Sin una revisión de la ley de financiación autonómica, sin Presupuestos Generales del Estado y sin acuerdos importantes sobre la distribución territorial y sectorial de los fondos europeos de la covid; así es como afronta el denominado Estado de las autonomías las consecuencias económicas de la pandemia. Este es el diagnóstico de varios de los autores que han elaborado el Informe 2019 de las Comunidades Autónomas impulsado por el Observatorio de Derecho Público de Barcelona.

Para estos expertos en Derecho Constitucional, el sistema autonómico funciona, pero la falta de consensos, derivada en parte de la inestabilidad política vivida en los últimos años, está ralentizando las reformas y compromisos necesarios para activar los engranajes de una "cogobernanza" que, a su juicio, ha dado buenos resultados a la hora de afrontar la pandemia.

El citado informe recoge un extenso estudio sobre la actividad de las comunidades, así como un análisis y comparación de sus relaciones con el Gobierno central y las Cortes Generales en 2019 (leyes aprobadas, gobiernos minoritarios y de coalición frente a gobiernos de mayoría absoluta, vigencia de sus presupuestos...). Como sus propios autores indican, la covid-19 ha roto cualquier previsión o comparación que se pueda realizar sobre el sistema autonómico entre el año anterior y 2020 y, por lo tanto, desborda algunas reflexiones que contiene el texto.

Sin embargo, algunos de los 'defectos' y problemáticas que se van a tener que afrontar respecto a las consecuencias del coronavirus, ya existían en 2019, y fueron detectados por el informe, elaborado por más de 30 expertos de diferentes universidades del Estado, y que este año cumple 30 años.

"El 2019 ha sido un raro año electoral que ha tenido hasta tres legislaturas. Ha habido una parálisis en el impulso del Estado autonómico, no del Estado autonómico, ya que no se han aprobado apenas leyes con impacto territorial. No se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, cuatro veces prorrogados en cuatro años, lo que ha retrasado la aprobación de los presupuestos de las comunidades autónomas, ya que no se sabía si podían recibir o no anticipos. Esto es insostenible", explica Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Manuel Medina asegura que existe una relación directa entre la inestabilidad política y algunos de los problemas de financiación de las comunidades autónomas: "De la inestabilidad política deriva la práctica imposibilidad de aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado, sobre todo cuando el Gobierno ha estado en funciones. Las prórrogas presupuestarias durante años afectan e inciden directamente en el sistema de financiación autonómico".

El experto explica que las autonomías se nutren, principalmente, de dos fuentes de financiación: "los impuestos parcialmente compartidos entre Estado y comunidades autónomas, y unas transferencias presupuestarias del Estado que adoptan la forma de fondos de garantía y de suficiencia". Estas vías de financiación se articulan en base a un "régimen de entregas a cuenta y liquidación; lo que reciben las comunidades es lo que se espera recaudar de esas figuras impositivas durante el año en cuestión".

"Tenemos que decirle a Europa en qué queremos gastar"

Uno de los problemas de la financiación autonómica derivado de la covid se producirá en la llamada fase de "liquidación", cuando las comunidades tengan que "retornar" el "exceso de financiación" si han recibido más dinero de las transferencias presupuestarias del que pensaban recaudar. "En el año 2020 se prevé un hundimiento de la recaudación, y el sistema va a permitir que a corto plazo las comunidades no lo noten. Sin embargo, se dará un grave problema cuando dentro de dos años a las autonomías les toque hacer la liquidación", añade Medina.

La ausencia de un modelo de financiación autonómica actualizado y la falta de Presupuestos Generales del Estado (que arrastra los efectos negativos que la ausencia de cuentas ha provocado al sistema autonómico en los últimos años) son dos de los tres ejes que pueden terminar lastrando el reparto de los fondos europeos de la covid, cuya cuantía y distribución se decidirá a finales de julio.

La tercera pata del problema económico que se avecina para las comunidades es la falta de un acuerdo para territorializar y sectorializar los fondos cuando los reciba el Estado. "De los anteriores rescates hemos aprendido lo que no hay que hacer. La condicionalidad (de los rescates) hace 10 o 12 años estaba asociada a recortes de derechos. El sentido debería ser el contrario, el de una condicionalidad para que se utilicen bien los fondos, de manera inteligente. Y es ahí donde será necesaria la colaboración y el acuerdo entre Estado y comunidades autónomas, para apuntar a las prioridades, para decirle a Europa en qué queremos gastar", defiende Javier Donaire, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

"No es un problema de diseño institucional, es un problema de cultura política. El escenario en el que os movemos no tiene nada que ver con rescates pasados. No nos podemos permitir entrar a 2020 sin Presupuestos. Es un fracaso absoluto e imperdonable de la clase política española", insiste Manuel Medina.

Para estos expertos, la prueba de que el problema es la falta de acuerdos políticos y no el diseño territorial del Estado es que el sistema autonómico ha superado la prueba de la covid-19 y del estado de alarma. "El estado autonómico funciona y la forma en la que hemos afrontado la pandemia es buena, óptima. La alarma funciona si hay contrapesos: un control parlamentario, un control judicial y el límite desde el Estado autonómico. Ha hecho falta una coordinación entre el Estado y las comunidades", asegura Javier García Roca.

Para el experto en Derecho Constitucional, "el Estado autonómico ha ofrecido una ventaja: la federalización de la desescalada, porque la situación no era la misma en Canarias que en La Rioja. Con unos criterios epidemiológicos comunes a la Unión Europea se demuestra que España es un país plural y distinto".

"La gestión de la sanidad compete a las comunidades. El estado de alarma permite una gestión centralizada, que es lo que se hizo al principio, pero la desescalada se asocia a las comunidades autónomas. Quien está más cerca de, por ejemplo, la isla de Lanzarote es el Gobierno autonómico, que tiene la infraestructura sanitaria, y la gestión de la red es potestad de las comunidades autónomas. El acercamiento de la gestión ha sido una ventaja", concluye Javier Donaire.