VITORIA.- Los alaveses Antonio Escalante y Carlos Zulaika se conocen desde los agitados años de la insumisión al Servicio Militar Obligatorio. Entonces se salvaron de ir a la mili, pero la llama de la desobediencia sigue encendida en sus espíritus. El año pasado, ambos recibieron una carta de la Junta Electoral, convocándoles a prestar funciones durante las elecciones europeas. “Nada más mirarnos, supimos qué debíamos hacer”, confiesa Antonio. Aquella complicidad fue el germen de Des-censo Electoral, una iniciativa que aboga por la insumisión a las mesas en la cita del próximo 24 de mayo.



“Esto es un muy parecido al servicio militar obligatorio: se trata de otra obligación impuesta por el Estado”, comenta Escalante a Público en su casa de Vitoria. A esa misma hora, el Ayuntamiento de esta localidad sorteaba los nombres de los ciudadanos que se verán obligados a acudir a las mesas electorales durante la jornada del día 24. Estos sorteos se repetirán a lo largo de esta semana en todos los municipios del país, lo que acabará con la designación de 500.000 personas para trabajar en las elecciones municipales. Si se niegan, podrían enfrentar “penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”, tal como advierte el Ministerio de Interior desde su página web. La cantidad a pagar dependerá de los ingresos del desobediente, así como del criterio del juez.

“A raíz de los contactos que hicimos en las pasadas europeas, sabemos de un chico que acabó enfrentando un juicio rápido y una multa de 400 euros. Otra chica de Extremadura reclamó un juicio en condiciones, para poder argumentar su posición. ¿Sabe para cuándo la citarán? Sobre la fecha de las elecciones del 24-M”, apunta el integrante de Des-censo Electoral, quien advierte sobre los permanentes intentos del Estado para “asustar” a los posibles insumisos.

Sin embargo, el miedo no siempre surte efecto. Según datos de esta plataforma, se calcula que en cada cita con las urnas hay unas 50.000 personas que no se presentan en las mesas. Estos datos suelen ser maquillados por las autoridades, que prefieren hablar de “incidentes aislados”. Así ocurrió durante las pasadas elecciones europeas en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), donde algunos medios locales informaron entonces sobre el “retraso” en la apertura de un colegio “por la ausencia de vocales”. “En realidad, de las nueve personas que tenían que ir solamente se presentó una, pero eso no lo contaron”, relata Escalante.

De cara a las elecciones municipales de este año, la plataforma insumisa plantea un sencillo método de objeción de conciencia: cuando las personas sorteadas reciban su correspondiente notificación, deberán enviar un escrito a la Junta Electoral de zona, informando que no se presentarán. De acuerdo al guión previsto, posteriormente recibirán una nueva carta con membrete oficial, en la que serán advertidos de que su alegación no es válida. Quienes decidan mantenerse firmes con su acto de insumisión podrán contar con el apoyo de Des-censo Electoral, que seguirá su batalla para tratar de abolir esta obligación.

“Altavoz político”

En tal sentido, este colectivo ya ha preparado un documento con algunas indicaciones sobre cómo preparar la fase previa al juicio. “Conviene contar con abogado propio y que sea sensible tanto al tema como al enfoque que se le quiere dar”, es una de las “sugerencias prácticas” que figuran en el texto. Además, el grupo hace hincapié en uno de los aspectos claves de esta campaña: “No buscamos una excusa para que nos pongan una pena menor, sino hacer del juicio un altavoz político de nuestra lucha”.

Los promotores de Des-censo Electoral también han elaborado otros materiales informativos, en los que destacan las incongruencias del sistema. “Curiosamente, mientras la no participación en el ejercicio del voto está reconocida como un derecho (mientras se trate sólo de abstención pasiva), la participación en la constitución de las mesas está considerada como una obligación, y quien por motivos de ideología, creencia o conciencia cuestione ese modelo de democracia impositiva, será considerada delincuente”, señala este colectivo en un panfleto.

A poco menos de un mes de unas nuevas elecciones, sus miembros lo tienen claro: “Sin imposición y sin coerción, buena parte de la población no estaría dispuesta a colaborar con una farsa concebida para dar un barniz de legitimidad a un proceso que, en realidad, secuestra la posibilidad de que sean las propias personas las que decidan y se autogobiernen”.