El año 2008 fue crucial para la asociación de Juan Carlos I con Los Albertos (los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina), ya que estos últimos habían sido condenados en firme cinco años antes –por el caso Urbanor– y sólo su recurso ante el Constitucional les había librado hasta entonces de ir a prisión. Pero la fortuna sonrió ese año tanto al rey, que recibió en Suiza la mayor comisión de su vida, como a los dos primos Alcocer y Cortina, a favor de los cuales el Tribunal Constitucional (TC) se enfrentó con el Tribunal Supremo (TS) y revocó la doctrina penal vigente.

Sin embargo, su suerte iba a dar un vuelco a partir del año siguiente, cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira cursó la primera comisión rogatoria a Suiza sobre la sociedad de consultoría financiera Rhône Gestion, de Arturo Fasana y Dante Canonica, sin tener ni idea de que eso le conduciría hasta el mismo Palacio de la Zarzuela, porque simplemente seguía una importante pista anterior: en junio y julio de 2005 se enviaron nueve millones de euros desde empresas de la trama Gürtel –la de financiación ilegal del PP a cambio de adjudicaciones y contratas públicas– a la cuenta Soleado de Rhône Gestion en Credit Suisse.

Por otra parte, el bufete de Canonica gestiona desde 2001 la sociedad Alcor Holding SA (creada en Suiza en 1990), perteneciente a Cortina y Alcocer, que aglutina el grueso de la fortuna de dos de los hombres más ricos de España. Ambos aparecieron en los Papeles de Panamá como clientes del despacho Mossack Fonseca, que había creado para ellos una trama de sociedades off-shore para invertir en España desde paraísos fiscales, como Swiss Shipping Inc., con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Swiss Shipping era una compañía sin personal y cuya única actividad consistía en ser propietaria del 40% de Ondimar Transportes Marítimos, filial del grupo vasco Ibaizabal que posee tres petroleros, con los que –según fuentes conocedoras de la operación consultadas por Público– efectuaban el transporte de crudo para Repsol, presidida por Alfonso Cortina, hermano y primo de Los Albertos, quien en 2013 entró como accionista de Swiss Shipping, gestionada por el despacho de Fasana. Las comisiones por aquel transporte marítimo de petróleo eran gestionadas por José Ramón Blanco Balín, que era vicepresidente de Repsol, e iban a parar también a la cuenta Soleado.

En realidad, Pedreira –que asumió la investigación cuando Baltasar Garzón, entonces en la Audiencia Nacional, se inhibió del caso y lo pasó al TSJM– envió 24 comisiones rogatorias a jueces de ocho países y dos paraísos fiscales porque buscaba el rastro de la fortuna de Francisco Correa (cabecilla de la Gürtel). Pero se topó con la del rey porque Blanco Balín, socio y fiscalista de Los Albertos, había introducido en la cuenta nodriza Soleado a Correa, como explicamos en el capítulo anterior de esta investigación. Y porque Fasana alardeó de la importancia de sus clientes para espantar a los integrantes de la comisión policial enviada por Interior a Ginebra, a finales de mayo de 2009, para disuadirlos de seguir investigando.

Cómo librar de la cárcel a dos estafadores condenados en firme

Pero un año antes todo parecía marchar sobre ruedas en palacio. La primera gran maniobra fue la de librar a Los Albertos de la cárcel a pesar de la condena en firme del Supremo (a tres años y cuatro meses), que había revocado el intento de la Audiencia Provincial (en 2001) de declarar prescrito el delito de estafa que Alcocer y Cortina cometieron –eso sí se sentenció como hecho probado desde el primer veredicto– al engañar a los socios minoritarios de la constructora Urbanor sobre el precio de los terrenos de la Plaza de Castilla de Madrid donde se alzarían las Torres KIO. Habían pactado con los kuwaitíes 231.000 pesetas por metro cuadrado, pero pagaron a los pequeños accionistas, como "suscripción preferente", sólo 150.000 pesetas el metro cuadrado.

