La gravedad de lo que está sucediendo estos días en Melilla en el voto por correo de cara a las elecciones del 28M ha provocado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya encargado que sea Anticorrupción el organismo que asuma el caso de la presunta trama de compra de voto "a gran escala".

Para el fiscal, se ha producido un hecho de "gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. En su escrito, el jefe del Ministerio Público explica que se dan los requisitos establecidos en la ley para que esta Fiscalía Especial asuma el caso.

Fuentes fiscales indican que se trata también de una cuestión de coherencia interna por cuanto el caso de Mojácar (Almería) está en manos del fiscal delegado de Anticorrupción. En Melilla, al no existir esta figura delegada, era la Fiscalía ordinaria quien había entrado en la causa.

Compra masiva de votos por entre 100 y 50 euros

El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional --que han dado lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla-- "han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo".

Coalición por Melilla, en el centro de la trama

Precisa que "esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla".

"Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma", indica.

Todo ello, apunta el decreto del fiscal general, podría ser constitutivo de delitos electorales pero también de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Por estos hechos la Policía Nacional ha detenido y dejado en libertad a diez supuestos implicados en esta presunta trama de compra de votos para el 28M. Los arrestados estarían vinculados a Coalición por Melilla, partido mayoritario del Gobierno local. Entre los implicados destaca Mohamed Ahmed Al-lal, hasta ahora consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y número 3 del partido en la lista electoral. Este jueves, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, le cesó de su cargo.

La mitad del voto por correo se valida

Este viernes, Correos ha informado de que ha dado por válidos 5.814 votos por correo en Melilla, casi la mitad de las 11.727 solicitudes que se habían tramitado en la ciudad autónoma. Un número desproporcionado que hizo saltar las alarmas. En 2019, fueron 4.210 los votos que se registraron por correo sobre un censo de unas 60.000 personas. 

Tanto Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior sostienen que hay garantías para celebrar unas elecciones limpias después de adoptar medidas como poner escoltas a los carteros que sufrieron robos y solicitar el DNI también en el momento de presentar en Correos el voto por correspondencia.