El Govern catalán ha aprobado este martes un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat.

Lo han anunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu la portavoz del Govern, Patricia Plaja, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el conseller de Economía, Jaume Giró, que han explicado que este fondo "tiene como principal objetivo proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo".

A través de este fondo, que gestionará el Institut Català de Finances (ICF) hasta que no se constituya una comisión gestora, la Generalitat actuará como contra aval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir las reclamaciones judiciales o administrativas a cargos del Govern, como es el caso de las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas.

A este fondo se podrán acoger todas las personas que sean o hayan sido personal de la administración de la Generalitat y de entes u organismos del sector público, los altos cargos y los miembros del Govern, y Giró ha detallado que las condiciones para acogerse a este fondo "son muy claras y concretas".

Ha especificado que no se podrán acoger cuando haya sentencia firme que declare que las actuaciones son ilícitas, tampoco cuando el riesgo ya esté cubierto por otras pólizas aseguradoras contratadas por la Generalitat, ni en el caso de que el Govern haya iniciado una acción o un procedimiento contra la actuación de la persona afectada.

Para poder beneficiarse de este fondo, las personas afectadas deberán hacer una solicitud al ICF con una declaración responsable y una carta de motivos, y la Generalitat verificará que se cumplen las condiciones.

Una vez aprobada la solicitud, el ICF garantizará un aval con un depósito que irá a cargo de una entidad financiera, que Giró no ha querido desvelar porque ya ha habido contactos pero todavía tienen que terminar de cerrar el acuerdo, por lo que ha subrayado que lo que hace la Generalitat "no es un aval directo", sino un contra aval.

Retorno del dinero si hay sentencia firme

De esta manera, en el caso del Tribunal de Cuentas, la entidad financiera pondrá el aval de las fianzas que se reclaman y la Generalitat, a través del ICF, hará de contra aval, hasta que haya una sentencia firme, y si se mantiene la reclamación económica, la Generalitat pedirá a los beneficiarios del fondo el retorno del dinero que ha puesto la administración como aval, además de intereses y los costes ocasionados.

Giró ha sostenido que lo que hace el Govern es "únicamente velar para proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público" y que el mecanismo que contempla el decreto es el mismo que se utiliza en un seguro privado. "No es dar 10 millones a nadie. Es crear un sistema de aval y contra aval para cubrir una reclamación que se ha pedido sin ninguna resolución judicial previa y sin escuchar a los afectados, a los que se les piden varios millones de euros. Para atender a esta situación piden un aval y esta es una forma para cubrir este aval", ha asegurado.

Sin movilización de dinero público

El conseller ha aclarado que por ahora la Generalitat no movilizará dinero público y no lo hará hasta que no haya una sentencia judicial firme del Tribunal Supremo que obligue al pago de las fianzas. Durante este tiempo, el Govern hará de contra aval a través del ICF inmovilizando este dinero público pero manteniendo su titularidad y solo pagará en el momento en el que se produzca una sentencia firme.

Sin embargo, la Generalitat no reclamará este dinero a los beneficiarios del fondo hasta que no hayan agotado las instancias judiciales internacionales: si la justicia europea ratifica la sentencia del Supremo, los afectados deberían devolver el dinero a la Generalitat, y si les da la razón, el Govern recuperaría estos recursos.

Giró ha confiado en que no se tenga que llegar a este extremo porque espera que el Tribunal de Cuentas acabe determinando que no se ha producido ninguna malversación en la acción exterior del Govern de los últimos años, pero preguntado por cómo se efectuará el pago en el caso de que sí que siga adelante la causa, el conseller ha contestado: "Cuando llegue ese puente, ya lo cruzaremos".

Niega malversación

Sobre si la Generalitat podría incurrir en un posible delito de malversación, lo ha descartado y ha garantizado que el decreto tiene una "solidez jurídica impecable". "Desde el punto de vista está construido de tal manera que, todo el mundo puede opinar lo que considere, pero garantiza que no se hace una malversación de dinero público", ha argumentado.

Preguntado de qué partida presupuestaria provienen los 10 millones con los que contará este fondo en un inicio, Giró no lo ha concretado porque todavía no se ha hecho efectivo pero ha dicho que los recursos saldrán del ICF, "que cogerá una parte de sus recursos que gestionará los avales y contra avales".

También para otras causas

Vilagrà ha asegurado que el fondo servirá para "cubrir aquellos elementos de indefensión que en estos momentos afectan a servidores públicos y altos cargos" de la Generalitat, en alusión a la causa del Tribunal de Cuentas, aunque ha destacado que será vigente para cualquier otro caso, como los afectados por la causa de la consulta del 9N.

La consellera ha afirmado que se hará en base al principio de indemnidad, "que plantea que ningún servidor público puede verse afectado por el ejercicio legítimo de sus competencias" y que se recoge en la legislación estatal.

"Lo que planteamos es que los servidores públicos y los altos cargos tienen derechos fundamentales de expresión, de libertad ideológica y libre ejercicio de sus competencias en virtud de las tareas que desarrollan. Se dice democracia y lo que planteamos es una protección de nuestros trabajadores", ha razonado.

La Caja de Solidaridad pide aportaciones

El presidente de la Caja de Solidaridad, Pep Cruanyes, ha llamado este martes a la ciudadanía a seguir haciendo aportaciones para responder al "embate" que supone las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por valor de 5,4 millones de euros a 34 altos exaltos cargos del Govern por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, entre otros casos.

"Haremos lo posible y lo imposible para recuperar estos millones de euros destinados a fianzas injustas de todo tipo", ha advertido en rueda de prensa, acompañado por el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, en la que posteriormente han participado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Cruanyes también ha anunciado que han reclamado al juzgado número 16 que devuelvan a la Caja de Solidaridad los 4 millones de euros que pagaron "de forma duplicada" en este tribunal como en el juzgado número 13 por el 1-O.