Gabriela Carriquiriborde es hoy el nombre de un hospital en Temperley, una localidad al sur de Buenos Aires. En septiembre de 1976, Gabriela Carriquiriborde era una joven que tenía sueños y una vida dentro: cuando la dictadura argentina se la llevó para siempre, estaba embarazada de seis meses. Como otras tantas víctimas del horror, dio a luz en un centro clandestino de detención. El bebé se lo apropió el régimen. A ella la mataron. 

En plena dictadura, una foto sonriente de Gabriela llegó a la embajada de España en Buenos Aires. Junto a la imagen había una nota escrita a mano por sus familiares junto al sello de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo que hace ahora 45 años empezó a movilizarse para tratar de encontrar a otras tantas Gabrielas que habían caído en manos de esos mismos salvajes. 

Las Madres movieron cielo y tierra. Golpearon despachos y recorrieron, una y otra vez, la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa Rosada. En ese edificio, sede del Gobierno argentino, se encontraban desde el 24 de marzo de 1976 unos ilegítimos ocupantes, comandados por el militar Jorge Rafael Videla.

Ellos, los golpistas, diseñaron y encabezaron un régimen de terror que deparó secuestros, torturas, lanzamientos de personas vivas al mar y robo de bebés. Ellas, las madres de las víctimas, acudieron también a las embajadas europeas para tratar de encontrar apoyo en esa búsqueda de vida o muerte.

La delegación diplomática de España, una España recién salida de la dictadura franquista que el 24 de marzo de 1976 se apresuró a reconocer oficialmente a la dictadura de Videla –fue, de hecho, el primer Estado que tuvo ese gesto de apoyo hacia los golpistas–, fue uno de los centros neurálgicos de las gestiones realizadas por Madres de Plaza de Mayo en el ámbito diplomático. 

La búsqueda de apoyo se plasmó en cientos de textos y fotos como el que figura junto a la imagen de Gabriela Carriquiriborde. Coincidiendo con el 45 aniversario de la primera marcha de las Madres, Público ha tenido acceso a un largo listado de cartas, fichas y otros documentos relacionados con las gestiones realizadas por aquellas mujeres ante las autoridades españolas. 

Las notas destilan una mezcla de formalismo burocrático, con datos detallados de las víctimas, y una desesperación imposible de ocultar. "El día 22 de junio de 1976, a las 5.00 más o menos, Fuerzas de Seguridad uniformadas se llevaron de mi casa sito en (...) a mi hijo Claudio Nicolás Grandi y a mi nuera María Cristina Cournour de Grandi, quien en ese momento estaba embarazada de cuatro meses", dice una carta escrita a máquina por Julia Josefa Rebollo. 

La mujer resumía cada uno de los pasos que había dado para tratar de saber dónde estaban. "He recorrido juzgados, institutos de menores, unidades carcelarias, cuarteles pertenecientes a las tres armas. Me he entrevistado con personalidades civiles, militares y eclesiásticas. He escrito numerosas cartas, entre ellas al Santo Padre", relataba. 

Las autoridades diplomáticas españolas guardaban esas cartas, hacían gestiones –en muchos casos simbólicas, en otros completamente inútiles– ante la dictadura militar y remitían informes al Gobierno español, entonces en manos de Adolfo Suárez.

El diplomático español Enrique Pérez Hernández, quien entre 1976 y 1981 estuvo al frente de la delegación de este país en Argentina, llegó a mantener reuniones con altos responsables de la dictadura. Según consta en un documento que obra en poder de Público, el 26 de mayo de 1978 se entrevistó con el general Albano Harguindeguy, quien ocupaba el puesto de ministro del Interior en el régimen de Videla.

Pérez Hernández planteó en esa reunión los casos de cinco españoles que se encontraban en la categoría de "detenidos gubernativos", lo que significaba que no estaban desaparecidos y, por tanto, tenían mayor margen de salir vivos del infierno.

"Hallé al general Harguindeguy reticente y poco comunicativo respecto a mis demandas. Después de escuchar mis argumentos me dijo: Procuraré darle satisfacción para la nueva fecha en que su presidente y su ministro de exteriores vengan a Buenos Aires", describió el embajador en su informe. 

La decisión de Juan Carlos I

Ni el presidente ni el ministro de Exteriores viajaron a Buenos Aires, pero sí lo hizo el rey Juan Carlos I junto a la reina Sofía. La visita oficial de los monarcas a la dictadura de Videla tuvo lugar en noviembre de 1978, un momento en el que las atrocidades del régimen eran conocidas ya a nivel internacional. 

Los reyes mantuvieron su decisión de viajar a Buenos Aires pese a los reclamos formulados por la oposición e, incluso, por el prestigioso abogado argentino Emilio Mignone, padre de una joven secuestrada y desaparecida en 1976. 

A mediados de 1978, Mignone realizó una gira por Europa –que incluyó España– para denunciar la grave situación que atravesaba Argentina. Según detalla un documento de la embajada de EEUU en Buenos Aires, durante su paso por Madrid "se reunió con asesores del rey español", que le transmitieron que el monarca "estaba debatiendo no ir a Argentina a causa de los problemas de derechos  humanos, pero en su lugar enviar al presidente", Adolfo Suárez.

De hecho, Mignone "redactó un memorándum dirigido al rey detallando las razones por las que no debería hacer planes para visitar Argentina". No sirvió de nada: el domingo 26 de noviembre de 1978, Juan Carlos y Sofía aterrizaban en Buenos Aires y estrechaban la mano de Videla, un dictador sediento de apoyos internacionales que le ayudaran a blanquear su imagen. 

Apoyo a la dictadura

En el marco de aquella visita, el dictador y los reyes cerraron varios acuerdos de colaboración recíproca que reforzaban los lazos ya vigentes: en julio de 1976, mientras Videla ordenaba secuestros y torturas, Juan Carlos I hizo las gestiones necesarias para que el ministro de Economía de la dictadura argentina, José Alfredo Martínez de Hoz, tuviese "la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales", según consta en el memorándum de una reunión previa entre el rey y el embajador argentino en Madrid, Leandro Anaya.

A finales de ese mismo año, el Gobierno de España y la dictadura de Videla acordaron "poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera" por el cual España vendería a Argentina bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales por un valor global de 290 millones de dólares.

Por su parte, el Banco Exterior de España otorgó una línea especial de crédito que permitiría "amparar compras argentinas por un valor máximo de 150 millones de dólares". Además, España ofrecía otro crédito "en condiciones concesionarias por valor de 50 millones de dólares".

"Parte de este crédito será utilizado para colaborar en el desarrollo de la industria naval argentina", señala uno de los documentos redactados entonces. En ese momento, Gabriela Carriquiriborde, la joven a la que se llevaron cuando estaba embarazada de seis meses, engrosaba ya el largo listado de desaparecidas.