La Audiencia se escudó en que la querella presentada por los perjudicados no fue admitida a trámite, por un defecto de forma, hasta que se había cumplido el plazo de prescripción (cinco años), pero la jurisprudencia del Supremo determinaba que la mera presentación de una querella interrumpe ese plazo porque cumple el requisito de la ley de "dirigir el procedimiento contra el culpable". Así que en 2003 el Alto Tribunal ratificó la culpabilidad de Los Albertos y tampoco prosperó su petición de indulto al Gobierno.

Alcocer y Cortina estaban tan desesperados por evitar el ingreso en prisión que incluso presentaron a la Fiscalía una carta (sabedores de que era falsa) incriminando a sus antiguos socios en Urbanor para tratar de que el Supremo revisase su condena. Por este hecho (intento de estafa procesal) fueron condenados a cuatro meses de prisión en 2009. Y en 2014, tras 21 años de pleitos y cinco más desde la venta de Urbanor a KIO, la Sala de lo Civil del Supremo les condenaría definitivamente a pagar 25 millones de euros (entre lo estafado y los intereses) a los socios minoritarios engañados.

A principios de 2008, su última baza era el Tribunal Constitucional, que había aceptado su recurso de amparo y asignado como ponente de la sentencia final al magistrado Pascual Sala Sánchez, eminente jurista que había presidido anteriormente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, el Supremo.

"Pascual Sala era amigo de Juan Carlos I desde muchos años antes, y el rey le presionó para que fallase a favor de Los Albertos", asegura a Público una fuente que vivió de cerca aquella compleja situación jurídica porque tenía relación personal con uno de los juristas implicados. "Pero Sala no veía ninguna posibilidad de modificar la doctrina establecida por el Supremo y así se lo indicó al soberano. No obstante, los primos se las ingeniaron para que le fuera asignado como letrado adjunto, encargado de redactar los fundamentos de la sentencia, un catedrático de Derecho Tributario que poco sabía de Derecho Penal pero era un gran admirador del rey: Ángel Aguallo", recientemente fallecido.

El informe del letrado Aguallo que conmocionó a la Judicatura

"Para sorpresa de casi todos los juristas, incluido Pascual Sala, Aguallo sí fue capaz de encontrar una alambicada fórmula constitucional para aplicar la prescripción en el caso concreto de Los Albertos": utilizó el argumento de que ese tribunal había lesionado su derecho a una tutela judicial efectiva. Y, continúa dicha fuente, "la sentencia del Constitucional que los absolvió, sin poner en duda su culpabilidad, generó una auténtica conmoción en la Judicatura y la indignación del Supremo, porque entraba en un terreno que le correspondía exclusivamente al Alto Tribunal".

Ciertamente, la sentencia basada en el informe de Aguallo provocó un terremoto en las más altas instituciones judiciales, que se enfrentaron con una dureza sin precedentes. La Sala Segunda del Supremo acusó al TC de "vaciar de contenido" el artículo 123 de la Constitución al interpretar cuestiones de legalidad ordinaria, entrando en terreno reservado al TS; el entonces fiscal general del Estado y magistrado en excedencia del Supremo, Cándido Conde-Pumpido, proclamó su discrepancia "total, radical y profunda" con la sentencia del Constitucional, advirtió de que los empresarios "se quedarán con el dinero" y concluyó que la resolución "no es la más adecuada para defender a las víctimas". El TC respondió con una carta al Gobierno de Zapatero, pidiendo medidas contra el fiscal general.

El único voto particular contra el informe de Aguallo fue el de Ramón Rodríguez Arribas, entonces vicepresidente del Tribunal Constitucional, quien años después declararía a El País: "Supuso entrar a legislar en una materia que, según habíamos dicho reiteradamente, era terreno del Tribunal Supremo. En 2008, me mantuve en mi posición de siempre. No estaba de acuerdo con un cambio que, además, beneficiaba a los más sinvergüenzas".

