El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha podido asistir al Tribunal Supremo este miércoles en la apertura del año judicial por dar positivo en covid. Ha sido la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, la que ha leído el discurso preparado por García Ortiz y que presenta una radiografía de la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2021. 

En su discurso, Álvaro García, que tomó posesión de su cargo hace dos días, ha evitado cualquier insinuación con tintes políticos. Ni siquiera se ha referido al bloqueo en la renovación del CGPJ. Se ha decantado por invocar el espíritu de "colectividad" de la Fiscalía, con palabras de agradecimiento a los y las 2.613 fiscales españoles.

García ha manifestado que el trabajo de todos los miembros de la Fiscalía "al servicio de la ciudadanía" es "nuestra fuerza y nuestro capital. Porque la Fiscalía sólo se puede entender como una colectividad. Solo interpretándola en clave de equipo alcanzamos nuestras más altas cotas de eficiencia y utilidad pública". 

Unas palabras, leídas por la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, que se sitúan en el contexto del cisma abierto en la Fiscalía durante el mandato de Dolores Delgado, quien se encontró con la frontal oposición de buena parte de la carrera fiscal, entre otras cosas por sus relaciones con el comisario Villarejo y su proceder en el 'caso Stampa', sobre las presuntas represalias al fiscal que investigó la corrupción policial relacionada con dicho comisario. 

Pero en su discurso inaugural del año judicial Álvaro García ha querido alejarse de cualquier controversia pasada, aunque sus primeras palabras han estado dedicadas precisamente a Dolores Delgado, quien le nombró jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, convirtiéndole en su mano derecha. Así, se ha referido a los "sólidos cimientos" edificados por ella en la Fiscalía General del Estado (FGE) "desde donde seguir construyendo la Fiscalía que todas y todos queremos y que la sociedad nos demanda". 

La memoria de la Fiscalía 2021 presentada este miércoles realmente corrió a cargo de la exfiscal general, que renunció al cargo el pasado mes de julio por problemas de salud. Quizá con un estilo más conciso-- y hasta cálido --, el nuevo fiscal general ha puesto el foco en las víctimas como eje de su próxima gestión: "Las víctimas tienen que ser nuestra prioridad: han de ser amparadas y defendidas". 

"El pasado año llamamos la atención sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Afganistán. Hoy tenemos que lamentar una guerra en Europa, la desatada por la invasión rusa sobre Ucrania, que de nuevo revela la necesidad de mantenernos firmes en el compromiso de defender los derechos humanos", consta en el discurso.

Especial mención a las mujeres víctimas

La exposición sobre la memoria de la FGE ha arrancado recordando a las víctimas de la violencia machista, que se saldó el año pasado con 50 mujeres asesinadas, tres más que en 2020. La teniente fiscal ha subrayado que "tan sólo 11 habían presentado previamente denuncia. La violencia de género dejó 31 niñas y niños huérfanos. Cuatro menores fueron asesinados por sus padres. No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz. Son mujeres, son familias, son mujeres, niños y niñas. Para nosotros, lo más importante". 

Ha defendido la importancia de que las víctimas no tengan la necesidad de volver a declarar en el juicio para evitar la revictimización, con la implantación de la prueba preconstituida, algo en lo que ya trabaja la FGE. 

En su discurso, el fiscal general ha apelado a la perspectiva de género. "Desde la Fiscalía General del Estado, me propongo fomentar el enfoque de género, impulsar las relaciones institucionales y escuchar siempre a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de mujeres y de víctimas, al tiempo que colaborar en la prevención, formación y concienciación social. Resulta absolutamente imprescindible abundar en la formación en perspectiva de género
y llevar esta, de manera transversal, a todos los ámbitos y jurisdicciones". 

Ha destacado que el 76% de los asesinatos machistas en 2021 se produjeron
fuera de las capitales de provincia, "lo que vuelve a evidenciar la necesidad de
que todas las víctimas puedan tener acceso a los recursos en condiciones de
igualdad, cualquiera que sea su lugar de residencia". 

Entre las promesas que ha expuesto, ha dedicado una especial mención a la trata de seres humanos: "Fomentaré la participación de equipos de trabajo para la consecución de una ley integral contra la trata de seres humanos". 

La memoria de la Fiscalía arroja datos preocupantes en este sentido: durante el año 2021, los procedimientos abiertos por el delito de trata aumentaron en un
37,5%. El 67,27% se refirieron a trata con fines de explotación sexual, detectándose 277 víctimas de las que el 98,55% eran mujeres o niñas. La trata
laboral le sigue en importancia estadística con un 16,36% de los procedimientos.

