El magistrado José Yusty, quien suspendió hace unas semanas de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha suspendido su actividad judicial al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid tras plantear la Abogacía del Estado un incidente de recusación, han informado fuentes jurídicas.

La recusación por parte del Gobierno a través de la Abogacía del Estado se ha presentado con motivo de un artículo que escribió este juez hace doce años en el que mostraba su oposición a la Ley de Memoria Histórica, afirmando que era "una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo".

Por tanto, la Abogacía del Estado entiende que se le debe apartar del procedimiento en el que acordó suspender de forma cautelarísima el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia urbanística para la exhumación de Franco.

Tras recibir el escrito de recusación, el magistrado ha suspendido toda actividad judicial, tal y como marca la Ley cuando se producen estos casos, según ha adelantado este miércoles 'eldiario.es'. Así, ha dado trasladado del escrito a las partes para que hagan sus alegaciones al respecto. El juez también tendrá que hacer un escrito propio en el que asuma o no la recusación, según han indicado las mismas fuentes.

Todos los escritos de las partes serán remitidos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que nombrará a un instructor para estudiar la recusación. En cuanto al procedimiento judicial, pasará a manos del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, Carlos Gómez Iglesias.

Yusty estimó recientemente la petición de medidas cautelarísimas planteada por la Familia Franco y acordó oír a las partes para mantener o levantar la suspensión urgente acordada. Entendía el juez que no siendo urgente adoptar esta medida, no se han elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.

Recusación del Gobierno

El recurso de la Abogacía del Estado considera que Yusty incurre en una de las causas de recusación prevista en la Ley debido a determinados artículos que el magistrado habría firmado en su día en prensa y revistas especializada sobre el Proyecto de Ley de Memoria Histórica. Por ello, podría considerarse que incurre en "contaminación por interés" y debería apartarse.

La recusación ha obligado al magistrado a apartarse momentáneamente del asunto mientras delibera su respuesta, periodo en el que el asunto de la licencia de obra pasa a estar bajo jurisdicción del juez Gómez Iglesias. En el caso de que rechace apartarse, la Abogacía del Estado podrá recurrir a la Audiencia Provincial, que resolverá definitivamente sobre la cuestión.

Para tomar su decisión de suspender la licencia, el magistrado se apoyaba en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco".

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", exponía en su resolución.