Dos de los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en los juicios del procés han trasladado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que mantienen su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE. Los otros dos fiscales que participaron en la causa han confirmado que mantienen la misma postura que sus compañeros.

García Ortiz, por su parte, ha pedido a los cuatro fiscales que elaboren "un informe procesal" y "no un informe genérico sobre la ley", como el que le presentaron hace días, en el que se oponían a amnistiar la malversación, porque en el anterior opinaban de cuestiones de las que no eran competentes y de otras sobre las cuales el Supremo no les ha preguntado.

Según las fuentes, los dos fiscales se han comprometido a entregarlo en los próximos días, sin dar más detalles ni adelantar en la reunión cuál será su posición. No obstante, otras fuentes indican que los fiscales mantienen su criterio y no piensan modificarlo.

Cuando lo entreguen, el fiscal general tendrá que decidir si avala su posición y será entonces cuando los fiscales del procés decidan, en caso de que García Ortiz no comparta su postura, si invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general. 

El magistrado del Supremo Pablo Llarena que instruye la causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont, la exsecretaria general de ERC y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, así como la sala de lo Penal del alto tribunal han dando un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la ley de amnistía a los hechos en cuestión.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En concreto, pretende consultar al tribunal europeo sobre el desvío de fondos públicos en relación al procés y que pudieran afectar a los "intereses financieros de la UE".

García Castellón pide a las partes que informen sobre la aplicación de la amnistía en la causa de 'Tsunami'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa en la que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic que informen en un plazo máximo de diez días sobre la posibilidad de aplicar la ley.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que "de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley, la amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes".

Esa es la razón por la que el instructor acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el término máximo de diez días, informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la citada ley.