El veto de la Comunidad de Madrid a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la subsiguiente prohibición de que ésta visitara el instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno, en el distrito madrileño de San Blas, donde la ministra tenía previsto dar una charla sobre igualdad con motivo del 8M, ha suscitado una enorme polémica política que se ha proyectado a todo el país.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, e incluso desde el Ayuntamiento –el alcalde José Luis Martínea-Almeida también ha terciado en la polémica–, se argumenta que lo que realmente se ha impedido es un ejercicio de adoctrinamiento.

Para justificar su decisión, el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, acusó este martes al Ministerio de Igualdad de actuar con "total deslealtad" con la Comunidad de Madrid por no comunicarle claramente el contenido del acto que pretendía llevar a cabo en el instituto de Educación Secundaria Gómez Moreno, y subrayó que "los centros educativos están para aprender, no para adoctrinar".

Sumándose a ese ataque, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, mientras tanto, celebraba que la ministra de Igualdad no fuese a dar una charla que sería "especialmente nociva" para los alumnos del instituto madrileño.

Desde la izquierda el rechazo a la actitud del PP es total. El PSOE, Unidas Podemos y otros partidos como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís, consideran "inaceptable" que la Comunidad de Madrid vete a la ministra de Igualdad. Todas estas fuerzas políticas creen que "el sectarismo" parte del PP y del propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Además del adoctrinamiento, el PP se ampara en supuestas razones de seguridad en tiempos de pandemia. La Consejería de Educación alega que no se cumplieron con los trámites administrativos preceptivos, como documentar de manera correcta la duración del acto y el número de personas que acudirían, lo que podría haber supuesto vulneración de los protocolos contra la covid.

Las razones aportadas por el PP para prohibir el acto de Irene Montero en el instituto no son creíbles. Ni por el lado de la seguridad ni por el lado del adoctrinamiento.

Por lo que respecta a los protocolos de seguridad, la propia Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno de San Blas-Canillejas, el cento que invitó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que se comunicó con antelación a la Consejería de Educación el lugar de celebración del acto, al aire libre, así como el número de participantes y la programación, "al contrario de lo que se ha dicho".

Además, las visitas de representantes políticos a centros educativos son algo normal desde hace ya muchos años, como recuerda Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid y ella misma profesora. Es más, la sindicalista recuerda que hace apenas tres días, el pasado 6 de marzo, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, visitó el instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y la Comunidad no dijo absolutamente nada. Incluso el alcalde de Madrid visitó el pasado 2 de febrero otro instituto.

Doble rasero

Galvín denuncia el doble rasero aplicado por el Gobierno de la Isabel Díaz Ayuso y sostiene que esta decisión "es una actuación que no sólo vulnera la libertad de cátedra del centro educativo, sino que además, no se corresponde con la actuación que tiene el Gobierno de Madrid respecto a sí mismo".

En ese sentido, Galvín recuerda que si aplicara siempre el criterio de la Comunidad de Madrid, entonces ningún político podría visitar un centro educativo nunca más.

Es más, la representante de CCOO también apunta que las visitas del propio consejero Ossorio y de la presidenta Díaz Ayuso a centros escolares y educativos han sido habituales en esta legislatura y que nadie les ha acusado de adoctrinamiento. "¿Si van Ossorio o Ayuso a un instituto no adoctrina y si va la ministra Montero sí? Esta polémica forma parte de algo más grande, de cómo se gobierna en Madrid y cómo se gestiona la educación, que es enfrentándose al Gobierno de España. No saben hacer otra cosa. Por eso esta decisión es gravísima", apunta Isabel Galvín.

La representante de CCOO explica que la visita de Montero al instituto de San Blas estaba programada con antelación, era totalmente pertinente y cumplía todos los requisitos que marca la ley para este tipo de actividades, llamadas "actividades complementarias".

"Esta era una vista de carácter institucional para reunirse con la comisión de igualdad del centro. Además, en este caso coincide con el 50º aniversario del centro. Era totalmente relevante pues era una actividad que estaba amparada en el proyecto educativo del instituto y se han seguido todos los procedimientos que la norma establece para este tipo de actividades complementarias. Defendemos el trabajo realizado por el equipo docente del centro y desde luego no vamos a permitir que la Consejería de Educación ponga en cuestión lo que ha hecho el instituto Gómez Moreno". Galvín señala, además, que el instituto Gómez Moreno pertenece desde hace muchos años a la red de centros educativos por la igualdad. 

Sin querer entrar al fondo de la polémica, desde la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, señala algo que desmonta el segundo argumento de la Comunidad de Madrid, el del que no se cumplió con los trámites administrativos. "En general, este tipo de charlas han pasado por las programaciones generales anuales, por las tutoras y los tutores y por el equipo directivo del centro. Suele haber una total transparencia en este tipo de actividades complementarias y en el caso de Montero, imagino que habrá pasado por los mismos trámites que tienen que pasar todas las demás".

Morillas, al igual que Galvín, señala que este tipo de actividades complementarias forman parte del proceso de formación del alumnado: "Los alumnos tienen el derecho a formarse con ese tipo de actividades complementarias que se han realizado toda la vida y que pasan por los controles que han de pasar".

Desarrollar el pensamiento crítico

Para Galvín se trata de desarrollar la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos. "Lo que dicen nuestra leyes en cuanto al pensamiento crítico también está claro: los actuales estudiantes, futuros ciudadanos, deben tener un acceso a una pluralidad de ideas y de actuaciones. me parece muy grave pensar que por un diálogo con una ministra ya se está adoctrinando".

"En los centros educativos se aprende a convivir con otros y a desarrollar ese pensamiento crítico. Estamos en una sociedad democrática. Las actuaciones en materia de igualdad de hombres y mujeres forman parte no solo de las obligaciones, sino también de los derechos de los centros educativos para desarrollar el curriculum oficial. Por eso, me parece extraordinariamente grave que se desde una comunidad autónoma se vete a una ministra que ha sido elegida y nombrada de forma absolutamente legítima y democrática", añade Galvín.

La representante sindical sospecha que en el trasfondo de esta polémica subyace el declarado "antifeminismo" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "¿Harían lo mismo si el ministro de Ciencia visitara un centro donde se impartiera robótica? ¿Se consideraría una injerencia política? Aquí sale a relucir el antifeminismo del Gobierno de Madrid. Esa es la gran pregunta que yo me hago: ¿No se puede hablar de feminismo en las aulas? ¿Hablar de igualdad es adoctrinar? Porque si hablar de derechos recogidos en la Constitución es adoctrinar entonces, ¿debemos considerar que el Gobierno de Madrid se sitúa fuera de la Constitución?".

Galvín se responde a sí misma, sin dejar el más mínimo margen a la duda: "Hablar de derechos y de libertades no es adoctrinar. Lo que adoctrina es la religión porque en sí misma es una doctrina", concluye.