La reunión que este lunes por la mañana ha celebrado la ejecutiva de Junts per Catalunya ha servido para aprobar la expulsión de la diputada en el Parlament Cristina Casol, próxima a la presidenta de la formación, Laura Borràs. La decisión, que se ha tomado en una ejecutiva plagada de tensión y en una votación dividida –según ha revelado la ACN ha contado con 29 votos a favor y 8 en contra–, dispara la división interna en Junts, fundamentalmente entre el sector más institucional o pragmático –que lidera el secretario general, Jordi Turull– y el unilateralista, que encabeza Borràs. Además, el grupo parlamentario de Junts pasará de 32 a 31 escaños, puesto que Casol ya había avanzado que no renunciaría al acta y, por lo tanto, pasará al grupo mixto una vez la dirección parlamentaria de Junts ejecute la expulsión.

El procedimiento interno contra Casol se abrió después de que la Oficina de Igualdad del Parlament archivara la denuncia por un supuesto caso de "acoso por razón de género" en el grupo que la diputada había presentado en noviembre. Cuando se conoció la denuncia, hasta 26 de los 32 diputados en el Parlament de Junts reclamaron la renuncia de Casol y rechazaron las acusaciones. A pesar de que el informe hablaba de "machismos" en el funcionamiento del grupo parlamentario, la cámara archivó la denuncia por falta de pruebas.

La expulsión de Casol debilita todavía más el sector próximo a Laura Borràs, que también está pendiente del desenlace del caso de Aurora Madaula, vicepresidenta del partido y secretaria segunda de la mesa del Parlament, que también ha denunciado acoso machista en el grupo parlamentario. Madaula formalizó la denuncia la semana pasada, pero había denunciado las supuestas prácticas machistas en Junts en una intervención pública en el pleno del Parlament del 25 de noviembre, cuando habló de violencia silenciosa.

Sus palabras provocaron un terremoto interno y dos tercios de los diputados del partido subscribieron un manifiesto en su contra, en el que también pedían su dimisión. El texto se elevó a la comisión de garantías de Junts. Incluso la presidenta del Parlament, Anna Erra, rehusó las acusaciones de Madaula y la invitó a "reflexionar" y a dar un "paso al lado". Desde entonces la diputada está de baja médica. Para los dirigentes críticos con Madaula y Casol, detrás las acusaciones está la no aceptación de la democracia interna: "La discrepancia política no se puede considerar nunca violencia institucional o machista", argumentaron.

Pérdida de peso de Borràs

Las dos denuncias provienen del sector afín a Laura Borràs, que está perdiendo peso en el partido de manera acelerada. La condena a prisión e inhabilitación de la presidenta del partido por las presuntas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) le comportó la pérdida de la presidencia de la cámara, donde fue relevada por Anna Erra, dirigente mucho más próxima a Jordi Turull.

Además, el acuerdo de investidura con el PSOE también la ha situado en un papel secundario. Borràs había forjado su liderazgo precisamente sobre un discurso muy duro contra los pactos que ERC mantuvo con los socialistas durante la legislatura anterior, y estuvo ausente en las negociaciones con los socialistas que culminaron con el pacto por la amnistía, entre otros. Unos acuerdos liderados por Carles Puigdemont y que suponen un giro estratégico de la formación. En los últimos meses otros miembros próximos a Borràs, como Francesc de Dalmases o Jaume Alonso-Cuevillas, también han perdido peso en la organización tras verse involucrados en polémicas o aprovechando reestructuraciones de cargos.

Todo ello dispara la división entre ciertos sectores de la formación y puede provocar que crezcan las voces que ya abogan por la celebración de un congreso extraordinario del partido, que permita reordenar la dirección después del cónclave realizado en verano de 2022.