La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por el exterminio del partido Unión Patriótica. La sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia, ha declarado que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos de más de seis mil integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica desde mediados de los años 80 y durante más de dos décadas.

Estas seis mil víctimas incluyen los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, asesinatos, torturas, atentados o tentativas de homicidio y judicializaciones indebidas. Tal y como detalla la sentencia, los actos cometidos por el Estado, "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".

Pero cuando las Farc abandonaron la vía armada para hacer política institucional a través de la Unión Patriótica les masacraron. Como consecuencia de su rápido ascenso, surgió una alianza entre grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y narcotraficantes para acabar con ellos. Tal y como contábamos, más de 6.000 militantes del partido fueron asesinados entre 1984 y 2006. Entre ellos dos candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales y alcaldes, y miles de militantes.

El Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha concluido que en el caso existe una responsabilidad internacional del Estado y que el exterminio sistemático contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica configura un crimen de lesa humanidad.

La sentencia establece que el Estado colombiano es responsable por la violación a los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos del niño y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por las ejecuciones, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamientos y desplazamiento.

Además, vulneró la libertad de expresión, la libertad de asociación y derechos políticos de las víctimas, ya que su actividad política fue obstaculizada por la violencia tanto física como simbólica en contra del partido que era calificado como un "enemigo interno", tal y como dice la sentencia.

En 2021, el entonces director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reconoció la responsabilidad internacional del Estado Colombiano en la violación de los derechos de 219 miembros de la Unión Patriótica ante la Corte Interamericana. La cifra quedaba lejos de las 6.000 víctimas que contemplaba la demanda, pero el Estado colombiano estaba asumiendo, (al menos parcialmente), su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica.

En septiembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos, reconoció también la responsabilidad del Estado Colombiano respecto a lo ocurrido con la Unión Patriótica en un acto público celebrado ante miembros y supervivientes del exterminio. Vamos a escucharle: La sentencia ordena las siguientes medidas de reparación: Uno, reabrir todas las causas y concluirlas en un plazo no mayor de dos años. Dos, determinar el paradero de las víctimas desaparecidas.

Tres, facilitar tratamiento médico y psicológico a las víctimas. Cuatro, realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional. Cinco, llevar a cabo una serie de acciones memorialísticas: como construir un monumento en memoria de las víctimas, establecer un día nacional en su honor, colocar placas para recordarlas o realizar un documental que explique su exterminio.

Y seis, que el Estado Colombiano pague las indemnizaciones a las víctimas establecidas en la sentencia. En concreto, el Estado tendrá que pagar 55.000 dólares a cada una de las víctimas de desaparición forzada, 35.000 a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 20.000 a las de torturas y 5.000 a aquellos que sufrieron detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos o amenazas.

Tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo en Twitter: "El Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda", este "Estado asesino no debe retornar más". Además, Petro señaló la importancia de la Justicia internacional a la hora de juzgar crímenes contra la humanidad y la disposición del gobierno de apoyar el proceso para acabar con la impunidad.

De hecho, una de las propuestas de Petro es el proyecto de paz total: "He propuesto un pacto de paz que no solo es con grupos armados, sino con esa sociedad de los privilegios para que permitan las reformas que marquen un camino de mayor justicia social. Esa es la paz. Aun la mano está tendida. Pero no piensen que este gobierno se arrodilla", ha dicho a través de las redes sociales.

El pasado mes de octubre, la Cámara de Representantes aprobó con 125 votos a favor y 13 en contra, el proyecto de ley que permitirá que la paz total se convierta en una política de Estado. El senador colombiano Iván Cepeda, responsable de aterrizar la propuesta de paz de Petro, nos cuenta algunos puntos clave de este proyecto: por una parte, la inclusión del crimen organizado en la política de paz. Esto es importante porque en muchos territorios no sólo actúa la guerrilla, sino también cárteles de la droga que hasta ahora no estaban dentro de las negociaciones.

En segundo lugar, la ley eleva la cuestión de la paz a una política de Estado. Esto significa que todos los ministerios tendrán que definir una política pública al respecto que será coordinada por un Gabinete de Paz. En tercer lugar, abre la puerta a una alternativa al servicio militar obligatorio: un servicio social para la paz de un año de duración que incluiría apoyo a víctimas del conflicto armado, cuidado ambiental o asistencia a personas vulnerables.

Y, por último, la ley suspende las órdenes de captura de los dirigentes de los grupos armados y promueve la entrega de armas a cambio de una compensación económica. Tal y como denunció Naciones Unidas, durante las protestas contra la reforma fiscal del gobierno de Duque, se produjeron asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas. Aquellas jornadas se saldaron con 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y decenas de personas que, aún hoy, siguen desaparecidas.