El Gobierno revisará la legalidad del fondo creado por el Govern de Catalunya para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat, a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que aunque no conoce exactamente la norma aprobada por el Gobierno de la Generalitat "evidentemente el Gobierno de España vela por la legalidad existente".

"Todas las normas son pasadas por ese filtro de la legalidad y una vez visto y estudiado el texto haremos llegar la consideración oportuna", ha puntualizado Montero. El denominado Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya (FCRCAT) ha sido dotado inicialmente con 10 millones de euros y el conseller de Economía, Jaume Giró, ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación.

En este sentido el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que recurrirán este fondo y además denunciarán a la Generalitat por prevaricación y malversación. La ministra portavoz, por su parte, ha recordado que el Tribunal de Cuentas aún continúa investigando el tipo de delito que pudieran haber cometido los encausados por el procés y ha expresado su respeto absoluto ya que "todavía no ha llegado a sus conclusiones definitivas".

Ha señalado que lo importante es "que esa investigación culmine lo antes posible" y ha incidido en que el tipo de delito que pudiera haber no le corresponde al Gobierno. "Si eso es un delito de malversación de fondos públicos, para eso están los tribunales", ha incidido Montero que ha reiterado que el Gobierno no valorará el mecanismo aprobado "para hacer frente a esa suerte de fianza y vamos a estar disponibles".

Vox, Cs y PPC amenazan con denunciar el fondo

Vox, Cs y PPC han coincidido en rechazar el fondo de ayuda a ex altos cargos y han advertido que estudiarán llevarlo ante los tribunales. "Los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, acuden al rescate de los condenados por malversación. De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo", ha afirmado el líder de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga. "Catalunya no es del separatismo", ha apostillado el diputado de Vox.

También el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido en rueda de prensa que "denunciarán políticamente" y "pondrán en conocimiento de la Justicia en su caso" ese "aval" que, de llevarse a cabo, sería un "robo" y una "doble imposición" para los contribuyentes catalanes.

"Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual", ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es "inadmisible" que los ciudadanos catalanes "tengan que pagar los excesos de los separatistas". Por su parte, desde Twitter, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha mostrado su perplejidad por la propuesta del Govern y ha advertido de las consecuencias que puede acarrear.

"Malversar está fatal, pero malversar la malversación solo estos figuras podían lograrlo...luego vendrán los lamentos", ha apuntado el líder de los populares en el Parlament. Fuentes de los populares han confirmado a Efe que estudiarán impugnar ante la Justicia el nuevo fondo.