La Fiscalía ha pedido este martes al Tribunal Supremo que investigue a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, por la presunta comisión de hasta cuatro delitos en la concesión de contratos cuando dirigía la Institució de los Lletres Catalanes. 

En el informe dado a conocer este martes, el Ministerio Público reclama al Alto Tribunal que remita el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados  para después tomar declaración a la diputada de JxCat como investigada. El segundo escenario que contempla la Fiscalía es que Borrás acuda a declarar voluntariamente, para lo que no sería necesario remitir el suplicatorio.

La competente para investigarla, y posteriormente decidir si abrir juicio en su contra, sería la Sala de lo Penal del Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena. Es la misma sala que juzgó a la cúpula del procés.

El fiscal Javier Zaragoza, quizás el más crítico con los 12 dirigentes del procés juzgados -ya en su informe final, en junio, comparó su actuación con el golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero-  es quien firma este escrito, dado a conocer el mismo día en que se constituyen las Cortes Generales. La semana pasada trascendió que la juez del Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona, Silvia López, había enviado al Supremo una exposición razonada para que asumiese la investigación por estos contratos.

En concreto, la investigación versaría sobre las presuntas irregularidades halladas en hasta 18 adjudicaciones al amigo de la portavoz de JxCat Isaías Herrero, entre los años 2013 y 2017.  El Ministerio Público ve "claros y contundentes indicios de simulación documental continuada" por parte de Borràs, para revestir de "transparencia y objetividad" el proceso de contratación, "enmascarando" además su fraccionamiento "ilegal". 

En esos años, sostiene el fiscal, "Hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por la Institución de las Letras Catalanas" a Herrero.

Según su relato, el procedimiento de contratación se llevó a cabo con la voluntad de "ocultar" que el prestador de servicios era efectivamente Herrero, y se diseñó de manera que "se asignaron tantos contratos menores como tramos de 18.000 euros a cada una de las personas físicas y jurídicas indicadas, a pesar de que esos trabajos suponían la programación informática del portal de Internet de la ILC durante un período ininterrumpido superior a los 4 años, y constituyendo una o varias unidades funcionales u operativas, contraviniendo de manera inequívoca lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP", esto es, la Ley de Contratos del Sector Público. 

Así, Zaragoza acusa a Borràs de abusar de su función al frente de esta institución para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria" los contratos "de programación informática" a Herrero, "de manera concertada con éste último para defraudar a dicha Institución, mediante el fraccionamiento ilegal de los mismos así como mediante la falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".