Festejó la absolución de ‘Los Albertos’ y fue ascendido de golpe

Sin embargo, el verdadero escándalo llegó más tarde. Primero, Aguallo festejó la absolución de Los Albertos en una comida, celebrada sólo cinco días después (el 25 de febrero de 2008) en la Taberna Gaztelupe de Madrid, con el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y el presidente de Pernod Ricard España, Phillipe Coutin, en la que incluso anunció satisfecho que por ello había sido agraciado con una invitación a cenar en la Zarzuela "con el señor", como explica Ernesto Ekaizer en su último libro, El rey al desnudo: Historia de un fraude.

La auténtica recompensa llegaría sólo tres semanas después: el CGPJ otorgó una plaza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo a Aguallo, desplazando con su nombramiento de última hora a otro jurista con mayores cualificaciones. Por su parte, Pascual Sala sería ascendido tres años más tarde, en 2011, a la Presidencia del Tribunal Constitucional. La influencia del jefe del Estado sobre la cúpula del Poder Judicial quedaba patente.

Por no hablar de que, en 2008, Aguallo era letrado del Constitucional, primero, y magistrado de ese tribunal, después, al mismo tiempo que asesoraba a Urdangarin y a su socio Torres, una actividad claramente incompatible con sus cargos en la Judicatura, tal como salió a la luz en los correos electrónicos incorporados al sumario del caso Nóos. Una vez más, el rey y su entorno se aprovechaban de sus conexiones judiciales.

Además, como escribe Ekaizer en su libro, "es Alberto Alcocer quien le presenta [al rey] a Arturo Fasana. ¿Qué ha hecho el rey Juan Carlos I por ellos [Los Albertos]? Algo importante. Y fue, vaya casualidad, en 2008".

Lucum, una ‘fundación’ encargada a medida por el rey

Porque ese mismo año, el 31 de julio, sólo cinco meses después de la explosiva sentencia del Constitucional que libró a Los Albertos de la cárcel, se constituyó la Fundación Lucum ante notario en Panamá, con Fasana como presidente y Canonica como secretario. Casi exactamente diez años y un mes más tarde, ambos socios de la sociedad ginebrina Rhône Gestion declararían al fiscal suizo Yves Bertossa que Juan Carlos I les había encargado expresamente, a principios de ese año, la creación de una fundación pantalla para albergar una gran donación procedente del rey de Arabia Saudí que llegaría en los meses siguientes. Y que ellos hablaron con Pierre Mirabaud, propietario del banco suizo del mismo nombre, quien accedió a que ésa fuera la entidad depositaria de los fondos, cuando llegasen.

Será esta vez la Tribune de Genève la que desvelará, en diciembre de 2020, que "Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares en una cuenta de la banca privada Mirabaud" el 8 de agosto de 2008, y aportará el extracto bancario que lo demuestra (ingreso del Ministerio de Finanzas de Riad, con motivo de "donación del Rey de Arabia Saudita"), como se puede ver en la primera fila del siguiente cuadro por la cantidad equivalente en euros al cambio de aquella fecha (64.884.405,58€):

Según la versión de Canonica y Fasana ante el fiscal suizo, quien gestionó con ellos la transferencia efectiva del dinero fue el embajador saudí ante EEUU, Al Jubeir, actualmente ministro de Exteriores del reino wahabí, quien les aseguró que se trataba de un "pure gift" (un "regalo puro") a cambio de nada. Y que cuando Juan Carlos I conoció que el importe transferido ascendía a 100 millones de dólares, exclamó: "Oh, ¡qué generosos han sido!"

