MADRID.- La Lomce no garantiza la reducción de la tasa de abandono escolar temprano ni resuelve problemas como la segregación del alumnado. Así lo consideran los expertos del Comité designado [que no pagado] por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos, que denuncian, también, los recortes en Sanidad que han dejado a los inmigrantes irregulares fuera del disfrute del derecho a la salud.

En el documento —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que será publicado próximamente por la Editorial Tirant lo Blanch—, los docentes coordinados por el director del proyecto del Gobierno, Fernando Rey, constatan que el derecho a la educación está "razonablemente satisfecho" en España, pero también lamentan las "restricciones" que se han llevado a cabo en los últimos años utilizando como excusa "la actual coyuntura económica". 

Así, la profesora de la Universidad de Deusto Joana Abrisketa Uriarte recuerda, en el capítulo correspondiente de Los derechos humanos en España: un balance crítico, "el cierre de pequeños colegios, escuelas unitarias o aulas dependientes de centros agrupados en núcleos rurales"  así como la "reducción general de cuantías" y el "endurecimiento de los requisitos académicos" para la obtención de becas. Todos ellos, tijeretazos del ministro José Ignacio Wert en materia de Educación, "uno de los sectores más afectados por los recortes en el presupuesto". 

El Comité de la ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) advirtió, además, de que "las medidas regresivas adoptadas por el Estado, sobre todo las que incrementan las tasas universitarias, ponen en riesgo el acceso de las personas y grupos desfavorecidos y marginados a la educación universitaria". Del mismo modo, el Defensor del Pueblo criticó las "medidas que contribuyen a aumentar las cargas que soportan las economías familiares en lo que concierne, particularmente, a la adquisición de libros de texto y a la obtención de becas y las ayudas para comedor".

El informe recuerda el cierre de colegios, el aumento de las tasas universitarias y las dificultades de acceso a becas impuestas por Wert

Por otro lado, Abrisketa realiza un "análisis crítico de la Lomce" en el que , tras recopilar recomendaciones de distintos organismos nacionales e internacionales, concluye que la también denominada ley Wert no contribuye a resolver ciertos problemas del "derecho EN la educación". 

Para empezar, augura que no necesariamente contribuirá a conseguir el objetivo principal que la fundamenta: reducir la tasa de abandono escolar temprano. "La exposición de motivos de la Lomce explica que la flexibilización de las trayectorias persigue la eliminación de las 'rigideces del sistema' que llevan al abandono temprano. De modo que la Ley adelanta al tercer curso de la ESO la selección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato. Sin embargo, fijar la edad de los 15 años para elegir itinerario podría presentar dificultades a largo plazo", sentencia la experta.

Además, "el éxito de la permanencia en el centro educativo y, en consecuencia, de la disminución del abandono no puede ser impuesto por una Ley, ya que las causas del abandono temprano de la educación se encuentran especialmente en el entorno socioeconómico del menor". "La renta disponible en los hogares juega un papel clave en la continuidad de los estudios, ya que en las familias con rentas más bajas la tasa de abandono es más del triple que en las familias con mayor nivel de renta", agrega Abrisketa. 

"El éxito de la disminución del abandono no puede ser impuesto por una ley, ya que las causas [del mismo] se encuentran en el entorno socioeconómico del menor"

Además, la Lomce no corrige las "prácticas discriminatorias en el proceso de admisión que permiten a los colegios concertados seleccionar a los alumnos", Ello, unido a otras cuestiones como los criterios de admisión y "la insuficiente oferta de plazas educativas" agravan la segregación del alumnado, especialmente, gitano o inmigrante, esgrime la experta.

También las reválidas impuestas por José Ignacio Wert "contribuyen a que el alumnado que presenta necesidades educativas especiales se encuentre en una situación más vulnerable que el resto", hecho que aleja a la Lomce de convertir el sistema educativo en inclusivo para las personas con discapacidad o, simplemente, dificultades de aprendizaje. 

La crisis como excusa

Pero Wert no es el único que ha estado en el punto de mira de los expertos coordinados por Fernando Rey, que han completado este informe después de que éste dimitiera como director del Comité designado por el Gobierno. La exministra de Sanidad, Ana Mato, y su ley de racionalización del gasto sanitario también han sido criticados, en este caso, por la profesora de la universidad de Valencia Ángeles Solanes Corella. 

Insistiendo, como su compañera encargada del tema educativo y el Comité Europeo de Derechos Sociales, en que "la crisis económica no debe tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos reconocidos en la Carta Social Europea y no puede servir de pretexto para una restricción o denegación del acceso a la atención sanitaria", Solanes critica, precisamente, eso: la denegación del acceso de los inmigrantes irregulares a la sanidad pública española.

"La crisis no debe tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos; no puede servir de pretexto para denegar el acceso a la atención sanitaria"

"Sin menospreciar el avance que se ha dado en la última década en lo que a cobertura de la asistencia sanitaria pública y gratuita se refiere, no puede obviarse que siguen existiendo colectivos que tienen que financiar la atención en algunos casos aunque accedan a centros y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS)", recuerda. De hecho, la citada ley "modificó el artículo 12 de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social incorporando un retroceso en el ámbito de la asistencia sanitaria que ha dejado fuera del disfrute de este derecho a las personas en situación administrativa irregular".

Además, Solanes recopila otras medidas como el "copago en la prestación farmacéutica" o  el medicamentazo de Mato, que tienen su impacto "en colectivos especialmente vulnerables como el de los pensionistas, los enfermos crónicos o las personas con discapacidad".  "El derecho a la salud entraña una obligación clara de que los medicamentos estén disponibles y sean accesibles, aceptables y de buena calidad para que lleguen a las poblaciones que los necesitan en todo el mundo sin discriminación para que los países cumplan sus obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a la salud", cita la profesora a un relator de la ONU. Y ello habiendo concluido el informe antes de que se desatara la crisis de la Hepatitis C. 

A todo ello se unen los intentos de privatización de centros, el cierre de plantas de hospitales, la supresión en horario nocturno de Puntos de Atención Continuada (PAC) [urgencias extrahospitalarias] o la "insuficiente dotación de personal en centros de salud y la restricción de los existentes"; todos ellos recortes que "inevitablemente repercutirán a corto y largo plazo en la disminución de la calidad de las actuaciones del sistema sanitario", concluye la experta.