MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el caso de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular para el que pide cinco años de cárcel, al igual que para su antecesor Álvaro Lapuerta, al tiempo que da por hecho la existencia de una caja de contabilidad paralela en el partido en el Gobierno.

El juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, concluyó el pasado marzo la instrucción del caso y también asumía en su escrito que el PP mantuvo una contabilidad paralela entre los años 1990 y 2008.
Ahora, la Fiscalía hace suyas estas conclusiones y considera al PP responsable civil subsidiario de lo que hicieron los tesoreros de aquella época. Pero exonera a este partido del delito fiscal que se pudo cometer, que circunscribe en los administradores.
El fiscal del caso, Antonio Romeral, asume las tesis de Ruz sobre la existencia de la contabilidad ajena al circuito legal.

En su escrito, el fiscal expone que del ingreso y gasto "de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas. Tan solo indirectamente parte de esos ingresos accedieron a la contabilidad del partido a través de las cuentas de donativos anónimos, y nominativos en un caso, mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento".

"El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones así como de los gastos —expone la Fiscalía— se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela —contabilidad B— que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro de Lapuerta. El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas".
La Fiscalía considera que ambos responsables económicos del PP cometieron defraudaron a Hacienda sólo en el ejercicio del año 2008, ya que las donaciones anteriores han prescrito desde el punto de vista fiscal.

La cuota presuntamente defraudada por el PP sería de 25.630,03 euros, por debajo de la barrera de los 120.000 euros a partir de los cuales existe delito fiscal

La cuota presuntamente defraudada por el Partido Popular en el ejercicio 2008 alcanzaría un importe de 25.630,03 euros, reconoce la Fiscalía. Esta cifra está por debajo de la barrera de los 120.000 euros a partir de los cuales existe delito fiscal.

Compra de acciones de Libertad Digital

La Fiscalía considera que el 20 de marzo de 2007 Álvaro de Lapuerta, con el conocimiento y aprobación de Luis Bárcenas con el que administraba los fondos de la caja B del PP,"incorporó a su patrimonio" 209.550 euros del Partido Popular.

Este dinero provino de la venta de acciones de Libertad Digital, que habían sido compradas con el dinero oculto del partido, y que Lapuerta no reintegró una vez vendidas las acciones.
La Fiscalía considera probado que el 29 de octubre de 2004 Álvaro de Lapuerta suscribió 1270 acciones de Libertad Digital por 139.700 euros. El objetivo era cubrir la ampliación de capital de esta empresa. "De esta manera se mostraban receptivos a la solicitud que el presidente de dicha sociedad, Alberto Recarte García-Andrade, y Federico Jiménez Losantos habían hecho llegar al Secretario General del Partido Popular, en aquellas fechas Ángel Acebes Paniagua, de informar a los militantes y empresarios cercanos al partido de la ampliación de capital en curso para que acudieran a la misma".

"El 20 de marzo de 2007, Álvaro de Lapuerta, procedió a vender las acciones a la propia sociedad para su autocartera por un precio de 209.550 euros, que no repuso a la caja B", expone la Fiscalía.

Lapuerta utilizó la 'caja B' para comprar acciones de Libertad Digital por 139.700 euros. Más tarde las revendió por 209.550 euros, sin reponer el dinero

El Ministerio Público también ve delito en las sucesivas reformas que realizó la empresa Unifica de la sede del PP y que fueron pagadas en buena parte con dinero negro de la Caja B.

Concluye que las obras del año 2006 están prescritas, por lo que estudia el ejercicio fiscal de 2007 y concluye que Unifica dejó de ingresar por el Impuesto de Sociedades una cuota superior a los 120.000 euros. En concreto, cifra en 194.503,44 euros la cuantía defraudada a Hacienda.

La Fiscalía pide que esos 194.503,44 euros supongan una indemnización solidaria para la Hacienda Pública, más los intereses de demora y que deberán pagarlos de forma solidaria los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez y el arquitecto de la obra y su empleada, Gonzalo Urquijo y Belén García. A este respecto, declara al PP responsable civil subsidiario, al igual que la empresa Unifica que realizó las obras.

Penas

En cuanto a penas, el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel para Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. En concreto, pide su procesamiento por los delitos de apropiación indebida (3 años de prisión y multa de 48.000 euros); delito continuado de falsedad documental (1 año de prisión y multa de 18.000 euros) y, por último, delito contra la Hacienda Pública (un año de prisión y multa de 195.000 euros)

Para el exgerente Cristóbal Páez Vicedo reclama 18 meses de prisión por el delito continuado de falsedad documental (11 meses de cárcel y multa de 4.500 euros); delito contra la Hacienda Pública (7 meses de prisión y multa de 98.000 euros).

En el caso del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba reclama casi cuatro años de cárcel por falsedad documental (1 año y 10 meses de prisión y multa 60.000 euros); delito contra la Hacienda Pública (2 años de prisión, multa de 390.000 euros, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un período de 4 años).

A Belén García el Ministerio Público le requiere tres años y 10 meses de cárcel por el delito continuado de falsedad documental (1 año y 10 meses de prisión y 60.000 euros de multa); delito contra la Hacienda Pública (2 años de prisión y multa de 390.000 euros).

El fiscal Antonio Romeral también pide que el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de reforma de la sede central de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011, sea condenado a tres años y diez meses de cárcel.

La Fiscalía también solicita un año y siete meses de cárcel para el exgerente del PP Cristóbal Páez y tres años y diez meses para Belén García, socia de Urquijo en la empresa Unifica. Además, retira la acusación por prescripción contra la empleada del estudio de arquitectura Laura Montero.