"Inseguridad jurídica" es la explicación del PP de Galicia para tramitar por vía urgente la reforma de la Ley de Salud de 2008. El texto aborda un conjunto de medidas que podrá adoptar la Xunta en situación de pandemia, como multas por no vacunarse y no llevar mascarilla o las facultades de ordenar confinamientos. Alberto Núñez Feijóo ya le había remitido a Pedro Sánchez una propuesta de reforma de la ley orgánica de Salud Pública para evitar los estados de alarma y ante su rechazo, el líder del PPdeG aprovechará su mayoría absoluta en la Cámara para aprobar el documento en enero a través del grupo parlamentario.

El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, defendió que la proposición de ley viene a "cubrir ciertas carencias en la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia sanitaria". "Es necesario dar certezas legales a las administraciones, una vez que no fue posible actualizar la ley estatal pero sí podemos reformar la ley autonómica", alegó. "La experiencia acumulada desde el mes de marzo evidenció que nuestro marco normativo no está preparado para afrontar una pandemia larga, con efectos en el conjunto de la sociedad, tanto a nivel social, como económico y político".

El texto, de 53 páginas, ha sido firmado por los 42 diputados del Partido Popular incluido el presidente gallego y recoge tres tipos de multas: leves (que oscilan de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros). El incumplimiento del uso de mascarillas o su uso inadecuado "cuando se cualifique como infracción leve le corresponderá una sanción mínima de multa en la cuantía de 100 euros", así como la prohibición de percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones (por ejemplo, en materia de género) por parte de la administración autonómica y local por un periodo de entre uno y cinco años, y el cierre de los establecimientos o servicios también por un plazo máximo de cinco años.

El rechazo a la vacunación será considerado una falta leve. "La negativa injustificada al sometimiento de las medidas de prevención consistentes en la vacunación o inmunización prescritas por las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo establecido en esta ley, con la finalidad de prevención y control de una enfermedad infectocontagiosa transmisible, si las repercusiones producidas tuvieron una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población". Lo mismo para el toque de queda, las restricciones horarias o de movilidad, agrupaciones de persones, medidas básicas de higiene…etc. La negativa a la colaboración con las autoridades sanitarias, el incumplimiento de las instrucciones recibidas por las mismas, así como los confinamientos y cuarentenas en caso de ser un positivo, la comunicación e información del contagio y la resistencia a las autoridades sanitarias entre otras, conforman las de carácter grave y muy grave, dependiendo del grado de la infracción.

A finales de octubre, cuando Feijóo avanzó la propuesta de la reforma criticó los 19 "estados de alarma" y manifestó que no es conveniente recurrir a un "estado de alarma permanente o intermitente". Lo mismo le achaca ahora la oposición. El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, criticó que la proposición esconde una "deriva autoritaria" para "decretar un estado de alarma permanente, haya o no haya pandemia". Además, los socialistas creen que existen problemas "de fondo" con la vacunación contra el coronavirus obligatoria.

"Chapuza jurídica" es el término que empleó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para referirse al documento presentado por el grupo de Feijóo. Lamenta el "recorte de derechos" a la población gallega que mostró un "comportamiento ejemplar" a lo largo de la pandemia. "El proyecto de ley de Feijóo trata a las gallegas y gallegos como sospechosos habituales a los que hay que vigilar y sancionar. Recorta derechos fundamentales a través de una ley ordinaria, obliga a vacunarse bajo pena de multa y tiene afán punitivo-sancionador. De hecho, el texto repite 71 veces la palabra «sanción»", esgrimió Pontón.

Feijóo lo dijo claro. "Es una vacuna obligatoria, y por lo tanto, debemos estar preparados para que cuando la tengamos, la vacuna obligatoria no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente". Por el contrario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que la obligatoriedad "no es recomendable" y que podría ser "contraproducente". No obstante, tampoco lo descartó, pero mostró su confianza en que la "ciudadanía va a reaccionar bien". Según el último barómetro del CIS, solo un 36,8% de los españoles se pondrían la dosis contra la covid-19 "inmediatamente" frente a un 55,2% que prefiere esperar, y un 8,4% que afirma que no se la pondrá.

¿Hay encaje jurídico para obligar a vacunarse?

Existen dos leyes estatales que pueden amparar la obligatoriedad de la vacuna. Una de 1980 que modifica la ley de bases de Sanidad de 1944 que dicta que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias "cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente". Otra ley de abril de 1986 recoge que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad". 

El profesor de Derecho Administrativo en la Universidade de Coruña (UDC), Carlos Aymerich, esgrime que la cuestión "es a la vista de cada caso concreto, en los supuestos de que haya un riesgo real para la salud pública" y reconoce que tiene dudas de que se pueda por ley "establecer con carácter general la obligatoriedad con independencia de que se valore o verifique si existe ese riesgo o no". Aymerich cree que "deberían adoptarse las medidas menos agresivas o que en mayor medida respeten la libertad y los derechos de las personas para conseguir el mismo objetivo".

El exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Caamaño, cuenta en declaraciones a Público que "existen dudas si una comunidad tiene competencias para ello (sancionar por no querer vacunarse) en la medida que afecta a derechos fundamentales". "No se puede ejercer el ius puniendi del Estado ante la decisión de no vacunarse. Cuestión distinta es que no vacunarse pueda tener determinadas consecuencias, pero no invadir el derecho de una persona que no quiera hacerlo, es una decisión personal y es muy difícil desde el punto de vista de los derechos fundamentales castigar la decisión del «no» con multa".

La vacuna contra la covid-19 llegará "en menos de un mes" según ha anunciado el ministro Illa, pero aún se desconoce cuándo se iniciará la vacunación masiva, aunque sí empezará lo antes posible. Por su parte, el portavoz y médico de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, explica que la información que ha trasladado la industria farmacéutica es "limitada", porque, por ejemplo, no ha sido probada en menores de 16 años o embarazadas, e insiste en que las prisas en investigación "no son nada buenas" y que "garantizar" la seguridad de un fármaco de este tipo dura entre tres y cuatro años. "Hay intereses económicos detrás de esta carrera, montones de laboratorios por conseguir una vacuna que está siendo financiada por fondos públicos", sostiene.