Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que encabeza  Manuel Marchena, han decidido pasar las actuaciones sobre la querella de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España contra el rey emérito al Ministerio Fiscal para que informe sobre "competencia y contenido" de la querella formulada. La reapertura o no de la causa especial 21092/2018 derivada de la querella que IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda queda así pendiente de la resolución de la Fiscalía. 

Así se recoge en la diligencia del Alto Tribunal que han recibido los querellantes, firmada por Marchena en su calidad de presidente y en nombre del resto de magistrados que entienden de este asunto: Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés Palomo del Arco, Ana María Ferrer García y Susana Polo.

Además, la misma sala ha remitido también otra diligencia, en este caso de ordenación, en la que da "por recibido el escrito de ampliación de querella", que IU y el PCE presentaron ante esta instancia judicial el pasado 16 de diciembre.
Además, el Supremo informa a los querellantes de que "se tiene por consignada, en plazo, la fianza por importe de 12.000 € que le fue impuesta para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa y se declara bastante".

La querella original fue registrada en diciembre de 2018 y resultó archivada por prácticamente los mismos magistrados que vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses -en verano de 2019-, todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales, según informa IU. La querella está dirigida, además de sobre Juan Carlos de Borbón, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. La reciente ampliación completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Menzoda, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas.

El escrito de ampliación de IU incorpora los casos conocidos en las últimas semanas, desde la regularización fiscal que el rey emérito presentó ante la Agencia Tributaria para evitar una investigación más exhaustiva, al uso de fondos del citado empresario Sanginés-Krause a través de un testaferro para pagar distintas actividades tanto suyas como de su entorno familiar; sin olvidar los supuestos movimientos de elevadas cantidades de dinero a través de paraísos fiscales.

Tanto los hechos delictivos recogidos desde un primer momento, como los que se detallan en la ampliación de la querella se corresponden a trece delitos -siete de ellos vinculados directamente con el ex jefe del Estado-, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.