ERC y EH Bildu han registrado este martes en el Congreso una amplia batería de preguntas por escrito al Gobierno después de que Público desvelara en exclusiva que Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas a países árabes junto a su mejor amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

Estos partidos, junto a Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís, BNG y Nueva Canarias, han presentado también este martes la solicitud de creación de comisión de investigación sobre la venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I. En esta línea, además de esta iniciativa parlamentaria, los diputados de ERC, Marta Rosique y Gerard Álvarez, y el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, han formulado al Ejecutivo hasta 60 preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

En virtud de las investigaciones publicadas por este medio, Juan Carlos I promocionó a Manuel Prado y Colón de Carvajal con el fin de enriquecerse por la vía del tráfico de armas. En 1977, Juan Carlos I nombró senador por designación real a Colón de Carvajal, y lo hizo embajador especial plenipotenciario permanente de España, así como administrador solidario al 50% –como pantalla de su propia participación– de todos sus negocios, empezando por la venta de armas.

En la primera visita de los reyes españoles a Riad, en octubre de 1977, el emérito negoció la creación de una empresa conjunta hispano-saudí, supuestamente para canalizar el comercio entre los dos países: Alkantara Iberian Exports. Asimismo, el príncipe Fahd nombró delegado saudí en Alkantara al magnate Adnan Khashoggi, traficante de armas cuyo holding ostentó el 50% del capital. Por su parte, Juan Carlos designó a Manuel Prado como presidente de la compañía, financiada con fondos públicos en la mitad española: el Instituto Nacional de Industria (INI) habría puesto un 25% y Focoex (Fomento del Comercio Exterior, del Banco Exterior de España pero operando desde Panamá) el otro 25%.

Por otra parte, según dicha información, Borja Prado Eulate, hijo del socio y testaferro del rey, fue colocado en la empresa por parte de Focoex, y que el presidente del INI fue Francisco Jiménez Torres, quien después asesoró como abogado al propio Khashoggi en operaciones comerciales internacionales. Posteriormente, el el 13 de agosto de 1982 registraron la empresa en el paraíso fiscal de Chipre como "Compañía Limitada con registro HE18048".

Con todo, estos grupos quieren saber si el Gobierno tenía constancia de estos hechos, si se ha puesto en contacto con la Casa Real para evaluar estas informaciones o si ha habido algún tipo de interlocución con el emérito a raíz de esta publicación. "¿Piensa el Gobierno pedir explicaciones a la monarquía?", preguntan. En caso negativo, "¿por qué no? ¿considera el Ejecutivo que la monarquía puede delinquir impunemente sin ni siquiera pedirle explicaciones?".

Asimismo, cuestionan al Gobierno si "se necesita un cambio de rumbo en la política exterior con Arabia Saudí" y, en caso de que no, "¿por qué motivos consideran que se debe mantener?". Por ende, le preguntan si "piensa investigar el origen del patrimonio de la Familia Real?", así como las acciones de la empresa Alkantara Iberian Exports y los fondos públicos destinados a la misma.