente Polisario, un movimiento creado en 1973 contrario a la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos y que persigue la autodeterminación del pueblo saharaui. 

Ramdan Messaoud, saharaui de El Aaiún, de 59 años, preside la Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), la entidad que interpuso la querella por genocidio contra antiguos dirigentes del Frente Polisario. Una investigación de Público situó a Messaoud entre los consejeros para el Sáhara, nombrado por el rey Mohamed VI, cuando se presentó en España la querella por presunto genocidio, en 2007. Messaoud pidió a la Audiencia Nacional reactivar la investigación al constatar la presencia de Ghali en territorio español. 

Esta querella, interpuesta en nombre de media docena de personas de origen saharaui, además de ASADEDH, que denunciaban prácticas contrarias a los derechos humanos por parte de los dirigentes del Polisario entre 1975 y 1990, fue archivada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero de 2022, al no ver indicios suficientes para seguir adelante con el procedimiento, compartiendo con el instructor Pedraz que, en todo caso, los hechos denunciados habrían prescrito. 

Consejero de Mohamed VI para el Sáhara

La relación del líder de ASADEDH y el régimen de Marruecos es patente. Messaoud fue nombrado por el rey de Marruecos miembro del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS) el 25 de marzo de 2006, un año y medio antes de que ASADEDH promoviera la querella contra el Frente Polisario. Oficialmente este Consejo Real tiene como funciones asesorar a Mohamed VI sobre todo lo relativo al Sáhara Occidental. Entre sus miembros, hay exguerrilleros del Frente Polisario, como el propio Messaoud. Pero en la práctica, según fuentes conocedoras de la realidad marroquí, este órgano ejerce el control sobre la disidencia saharaui. 

La segunda querella que investigó la Audiencia Nacional es la presentada por el bloguero y presunto disidente saharaui Fadel Breica, sobre la que el juez Pedraz acaba de cerrar la instrucción negando la posibilidad de procesar a Ghali. Dos informes del CNI, fechados los días 18 de mayo y 24 de junio de 2021, a los que ha tenido acceso Público, señalan que Breica estaría directamente relacionado con la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí. 

Sombras de la inteligencia marroquí en la querella

Esos documentos, que fueron requeridos por la defensa de Brahim Ghali al juez Pedraz para su incorporación a la causa, "acreditarían, entre otros extremos, los motivos espurios y la finalidad fraudulenta que impregnan el presente procedimiento", según manifestó Manuel Ollé, el letrado del líder del Frente Polisario. 

Breica denunciaba torturas y detención ilegal durante su estancia en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), en 2019. Sin embargo, "no queda constatado que Ghali "ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante (torturas) al no existir testimonio directo u otra diligencia que lo confirmara", según indica el magistrado Pedraz en su auto de cierre de sumario, al que ha tenido acceso este diario.

El juez Lasala, detrás del pasaporte de Ghali

Brahim Ghali llegó a España el 18 de abril de 2021 muy grave, aquejado por la covid. Fue ingresado en el Hospital de Logroño, donde permaneció hasta el 2 de junio. Ya recuperado abandonó el país rumbo a Argelia. Su presencia en España provocó una grave crisis migratoria por parte de Marruecos, que en represalia por el gesto español envió a cerca de 10.000 marroquíes, muchos de ellos menores, a Ceuta. 

En junio de 2021, la denuncia del abogado malagueño Antonio Urdiales inició el procedimiento en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, a cargo de Rafael Lasala. Posteriormente se adhirió otra denuncia interpuesta por el exdiputado del PP Juan Vicente Pérez y por el empresario marroquí afincado en València Rachad Andaloussi Ouriaghli. Las acusaciones consideran que se cometieron los delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento por parte de altos cargos del Ministerio de Exteriores y de funcionarios de Fronteras en la llegada del líder del Polisario. 

El juez llegó a imputar a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, por prevaricación y encubrimiento por presuntamente haber ocultado que Ghali estaba reclamado por la Audiencia Nacional por dos querellas cuando se facilitó su llegada a España. Finalmente la Audiencia Provincial de Zaragoza levantó los cargos contra la exministra y su ex número dos, el diplomático Camilo Villarino, por carencia de indicios y al entender que la entrada de Ghali fue un "acto de gobierno" no sometido a control judicial.

El pasado mes de septiembre el juez Lasala solicitó el envío de una comisión rogatoria a Argelia para conocer si el pasaporte del que se sirvió Ghali para ingresar en el hospital español fue expedido legalmente.

Según un oficio de la Brigada Provincial de Información de Logroño de la Policía Nacional, el pasaporte que el líder del Frente Polisario aportó en el Hospital San Pedro de Logroño fue expedido el mismo día de su llegada por las autoridades argelinas. En el documento figura el nombre de Mohamed Benbatouche. 

Misión humanitaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró respecto a la atención recibida por el líder del Polisario que España "permitió la entrada de Ghali atendiendo a una petición humanitaria" "para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir". "Esta es la cuestión y España dio una respuesta humanitaria a una petición que se le hacía". 

Pero el 'caso Ghali' pasó de ser una misión humanitaria a un frente judicial para el Gobierno. Por el juzgado de Rafael Lasala desfilaron altos mandos del Ejército del Aire, antiguos responsables de los Gabinetes de la vicepresidencia primera del Gobierno, del Ministerio de Exteriores, de Interior,  de la Presidencia de La Rioja y del hospital de Logroño que atendió a Ghali.  También declararon como testigos el comisario general de Información de la Policía Nacional, Eugenio Pereiro Blanco y el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. 

Un empresario marroquí, entre los denunciantes

De momento, la instrucción de esta causa sobre la llegada a España de Brahim Ghali sigue en marcha. Lo que parece claro es que también en este procedimiento planea la sombra del régimen de Mohamed VI. Rachad Andaloussi Ouriaghli, uno de los querellantes, afincado en València y que se postula para la presidencia de la Cámara de Comercio de Marruecos, exhibe sus lazos con políticos del PP y con cargos del régimen marroquí. Así ocurrió el día de su boda, en Tánger, celebrada el 4 de septiembre de 2021, en la que acudieron el exministro del PSOE José Bono y Paula Sánchez de León, exvicepresidenta de la Generalitat valenciana con Francisco Camps. 

También acudió al enlace el diplomático Fernando Villalonga, que dimitió antes de tomar posesión del cargo de cónsul en Rabat, en noviembre de 2020, debido a unas declaraciones que efectuó en un canal de Youtube vinculado a Vox, arremetiendo contra el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y alabando a Donald Trump.

Junto a Andaloussi firma la querella Juan Vicente Pérez, que fue diputado del Grupo Parlamentario Popular hasta 2019.