Canonica también le dijo al fiscal Bertossa que el rey decidió darle todo ese dinero a Corinna Larsen "porque temía que se supiera y quería desvincularse de él". En cambio, ella sostiene –como le explicó al comisario Villarejo en la grabación que se utilizó desde las cloacas de Interior para hacer chantaje a la Casa Real– que esos cien millones procedían de la comisión obtenida por la mediación de Juan Carlos I para la adjudicación del proyecto del AVE Medina-Meca. Un mega-contrato por 12.000 millones de euros adjudicado en 2011 y en el que fue representante del consorcio de empresas españolas la iraní Shahpari Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnán Khashoggi, con quien el rey obtuvo en los años 80 grandes comisiones por venta de armas a través de la empresa mixta Alkantara, como adelantó Público en la primera parte de esta investigación.

Una “donación irrevocable” de 65 millones a la examante

Lo registrado oficialmente es que Juan Carlos I hizo en 2012 una "donación irrevocable" a Corinna Larsen por el total de la cantidad recibida (en euros, 65 millones), mediante una transferencia desde el banco Mirabaud hasta una cuenta que ella abrió para ese propósito en Gonet Bahamas, a nombre de Solare, otra sociedad instrumental creada con la ayuda de Canonica, que gestionó la operación en la central de la vetusta banca Gonet en Ginebra con el propio Nicolas Gonet (director y socio propietario de la entidad), según su declaración judicial. Después, Corinna se reenviará el dinero a su recién constituido Chycknell Trust en Inglaterra y a una cuenta en Nueva York.

"Estos extraños movimientos parecen indicar una de dos alternativas", explica a Público una fuente que conoció en el pasado el manejo de comisiones por parte de Juan Carlos I y de los administradores de sus fondos. "O bien corresponde a un reparto con Corinna al 50% del monto de la comisión, como solía hacer el rey desde la época de Manuel Prado, que después ella no cumplió al producirse la ruptura entre los dos; o bien esa cantidad no es una comisión por el AVE a La Meca, pues es muy raro –casi imposible– que se cobre tres años antes de la adjudicación del proyecto y que lo pague el contratista, que ya abonará el astronómico importe total del proyecto. En ese último caso, el monarca primero habría ocultado el verdadero origen el dinero con ayuda de sus hermanos de la realeza saudí y después quiso sacarlo del Mirabaud y enviarlo a otro paraíso fiscal en vista de que Suiza negociaba en aquel momento adherirse a las normas de intercambio automático de información de la OCDE".

En cualquier caso, todo el tinglado de evasión y blanqueo que se ejecutaba a través de la cuenta Soleado y de Rhône Gestion se empezó a venir abajo a partir del año siguiente a aquel tan notable 2008. El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 y en la caja de seguridad número 52 de la trama, en la calle Velázquez 96 de Madrid, cuyo titular era Pablo Crespo, principal colaborador de Correa, se halló un documento nombrado "FAFA.RAN" donde aparecía el nombre de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa para los amigos.

Fasana, el gestor financiero de la ‘Gürtel’ en el exterior

Según el auto que cursó el juez Garzón al inhibirse del caso, ese documento demostraba que Fasana era quien gestionaba en el exterior los recursos financieros de la trama. Por tanto, el 20 de mayo de 2009 el bróker suizo fue detenido en el aeropuerto de Barajas y al día siguiente comparecía ante el juez Pedreira, que se había hecho cargo de la macro-causa. Tranquilamente, Fasana explicó que había aceptado gestionar los fondos de Correa y Crespo porque se lo pidió Blanco Balín, un buen cliente suyo, y que cobraba una comisión del 0,3% sobre sus depósitos, que llegaron a sumar 18,3 millones de euros, por llevar esos activos a cuentas opacas de Mónaco, Colombia o el paraíso fiscal de la isla de Man.

El juez Pedreira mantuvo como imputado al financiero por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, pero lo dejó en libertad a la espera de la comisión rogatoria enviada a la Justicia suiza. Así comenzó a desenredarse el ovillo de la cuenta Soleado, hasta que Fasana advirtió a la comisión policial española enviada a sus oficinas de Rhône Gestion, en Ginebra: "¡Si les enseño esa carpeta hunden España!", como se explicó en información anexa al capítulo anterior de esta serie.

