Enfrentar a la Fiscalía y afearle sus formas con los ciudadanos catalanes, criticar el cinismo del Gobierno de Mariano Rajoy al repartir carnets de constitucionalista... o describirse como un "preso político" que rechaza la violencia "por ideología” y por “pragmatismo". Jordi Turull, exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, y Raül Romeva, extitular de Exteriores, han escenificado este martes sus respectivas estrategias de defensa en la cuarta jornada del juicio al procés, que alberga la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo.

Y, como ocurriera en los interrogatorios de la semana pasada con Forn y Junqueras, mientras Turull ha optado por enfrentar las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado,  Romeva ha decido responder únicamente a su abogado. Ambos lo han hecho en castellano, se han referido a la naturaleza política del juicio y han negado que hubiera violencia en el procés, así como que se emplearan fondos públicos en la celebración del referéndum del 1-O, en campañas propagandísticas -dos claves para rebatir los delitos de rebelión y malversación-, e incluso en actos de las llamadas embajadas catalanas, para promocionar la consulta.

También han rechazado que la declaración unilateral de independencia (DUI) tuviera una carga más allá de lo simbólico: fue "una expresión política", para Turull, un "mandato político" para entablar "una negociación multilateral", en palabras de Romeva. Niegan haber cometido delito alguno al ejecutar la hoja de ruta soberanista: sostienen que votar no puede ser delito, en virtud del derecho de autodeterminación, y que en cualquier caso les amparaba su inviolabilidad parlamentaria. Divulgaron sus pasos públicamente, los recogieron en los programas electorales de 2015 y 2017, con los que lograron sendas mayorías en el Parlament de Catalunya, y por tanto nunca actuaron secretamente. No hubo conspiración para lograr la independencia a cualquier precio, sostenían.

Con todo, la mañana de esta cuarta sesión ha sido algo más tensa de lo habitual hasta la fecha. El presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena, ha intervenido en una decena de ocasiones durante la jornada, bien para pedir concisión a Turull, para exigir a la Fiscalía que concretase sus preguntas o que avanzase en el interrogatorio, o incluso para rechazar un par de peticiones de las defensas.

El juicio se retoma este miércoles con la declaración de Josep Rull, inicialmente prevista para esta jornada. Habida cuenta de este retraso, y de que el Supremo ha decidido citar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a otros 19 testigos para la semana que viene, parece evidente que el Alto Tribunal habilitará más días para celebrar interrogatorios en esta misma semana. Aún deben comparecer otros 8 acusados antes de que tomen la palabra los testigos, y para ello sólo están agendadas las sesiones del miércoles y el jueves.

Turull: "Ponerte el traje de constitucionalista es un chollo, te permite incumplir la Constitución"

La declaración del exconseller de Presidència se ha prolongado durante cerca de tres horas y media. Turull ha tenido varios rifirrafes con el fiscal Jaime Moreno, ha sido reprendido por Marchena por "hacer valoraciones" que no respondían a las preguntas del Ministerio Público, y ha despachado en apenas media hora las cuestiones de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que está teniendo un perfil muy bajo, en ocasiones criticado.

En su rol de fajador, Turull ha reprochado al Supremo que haya permitido que permanezca "un año en la cárcel" por "un auto [del Tribunal Constitucional] que no merece reproche penal", mientras el Gobierno central "incumple todas las sentencias del Constitucional, y aquí no pasada nada". "Ponerte el traje de constitucionalista es un chollo, porque te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana", disparaba.

Antes, al arranque de su intervención, el exconseller afeaba a la Fiscalía que haya usado expresiones "en tono acusatorio" en el marco del juicio, en lo que considera "una auténtica falta de respeto a los ciudadanos catalanes". "Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas ni son gente militarizada". "La gente, sea independentista o no, de izquierdas o de derechas, la gente tiene criterio", criticaba al Ministerio Público.

En la misma línea, Turull argumentaba que intentaron lograr un referéndum pactado "hasta el último minuto, y que concibe la DUI como una mera "expresión de voluntad política", acorde con el "sentir mayoritario del pueblo catalán". El referéndum del 1-O fue convocado en base a un "ejercicio de ponderación" entre las resoluciones del Tribunal Constitucional y otras instancias y el "compromiso" del Govern con los ciudadanos catalanes", según este relato.

Y, sobre la supuesta violencia que intentan asociar al procés la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por los ultraderechistas de Vox, Turull ha señalado a la Guardia Civil y la Policía por su actuación el 1-O: "Fue desproporcionada no, lo siguiente". Por ende, tilda el relato del Ministerio Público sobre la violencia en el procés de "delirante”.

Romeva: "Las únicas armas han sido las de la policía" 

"Delirante" es también, según Romeva, que les acusen de malversación por utilizar dinero público en actuaciones "lícitas". En este punto, como en la mayoría de intervención, versiona la estrategia ya escenificada por Oriol Junqueras, en su declaración del pasado jueves: "¿Cómo puede ser ilícito hacer una conferencia en el Parlamento Europeo?", argumentaba Romeva. "No puede ser que cualquier conferencia, charla, sea computada como cualquier coste asociado a un referéndum", defendió Junqueras.

Básicamente ha habido dos grandes diferencias entre sus intervenciones, ya que ambos comparten defensa: el equipo legal que lidera Andreu Van den Eynde, el letrado que ha interrogado a ambos. La primera es que Junqueras se reivindicó indirectamente como el líder moral del independentismo, frente a un expresident Carles Puigdemont huido, aún en Bélgica. La segunda es que Junqueras no entró a valorar la DUI como una iniciativa simbólica; el exvicepresident evitó concretar más, pero los otros tres procesados ya han sido claros en este punto: era un símbolo, una expresión “política”.

Y, como Junqueras, Romeva se ha presentado como un "preso político". Ha repasado su trayectoria desde que empezó a ostentar “responsabilidades institucionales” -no quiere hablar de una “carrera política”-, e incluso los títulos de algunos de sus libros, para perfilarse como un pacifista convencido. Lo es desde un punto de vista "ideológico", pero también "pragmático", y se describe como un político que primero es demócrata, luego republicano, y después "está independentista", que diría el exvicepresident.

Además, negaba "rotundamente", como el resto de procesados, que haya habido violencia en el procés: "Ante la represión, no violencia", "No solamente no es deseable, sino que es del todo descartable, y francamente poco inteligente", incidía. "Las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil", decía, en referencia al 1-0: "No se encuadra en absoluto en el comportamiento de lo que debíamos entender como una Policía democrática en un país democrático", apuntaba.

En este sentido, y aunque más sutilmente que Turull, Romeva también ha cuestionado el relato de las acusaciones. No aprecia violencia en la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía, donde sólo vio "una manifestación" pacífica, y no "un alzamiento", como defiende la Fiscalía. Añade que tampoco se pueden extender los daños causados a los vehículos de la Guardia Civil -"Una responsabilidad individual"- a una protesta pacífica de miles de personas, con el único fin de desvirtuarla.

Del expresident recuperaba también el llamamiento a dejar este problema político en este terreno-"Devuelvan esta carpeta a la política"-, y la figura de la "silla" del Estado vacía ante los intentos del soberanismo por negociar, si bien se atrevía a versionarla. ”Queríamos dialogar, pero siempre encontrábamos enfrente sillas vacías, teléfonos colgados y puertas cerradas", zanjaba.