La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado este miércoles que, tras la denuncia presentada por Facua, ha abierto diligencias para investigar si Naturgy manipuló de forma delictiva el mercado eléctrico con el objetivo de incrementar sus beneficios económicos.

Facua denunció a Naturgy tanto ante la Fiscalía como ante Anticorrupción tras conocer que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había multado a la eléctrica con más seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020 en Galicia, zona eléctrica abastecida por la central Sabón 3.

El precio ofertado por esta central al mercado de restricciones en los entornos de reducida competencia fue un 95% superior al precio de mercado diario. Mientras que en los entornos de mayor competencia fue un 34% superior.

Es decir, Sabón 3 aprovechaba las situaciones en las que la competencia en el mercado de restricciones era reducida para incrementar sus ofertas en el mercado de restricciones técnicas y obtener así unos mayores ingresos. Una práctica que le otorgó a Naturgy Generación un beneficio de 43,2 millones de euros.

Además de la multa de seis millones de euros, la CNMC impuso el pago de una indemnización de 35,5 millones por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones técnicas.

Facua considera "ridícula" la cuantía de la sanción, porque seis millones de euros suponen un 0,4% de los 1.649 millones de euros de beneficios netos que la eléctrica obtuvo el pasado año 2022.

La Fiscalía explica que pretende determinar el alcance de la denuncia y si la eventual investigación de los posibles delitos son competencia de la Audiencia Nacional, por maquinación fraudulenta para alterar los precios y que pueden producir un "perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia".

Solicita información a la CNMC

El organismo señala en un comunicado que ha acordado requerir a la CNMC un informe sobre la energética en el que pide información sobre cuatro puntos.

Por un lado, pregunta si la resolución de la CNMC es firme o ha sido impugnada ante los tribunales y si la conducta sancionada ha provocado un incremento del precio final pagado por los consumidores.

Además, solicita información sobre si el posible incremento de precios a los consumidores se ha proyectado sobre todo el territorio nacional o solo en una parte limitada del país.

Por último, pide una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores provocados por el eventual incremento de precios finales.

Según Facua, la compañía energética podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores, tal y como recoge el Código Penal, que en su artículo 284 establece penas de prisión de seis meses a seis años, multa de dos a cinco años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido para estos casos.