Pero a través de Soleado no sólo se tramitaban los fondos de multimillonarios y grandes compañías españolas, sino también el dinero negro de la trama china de Gao Ping, según se descubrió en el caso Emperador sobre el blanqueo de centenares de millones de euros de su organización, que transfería a China los ingresos en B de muchos de los innumerables negocios de ciudadanos de esa nacionalidad en España. El sumario de la operación Emperador se abrió también en 2009, tras una redada de detenciones entre ciudadanos chinos residentes en España, varios policías nacionales y el actor porno Nacho Vidal.

La conexión de la mafia china y ‘Gürtel’ con las ‘cloacas de Interior’

Ese caso no sólo afloró las conexiones de las cloacas de Interior con el blanqueo –puesto que varios policías fueron investigados, así como el hijo de Villarejo y su socio Carlos Salamanca, comisario jefe de Barajas, por recibir regalos de la mafia de Gao Ping a cambio de información reservada y trámites especiales–, sino que fue a topar otra vez con Fasana, al que se referían los imputados constantemente como "Arturo" sin que los escuchas de las intervenciones telefónicas supieran inicialmente de qué personaje se hablaba con tanto respeto y hasta temor.

Finalmente, en junio de 2013, uno de los detenidos por participar en esa fuga de capitales, el empresario Antonio Banús Ferré, declaraba en la Audiencia Nacional que el tal "Arturo" no era otro que Fasana. Además, en esas fechas se descubría también que Gao Ping compartía gestor en Suiza con el propio Luis Bárcenas: Frederic François Mentha, del banco Lombard Odier, al que el tesorero del PP dio la orden de vaciar su cuenta principal en el Dresdner Bank-LGT –en la que llegó a acumular 25 millones de euros– el mismo día (12 de febrero de 2009) en el que el juez Garzón envió a prisión a Correa, el cabecilla de la Gürtel.

En consecuencia, el juez Fernando Andreu del Central 4 de la Audiencia Nacional, que instruía el caso Emperador, también puso en su punto de mira a Fasana, al que rendía pleitesía el máximo responsable del blanqueo de la organización de Gao Ping, el ciudadano belga François Leiser, quien hasta ese momento era considerado el jefe del infalible mecanismo de intercambio de dinero negro: buscaba "compradores" de efectivo entre los millonarios españoles que tenían sus fondos en paraísos fiscales y querían utilizar aquí parte de su dinero oculto en el extranjero, entregándoles el efectivo que la mafia china le daba en mano para que lo hiciera llegar a China.

La ’noria de capitales’ España-Suiza-China

Esa noria de capitales era extremadamente efectiva y maravillaba tanto a los chinos que veían llegar a su país de inmediato las montañas de efectivo que querían evadir al fisco, como a los millonarios españoles que recibían al instante grandes cantidades del dinero que tenían en otros países, sin haber pasado control fiscal ninguno. Pocos sabían que, en realidad, gran parte de esas cantidades no habían tenido que traspasar más fronteras que la de ida a Suiza y la libre transferencia de capitales desde ese paraíso fiscal hasta China.

De las conversaciones telefónicas intervenidas quedaba claro a los investigadores que "Arturo es un individuo de una importancia capital para los intereses [de la trama de blanqueo], a juzgar por el empeño que dedica la organización a satisfacer con precisión las necesidades de los clientes que aquel avala". En una ocasión, Leiser abroncó duramente a Malka Maman Levy, encargada de gran parte de las entregas de efectivo, que había fallado a una cita para entregar 100.000 euros en billetes: "Eres tonta. ¿Sabes de quién es ese comprador? De Arturo. Nos puede dejar y no requerir más nuestros servicios".

Uno de los abogados de la trama (el de Yonping Xia, colaborador de Gao Ping) protestó por que no se hubiera rastreado a Fasana, ni citado a declarar una vez identificado, a pesar de que era mencionado "centenares de veces" en el procedimiento de la mafia china, incluso reclamando que se investigase si en realidad era un agente encubierto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Hasta que fue citado finalmente por el juez Andreu, que no llegó a imputarlo, en espera de más diligencias, y después tuvo que inhibirse de la causa por amistad con el comisario Salamanca, que sí fue imputado.