"La Fiscalía tiene la mirada puesta en la crisis migratoria derivada de
los conflictos bélicos, las catástrofes naturales y la crisis climática, una crisis que está ya generando un flujo creciente de personas afectadas por la penuria
económica, la muerte y el hambre hacia países más ricos que ofrecen mejores
posibilidades de subsistencia", ha referido el fiscal general. 

Preocupación por los delitos de odio

Otra preocupación que ha sido plasmada en el discurso de Álvaro García es la proliferación de los delitos de odio y discriminación. "Unos delitos que no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica". 

Se ha referido concretamente al "clima de hostilidad hacia determinados colectivos". "La experiencia acumulada permite comprobar que la
palabra precede a la acción, a la ejecución de acciones violentas. Frente a
ello, la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas". 

En 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%, según ha desvela la Fiscalía, siendo los motivos discriminatorios más comunes el racismo y la xenofobia, y la orientación e identidad sexual y de género, en segundo lugar.

Está aumenta la ciberdelincuencia. De ello dan buena cuenta las estadísticas recogidas en la memoria, ha dicho el fiscal, y que reflejan un aumento del 257% desde 2017, un 40,47% en el último año. 

En este sentido, ha indicado que "desde la Fiscalía nuevamente alertamos del incremento de las actuaciones delictivas a través de las TIC contra bienes jurídicos personalísimos, que han aumentado un 34,5%. Ello es particularmente preocupante cuando hablamos de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de los menores de edad, con un incremento de casi un 10% respecto de la anualidad anterior". 

No se ha olvidado el fiscal general de las víctimas de la siniestralidad laboral y de la seguridad vial, advirtiendo de que el "excesivo tiempo de pendencia de los procedimientos no hace si no aumentar el riesgo de victimización secundaria y recuerdan la necesidad de que las víctimas cuenten con el apoyo psicológico, social y económico adecuado". 

Reforzar la protección al medio ambiente 

Álvaro García fue el fiscal del 'caso Prestige', la mayor catástrofe medioambiental en aguas europeas por el hundimiento de un petrolero frente a las costas gallegas. Es también uno de los mayores expertos de la Fiscalía en incendios forestales. Este miércoles ha querido hacer una mención especial a los delitos medioambientales. "La realidad del cambio climático y la emergencia ambiental nos ha de llevar como sociedad a una profunda reflexión sobre el cuidado y la protección de nuestro entorno. Para mí se trata de un compromiso vital que también pretendo trasladar a la Fiscalía General del Estado, reforzando la protección del medio ambiente, desde la prevención y la represión penal de las conductas delictivas que atenten contra él". 

Respecto a la criminalidad, el fiscal general ha subrayado que las investigaciones incoadas por la Fiscalía en 2021 han aumentado en más del 50%. Otro dato importante: el 55% de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público [un 15% más que en 2020] se referían a delitos contra la libertad sexual. 

Si Álvaro García ha comenzado su discurso con un guiño a la carrera fiscal, ha querido acabar con otro, refiriéndose a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que traerá consigo un nuevo modelo de proceso penal, con la instrucción de las causas a cargo de los fiscales. Se ha referido al borrador que él mismo, en la Secretaria Técnica de la FGE, elaboró sobre esta materia en 2021.

"Fue un trabajo ingente, serio, riguroso y también colaborativo, pues en él se incentivó la participación de toda la carrera fiscal. Ello tuvo como resultado un texto aprobado de forma unánime por el Consejo Fiscal el 7 de julio del pasado año. Estos trabajos nos han hecho conscientes de que el Ministerio Fiscal tiene la obligación de demostrar, al igual que ha hecho durante más de dos décadas en la jurisdicción de Menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones". 

Más autonomía

Por último, García se ha referido a la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, "un hito para la institución que, tras 40 años de vigencia de su Estatuto Orgánico, cuenta por fin con un desarrollo reglamentario que sustituye a la norma preconstitucional de 1969". 

Pese al nuevo reglamento, el nuevo fiscal general pide más cuotas de autonomía para la institución para potenciar "nuestras capacidad de autogestión":  "No renunciaremos a proponer una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo. Este es el camino por el que tanto el GRECO [Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa] como el recientemente publicado informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa nos recomienda seguir avanzando".