Representantes de todos los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Galicia han expresado este sábado su preocupación por la posible venta del Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco, y han coincidido en instar a la Xunta a evitar esta transacción.

La oposición ha cerrado filas un día después de que la inmobiliaria de lujo Mikeli anunciara en su página web la puesta a la venta "en exclusiva" del edificio y sus inmediaciones, propiedad de la familia Franco, por ocho millones de euros.

Luis Villares, portavoz de En Marea, ha sostenido que "el Pazo de Meirás tiene que volver al sitio del que nunca debió salir", el patrimonio público, y ha considerado que la venta sería una "trampa más" de una familia que obtuvo esa propiedad mediante "rapiña" y "coacción" en plena Guerra Civil.

Así pues, ha defendido que el pazo debe volver a la ciudadanía "sin pagar un euro porque -los Franco- ya lo disfrutaron durante bastante tiempo gratuitamente" y "no tienen derecho a lucrarse de una venta de algo que no era suyo".

Más comedido ha sido el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, que ha declarado que "hay que cumplir las normas", aunque ha llamado a las administraciones públicas a "tomar todas las medidas posibles" para conseguir algo que "es de derecho y de justicia", recuperar el pazo para los gallegos.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha resaltado que es "importante que la Xunta de Galicia mueva ficha para que el Pazo de Meirás vuelva a ser patrimonio de todos los gallegos" y que no puede dejar que se prolongue "más de lo necesario" la solución a este -ha opinado- "auténtico expolio".

"Es un insulto a este país que la familia Franco quiera hacer negocio con un expolio", ha añadido, antes de concluir animando, como Caballero, a mover ficha y a evitar un "nuevo esperpento", que los herederos del dictador "hagan caja" con un bien que pertenece a "todos los gallegos".

Historia de un conflicto

El Pazo de Meirás fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y sirvió de residencia de verano durante muchas décadas al dictador Francisco Franco, a quien el pueblo gallego donó el edificio y los terrenos que lo rodean en 1938 tras una cuestación popular.

La declaración del pazo como Bien de Interés Cultural obliga a abrirlo al público cuatro días al mes. La familia Franco se opuso a esta decisión de apertura, pero un proceso judicial que culminó en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo ratificó esa decisión del gobierno gallego.