Con cuarenta años recién cumplidos, la Constitución del 78 sigue copando los focos de debate. Las premisas de sus artículos parecen haberse distanciado de las realidades sociales y el paso del tiempo, junto a una larga lista de conflictos agravados, reabren un debate que versa entre la reforma de la carta magna o la apertura de un nuevo proceso constituyente. En esa línea reflexiva va el texto de Fraude o Esperanza: 40 años de la Constitución, coordinado por Rafael Escudero Alday y Sebastián Martín y escrito por diez especialistas en derecho constitucional.

El libro, que viene de la mano de la editorial Akal, analiza desde una perspectiva histórica y jurídica las brechas con las que el texto constitucional nació y cómo se fueron agrandando de manera paulatina hasta nuestros días, sea por la falta de voluntad política o por la escasa inconsistencia de la propia Constitución.

Para Escudero Alday, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, el cambio no puede llegar con pequeñas reformas constitucionales. "Es necesario que se abra un proceso constituyente", señala. "Lo es, fundamentalmente, porque las reformas que están encima de la mesa son centrales y tienen que ver con cuestiones de derechos sociales y de planeamiento territorial", apostilla. Dicho de otro modo, los elementos que se encuentran entredicho exigen cambios que sólo pueden ser impulsados a través del "procedimiento agravado del artículo 68", el cuál abriría de facto un proceso constituyente.

Pero no es sólo la importancia suma de los elementos más cuestionados de la Constitución del 78 lo que justificaría la creación de una nueva Carta Magna. De fondo hay también un problema generacional capaz de fundamentar los cambios pertinentes. "Buena parte de la ciudadanía no participó en la votación constituyente porque era menor de edad o porque no había nacido", explica el autor, que concluye advirtiendo de que "es necesario que nos volvamos a llamar como pueblo" para escribir un nuevo precepto legal capaz de resolver las problemáticas que arrastra el país. Se trata de "redactar una nueva Constitución capaz de integrar los elementos positivos de la actual. Esto no significa que se quiera borrar todo lo anterior", especifica a Público.

El centro analítico del libro coordinado por Escudero y por Martín deja en evidencia la "equidistancia" histórica de las actuales normas constitucionales, que vienen a ser, opina Escudero, "un pacto del olvido al pasado". De esta forma, nos topamos con un material legal que "no obliga a ejercer políticas de memoria" y que deja la problemática en manos de las decisiones arbitrarias de los diferentes gobiernos.

En ese sentido, las Comunidades Autónomas se presentan como una alternativa al desarrollo de medidas capaces de reconstruir la historia. "Nada se lo impide, pero el Estado puede posicionarse en contra y obligar al Tribunal Constitucional a que resuelva el conflicto". Por otro lado, existe una realidad que otorga cierto poder en materia de memoria a las regiones autonómicas y que pasa por incluir este tipo de políticas dentro de los estatutos de autonomía. No obstante, para ello se requieren mayorías reforzadas. Algo que parece difícil en un escenario político tan fragmentado como el actual.

Hacia una Constitución feminista

"Nuestra Constitución sólo menciona a las mujeres, o bien respecto al espacio y los roles de género, o bien en una posición que expresa la inferioridad femenina", escribe María Eugenia R. Palop, profesora de Filosofía del Derecho por la universidad Carlos III de Madrid. Una sentencia que se hace aún más evidente cuando se constata que entre los 36 miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas de junio de 1977 sólo había una mujer: Dolores Ibarruri.

Se evidencia también al comprobar cómo los nombres de las madres de la Constitución "fueron silenciados" y "borrados" del imaginario colectivo de la Transición, a diferencia del de los populares siete padres constituyentes. Por ello, en demanda de un progreso feminista, el texto de R. Palop reclama una nueva Carta Magna que se rija "por el principio de paridad democrática", que incluya la educación en igualdad feminista como un pilar obligatorio y que permita "la vida libre de violencias machistas". Asimismo, señala la jurista, es necesario que se garanticen de manera constitucional los derechos sexuales y reproductivos.

Unas premisas que, tal y como detalla en el libro Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, pasan por garantizar un estado absolutamente laico en el que el contexto político no quede perturbado por la confesionalidad del Estado.

Un Tribunal Constitucional plural e independiente

El Tribunal Constitucional es un ejemplo de cómo el transcurso del tiempo ha terminado por horadar algunos de los elementos más garantistas de la Constitución del 78. Tanto es así, que este órgano democrático ha concluido en la politización de sus integrantes. Tanto es así, que "no desarrollan leyes de protección de derechos", comenta el experto, para añadir que "el Gobierno de Aznar tuvo un papel negativo en este aspecto".

Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid.

Esta necesidad imperante de despolitizar el Tribunal Constitucional pasa por un cambio en el sistema de designación que "amplíe el abanico de elección". Escudero Alday echa un vistazo al pasado democrático de España y se remonta al modelo republicano del 31 en el que los sujetos que componían el tribunal eran elegidos —además de por los partidos políticos— por otros actores del derecho y la judicatura. "Colegios de abogados, facultades y la ciudadanía podrían participar en la elección para que se garanticen los derechos fundamentales", propone.

Unos derechos que en cierta medida fueron limitados por el texto de la Constitución actual, pues "la vivienda o el trabajo no están previstos constitucionalmente de una forma en la que se pueda obligar a los poderes públicos a garantizarlos", según señala Alday. El autor, en un ejercicio pragmático, señala a los presentes conflictos, donde los intereses empresas como Airbnb prevalecen por encima del derecho a la vivienda de los ciudadanos.