Remodelar los criterios de financiación, profesionalizar la gestión, mejorar la coordinación entre las distintas áreas sanitarias (Atención Primaria, Especializada, etc.), luchar contra las puertas giratorias y dotar al sistema de transparencia y normas de 'buen gobierno'. Estas son algunas de las propuestas que la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO quiere hacer al Gobierno tras haber analizado, en un informe presentado hoy, el gasto sanitario en España. 

En el documento, el sindicato denuncia el impacto que las medidas del PP, con Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad, está provocando en la sociedad. ¿La consecuencia más grave? El fin de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el aumento de las desigualdades sociales que de ello se derivan. Además, la organización cuantifica los recortes: 53.000 trabajadores sanitarios menos en dos años —cuyas consecuencias se dejan ver ya, por ejemplo, en la imposibilidad de reducir las listas de espera— y 873.000 inmigrantes sin papeles y, por lo tanto, sin tarjeta. 

Aunque el SNS presenta 'lagunas anteriores a la crisis', lo urgente ahora es, según el coordinador del informe, Fernando Puig-Samper, 'buscar medidas que permitan hacer lo mismo con recursos limitados', asumió, criticando el tijeretazo en el sector, que pasará de recibir un 9,3% del PIB a sólo un 5,4% en 2016, según las previsiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 'El reto será gestionar bien los recursos disponibles, sobre todo, cuando el sistema va a tener impulsores de gasto', añadió el experto. Especialmente, cuando factores como el envejecimiento de la población, el aumento del desempleo y el incremento de enfermedades crónicas están provocando un aumento en la demanda de asistencia sanitaria.

'Todo ello requiere más recursos, más inversión porque cuando se deteriora la asistencia sanitaria, se incrementan las desigualdades sociales', denunció el también responsable de política sanitaria de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO. 'El sistema público se basa en la igualdad; cuando esto falla, falla el sistema de redistribución social', agregó.

Por ello, en el sindicato no se explican la 'ilógica' medida de retirar la tarjeta sanitaria a las personas sin permiso de residencia ni la de 'expulsar a los españoles con rentas superiores a 100.000 euros  anuales, que 'son cuatro y el del tambor'', ironizó Puig-Samper. 'No tiene lógica ni económicamente, ni socialmente', añadió. 'El Real Decreto de abril de 2012 limita la asistencia sanitaria para inmigrantes sin papeles a las embarazadas, menores de 18 años y urgencias', recordó. 'Eso supone que personas con enfermedades contagiosas, dolencias graves, o incluso leves que podían ser tratadas en un centro de salud tengan que esperar a agravarlas para tratarlas en el hospital de mala manera', lamentó. ¿Traducción? 'Es llevar la asistencia de bajo coste a una de alto coste', especificó el autor del informe, incidiendo en la 'ilógica' del Ministerio en cuanto a sus motivos económicos. 

Otras de las medidas de Mato denunciadas por CCOO fue la de los copagos farmacéuticos. Y no por no estar de acuerdo con ellos, sino por la desigual distribución de los mismos. 'Los tramos son inexplicables: no contemplan rentas muy bajas que pueden estar en situación de colectivos que han sido excluidos del copago en farmacia y el salto de 18.000 a 100.000 euros tampoco se explica', ejemplificó Puig-Samper. De hecho, el informe plasma en un simple esquema una propuesta de mejora de esta medida:

Por otro lado, Puig-Samper lamentó la 'falta de evaluación' por parte del Ministerio del impacto sociosanitario —'y no sólo económico— de otras medidas como el medicamentazo de Mato o el nuevo copago en farmacia hospitalaria. '¿Por qué no introducir aquí límites mensuales que eviten que los pacientes crónicos y plurimedicados tengan un nivel de gasto importante, especialmente, si tienen rentas bajas?', se preguntó. Además, recordó que los mayores que ahora sí tienen que pagar por sus medicamentos recetados están reduciendo el consumo de los mismos y, aunque reconoció que era pronto para evaluar el impacto de esta cuestión, asumió que ya se ven los efectos de la medida.

'¿Alguien de Sanidad ha evaluado qué ocurre, en otros países, por ejemplo, cuando se dejan de financiar medicamentos como los anticonceptivos de última generación?', cuestionó de nuevo el autor del informe. Y se respondió: 'A lo mejor sí, pero nosotros no lo conocemos y aquí encontramos otro de los principales problemas del sistema: la falta de transparencia'. 

Por otro lado, y, sin querer entrar en la polémica sobre la privatización de hospitales en Madrid, Puig-Samper denunció el estancamiento presupuestario que se había producido en la sanidad pública mientras en la privada continúa en ascenso. 'Nuestra estructura de gasto sanitario es similar a la de otros países: el 73% corresponde a gasto público y el resto a gasto privado', detalló. Así fue, según el informe de CCOO, en 2011, cuando el gasto en Sanidad ascendió a 98.860 millones de euros.

'Gran parte de los servicios hospitalarios privados dependen de la financiación pública'

'El incremento en gasto sanitario público fue superior al privado. Hasta 2009. Desde 2010 ya no es así', sentenció el coordinador del estudio. 'El gasto privado ha mantenido el ritmo mientras que el público ha empezado a tener signos negativos', agregó. Y recordó también que hay servicios privados que dependen de todos: 'Gran parte de los servicios hospitalarios privados dependen de la financiación pública'.

'Según los datos de 2011, este desplazamiento de dinero de financiación pública pero provisión privada se elevaba a 22.855 millones de euros, casi una tercera parte del total del gasto sanitario. La mayor parte de este desplazamiento de la financiación pública a la provisión privada (12.421 millones) se da en el concepto de 'minoristas y otros proveedores de productos médicos', que incluye farmacias, ópticas, ayudas auditivas, otros accesorios médicos u otras ventas de productos farmacéuticos o médicos', reza también el informe.

Por último, el responsable de política sanitaria de la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO que dirige Carlos Bravo, también hizo un alegato contra las puertas giratorias que, lejos de servir para transmitir conocimientos, como en EEUU, por ejemplo, 'se convierten en connivencias de transmisión de intereses personales'. Para que eso no ocurra el sindicato propone dos soluciones: regular mejor el sistema de incompatibilidades y regular los lobbys para que no tengan tanta influencia sobre los poderes públicos.