Cuatro décadas después de que el rey Juan Carlos I premiase al salvaje dictador argentino Jorge Rafael Videla, el Congreso ha dado el primer paso para tratar de conseguir que el Estado borre de una vez y para siempre tanto esa distinción como otras medallas otorgadas a dictadores de similar calibre. A instancias de Unidas Podemos, la Comisión Constitucional de la Cámara Baja ha sacado adelante una iniciativa en ese sentido. 

En la reunión celebrada este jueves, la referida comisión parlamentaria ha aprobado una iniciativa de la coalición de izquierdas que insta al Gobierno a que "proceda a la revisión y retirada de las condecoraciones y distinciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios y a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o actos delictivos que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales". 

La propuesta fue defendida por el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, cuyo padre fue precisamente secuestrado y desaparecido por la dictadura de Videla. En su intervención, el representante de la coalición de izquierdas recordó que en 1978 "el rey Juan Carlos, a las puertas de un viaje a Argentina, concedió al dictador Jorge Rafael Videla el Collar de Isabel la Católica, cuando ya llevaba dos años y ocho meses al frente de un régimen de terror que secuestraba, torturaba y asesinaba a estudiantes, religiosos, sindicalistas o disidentes políticos".

"No es el único caso. También recibieron distinciones firmadas o entregadas por el propio rey dictadores crueles como Gregorio Álvarez en Uruguay, Francisco Morales Bermúdez en Perú o Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial", afirmó Pisarello, quien también puso el foco en los escándalos que rodean al exmonarca. "Hace unas semanas supimos que el fiscal del Tribunal Supremo sostenía en una rogatoria a Suiza que el rey Juan Carlos de Borbón había actuado como comisionista internacional", recordó.

En esa línea, destacó que "una de las irregularidades que se le atribuían es haber recibido 65 millones de euros por parte del rey Abdulá de Arabia Saudí en una cuenta privada". "Poco antes de recibir ese dinero Juan Carlos I concedió al rey saudí el Collar de la Insignie Orden del Toisón de Oro sin consultar al Gobierno y sin preocuparle que se tratase de un monarca integrista impulsor del régimen talibán", afirmó.

"¿Cómo puede ser que las normas que regulan estas distinciones no tengan ninguna salvaguarda en materia de derechos humanos para casos tan escandalosos?", se preguntó Pisarello, quien también denunció que "la lista de funcionarios franquistas acusados de delitos de lesa humanidad y todavía hoy condecorados es interminable". 

La propuesta dirigida a instar al Gobierno a retirar todas esas condecoraciones ha salido adelante con los votos de Unidas Podemos, PSOE, EH Bildu, ERC y Ciudadanos, mientras que el PP ha anunciado su abstención y Vox se ha mostrado radicalmente en contra.

"Jefes de estado"

En su justificación, el diputado popular Jaime Mateu se refirió a los dictadores condecorados por Juan Carlos I como "jefes de estado" a los que prefería "no mencionar para no ensuciar a los ciudadanos de esos países". Seguido, sostuvo que los premios condecorados a dictadores como Videla "iban dirigidos al hermanamiento con los ciudadanos de esas naciones".

"Es indignante que ustedes tengan la desvergüenza de dudar del fuerte sentimiento democrático que tuvieron los presidentes que en aquellos momentos regían los destinos de España, los señores Suárez y González", agregó Mateu.  

El representante del PP sostuvo además que en la proposición de Unidas Podemos "late un ataque contra el espíritu de reconciliación y concordia de la transición". "Ustedes con estos temas despiertan ese espíritu de Guerracivilismo", afirmó.

Medallas de la vergüenza

Las distinciones repartidas por Juan Carlos I en 1978 no solo estuvieron dirigidas a Videla, sino que también alcanzaron a otros altos cargos de la dictadura argentina. Entre ellos se encontraba el almirante Emilio Eduardo Massera, otro de los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por ese régimen entre 1976 y 1983. Pese a lo que indica el reglamento de la Orden de Isabel la Católica, los familiares de los genocidas premiados con ese collar no devolvieron las distinciones tras sus respectivos fallecimientos.