El flamante presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está desplegando en sus primeras semanas en el cargo una clara tendencia a ponerse en evidencia al plantear al Gobierno de coalición PSOE-UP la necesidad de adoptar una serie de medidas tributarias que él nunca aplicó en la Xunta de Galicia pese a disponer de capacidad normativa, y en su caso de mayorías parlamentarias suficientes para sacarlas adelante.

La medida principal consiste en la deflactación de la tarifa del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), un palabro que describe la revisión al alza de los tramos por los que se paga este impuesto para evitar que la merma de poder adquisitivo causada por la inflación se vea agravada por la congelación de esos bloques, que hace que parte de los ingresos del contribuyente tributen por su valor nominal en lugar de por el que tienen en la práctica.

Hay bastante consenso sobre la adecuación y la oportunidad de esa medida ante los elevados registros del IPC ) (el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, la califica de "razonable"), como también lo hay en el hecho de que las comunidades autónomas adscritas a la Hacienda Estatal, entre ellas la gallega, presidida por Feijóo desde 2009, tienen capacidad normativa para deflactar esos tramos, aunque ninguna de ellas lo ha hecho.

La tarifa "lleva 14 años sin actualizar. Tenemos la misma tarifa del Impuesto de la Renta que en 2008 y desde entonces el IPC ha subido un 25%", denunció este miércoles Feijóo al exponer su programa económico a la Comisión Ejecutiva del PP, en una intervención completamente exenta de autocrítica en aspectos como este.

"Hay una escala estatal y otra autonómica, y los gobiernos de las comunidades autónomas no han deflactado aunque podrían haberlo hecho" en esos años, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, que se refiere a esa situación como "una contradicción interna".

Ocurre lo mismo con los llamados "mínimo personal" y "mínimo familiar", que son las cantidades mínimas que, en función de sus ingresos y de sus cargas, nunca puede recortar el impuesto, y para el que planteó, sin mayor precisión, "crear una figura (…) de manera específica y temporal para las rentas medias y bajas". El primero de ellos lleva en 5.500 euros desde 2014, sin revisión estatal pero tampoco autonómica desde entonces.

Los retoques del IRPF

Feijóo, que hace un par de semanas inauguró su discurso económico con una batería de medidas que incluía alguna contraria a los planteamientos y normas de la UE, propuso concentrar esa deflactación en los tres primeros tramos del IRPF, los que van hasta los 35.200 euros, como una medida que beneficia a "las rentas inferiores a 40.000 euros".

Sin embargo, la deflactación afecta en realidad a todas las rentas, tanto las que se encuentran por encima como por debajo de ese nivel, puesto que la cuota a pagar por cada contribuyente sale de ir aplicando a la base imponible final el gravamen que le corresponde por cada uno de esos bloques: a una renta de más de 300.000 euros se le aplican seis en cada uno de sus seis niveles; a una de menos de 12.450, solo el menor.

Las propuestas tributarias del PP de Feijóo incluyen otros dos retoques para el IRPF que tampoco ha aplicado en sus 13 años al frente de la Xunta: un "ajuste de las retenciones" con carácter retroactivo desde el 1 de enero sobre el que no aportó mayores detalles y, también sin mayor concreción, "un impuesto negativo de entre 200 y 300 euros a las personas perceptoras de salarios por debajo del umbral que obliga a practicar la declaración de la renta".

Llama la atención la inclusión de esa última propuesta, sobre la que un comunicado posterior del PP añadió más inconcreción al referirse a ella como "una ayuda directa de entre 200 y 300 euros para personas vulnerables, con salarios por debajo del umbral que obliga a realizar la declaración de la renta", en un plan de respuesta contra la asfixia que la inflación está provocando en los hogares, ya que, por su propia definición, no sería accesible en el mejor de los casos hasta la campaña de la renta de este año, la que comenzará en abril de 2023, ni incluiría a los pensionistas.

Rebajar la presión fiscal en un sistema con infratributación

El plan fiscal de Feijóo se completa con otras tres medidas: "Una rebaja de la tributación por módulos (…) en aquellos sectores especialmente afectados por la inflación", entre los que incluyó el transporte, la industria, la agricultura y la ganadería pero no a otros electrointensivos como los bares, las panaderías o las peluquerías; dar a las empresas "libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética" en el Impuesto de Sociedades y, por último, una "rebaja inmediata del IVA" de la electricidad y el gas "al 4% o el 5%".

"Los módulos son un sistema opcional, más barato que otros", recuerda Mollinedo, para quien "no parece la mejor medida ahondar en la infratributación de los módulos".

Feijóo explicó en su comparecencia, presidida por el lema "menos impuestos", que el objetivo de esa batería de medidas sería "que entre 7.500 y 10.000 millones" de los 9.500 que mejoró la recaudación fiscal en enero y febrero de este año en relación con los mismos meses de 2021, con las restricciones pandémicas a todo trapo y la actividad económica y comercial renqueando entonces, "se lo devolvamos al ciudadano", dijo, dando por hecho que las previsiones recaudatorias del Gobierno se van a ver desbordadas por la realidad al mismo tiempo que denostaba por excesivamente optimistas sus previsiones económicas y criticaba el aumento del déficit público.

"Deberían explicar dónde van a meter la tijera"

"Resulta muy difícil en el actual contexto europeo, cuando más necesidad hay de recursos, defender una bajada de impuestos", señala Carlos Manera, catedrático de Historia de la Economía y miembro de Economistas Frente a la Crisis, que llama la atención sobre un aspecto: "Quienes defienden esa posición deberían explicar a renglón seguido dónde se va a meter la tijera, ya que bajar los impuestos implica disponer de menos recursos para gestionar los servicios públicos".

Manera, que anota que "a las rentas de menos de 14.000 euros no les va a solucionar nada una bajada de impuestos", explica cómo una medida tributaria de ese tipo tiene dos consecuencias, una inflacionaria por la mayor disponibilidad de renta, ya que "la mayor capacidad de renta puede hacer que la inflación se mantenga e incluso que remonte", mientras "al mismo tiempo en consumo público se retrae" por sus menores recursos, lo que se traduce en una menor prestación de servicios públicos.

"La bajada de impuestos es una opción política válida, pero hay que explicar qué consecuencias va a tener", indica el catedrático, que recuerda cómo "los esfuerzos fiscales de los gobiernos y la política monetaria del BCE (Banco Central Europeo), que han hecho lo contrario que en 2008, han sido precisamente lo que ha permitido que la situación económica haya mejorado".

"El FMI (Fondo Monetario Internacional) es muy explícito y recomienda no bajar impuestos", añade, mientras la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yelen, "habla de pedir esfuerzos a las rentas más altas".

"Parece lógico que las mayores rentas y patrimonios estén llamados a contribuir más", anota Mollinedo, que advierte del riesgo que entrañan propuestas como las de Feijóo, que plantean que el Estado pase a recaudar menos en un contexto en el que los sectores empresariales, y también los hogares, reclaman ayudas que solo salen del erario público.