Aún hay muchas cosas que se desconocen del caso Pegasus pero lo que está claro es que no sería la primera vez que el Estado se saltase la legalidad y operase al margen de los mecanismos democráticos.

Uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro país fue la organización de un grupo terrorista, los GAL, que llevó a cabo atentados y asesinatos.

A mediados de los 90, Manuel Vázquez Montalbán publica "Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos", que retrata el poder que se condensa en Madrid visto desde la periferia y dedica un capítulo entero a entrevistar a Felipe González.

Hay un fragmento de esta entrevista de Montalbán que es interesante recuperar. Felipe González, al ser preguntado por el terrorismo de Estado y la responsabilidad de un mando del Ejército responde: "este hombre, desde una zona del Estado en la que siempre hay una cierta opacidad y un cierto juego sucio, ha prestado servicios a la democracia tan impagables como para permitir que estemos tomando aquí una copa y un café y charlando sobre el secreto de Estado".

Otro momento en el que el Estado renunció al derecho se produjo en 2012 con la organización de una "policía política". El Ministerio del Interior de Fernández Díaz, creó una estructura policial bajo las instrucciones del que fuera director general de la Policía Nacional y su ex director adjunto: Cosidó Gutiérrez y Eugenio Pino. El objetivo: obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular por un lado y perseguir a adversarios políticos por otro. Mediante esta guerra sucia, Fernández Díaz investigó y fabricó pruebas falsas contra Podemos y el independentismo que luego filtraba a medios de comunicación afines.

La comisión del Congreso de los Diputados que investigó la "policía patriótica" de Fernández Díaz fue taxativa. Cito literalmente, que la organización de esta estructura policial supuso "una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".

Pero no es la única ocasión en la que se han utilizado recursos públicos para espiar adversarios políticos con fines partidistas. La derecha ha utilizado el Estado también para librar sus propias guerras intestinas. Recordemos que tal y como desveló la investigación de la operación Kitchen, el Partido Popular de Rajoy y Cospedal espió ilegalmente a su extesorero, Luis Bárcenas, para tapar la trama Gürtel.

Aunque todavía no está clara la procedencia del espionaje y puede que nunca se sepa con certeza, hay una serie de indicios que apuntan hacia una posible responsabilidad de los aparatos del Estado.

Primero. Teóricamente la empresa israelí proveedora de Pegasus sólo vende su software espía a autoridades policiales y organismos estatales.

Segundo. Según desveló el diario Público, el software de espionaje Pegasus fue adquirido ilegalmente ya en 2014 por el entonces Director Adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, y su jefe de Gabinete, José Ángel Fuentes Gago.

Tercero. El CNI ha admitido al diario El País el uso de Pegasus y el espionaje "individualizado y con control judicial" de políticos independentistas.

Cuarto. Moncloa sólo ha decidido contar que Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados con Pegasus, después de que The New Yorker hiciera público el espionaje al independentismo catalán. Sin embargo, se niegan a ir más allá en las investigaciones y el PSOE, junto al PP, ha vetado hoy la investigación sobre el espionaje en el Congreso.

Quinto y último. La ministra Robles dijo en el Senado que no se había espiado a nadie y que "el Gobierno cumplía estrictamente la legalidad", pero unas horas después en el Congreso justificó el espionaje por las actuaciones de los independentistas durante el Procés.