El inimputable Arturo Fasana

El caso fue traspasado al juez Ismael Moreno, quien en mayo de 2014 acabó decidiendo no imputar a Fasana. Igual que el juez José de la Mata decidiría muchos años después (en marzo de 2020) no incluirle entre los 21 imputados en el auto de cierre de la instrucción del caso Gürtel.

Público se ha puesto en contacto con fuentes policiales y judiciales que participaron directamente en las investigaciones de la red de Gao Ping y ambas justificaron que Fasana no fuera imputado pese a su clara relación con los más importantes encausados por la trama de lavado masivo de capitales. Por parte de la Policía, explican, la Unidad de Asuntos Internos estaba centrada en rastrear a los funcionarios del cuerpo (como el comisario Salamanca) implicados en las operaciones de blanqueo. Por parte de la Fiscalía, sostienen que el estudio pormenorizado de todas las menciones a "Arturo" grabadas en las escuchas telefónicas de los encausados no constituían material probatorio suficiente como para imputarle delitos concretos, ni lo identificaban claramente como el jefe de Leiser, al que no se pudo interrogar porque se refugió en un país centroeuropeo.

"Sí que Fasana era el jefe de Leiser", asegura a este diario una de las fuentes que han ayudado a construir esta larga investigación. "Pero no sólo sabía cubrir muy bien sus huellas, sino que se sentía intocable por su estrecha relación con el rey, al que visitaba constantemente, igual que Canonica estuvo en la Zarzuela muchas veces para la operación de los 100 millones de dólares de la Fundación Lucum. Por eso llegó a declarar ante el juez Andreu con aire de perdonavidas y se comportó como si estuviera por encima de la Ley. En cuanto a Gao Ping, todos han olvidado hoy que lo llevaron de visita a la Zarzuela y que el rey asistió a uno de sus actos de la comunidad china".

En todo caso, las operaciones de evasión de capitales "continuaron, aprovechándose de la cobertura que daban en las aduanas las relaciones directas con el rey que mantenían los protagonistas, quienes concertaban previamente el paso de equipajes sin ser inspeccionados o utilizaban aviones privados y a menudo aeropuertos militares desde los que salían o entraban sin control aduanero ninguno", subraya la fuente citada.

La confirmación, en una de las agendas de Villarejo

Algo que queda indirectamente confirmado por el contenido (que Público reveló en exclusiva) de una de las nuevas agendas de Villarejo halladas recientemente y que investiga la Audiencia Nacional, en las que no faltan las referencias al rey emérito, a Corinna Larsen e incluso a la actriz y examiga de Juan Carlos de Borbón, Bárbara Rey, a la que, según el comisario, tres multinacionales españolas pagaron 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) a través de los servicios secretos.

Tres meses después de su reunión en Londres con Corinna Larsen, en la que grabó el audio que desencadenaría el escándalo, Villarejo anotó en su agenda el 27 de mayo de 2015: "El transfer de dinero se sigue haciendo en aviones y maletas, ya que paran en la base aérea de Torrejón. Aviones privados para los movimientos de dinero. Usan fundaciones". Algo que quedaría demostrado un lustro después al revelarse la existencia de Zagatka y Lucum.

La anotación de Villarejo continúa: "Todas las actuaciones, Londres, Mónaco y Brasil, el mismo 2012, después del tema elefante", refiriéndose al incidente en Botsuana en abril de 2012, que desató el escándalo de la examante y desembocó en su abdicación, en junio de 2014. Fue precisamente después de aquellos hechos, durante una cacería de elefantes, cuando el rey transfirió a Corinna Larsen la totalidad de los 100 millones de dólares que había recibido en Lucum en 2008.

Su abdicación puso fin al entramado. No sólo porque Juan Carlos I dejó de ser "inviolable" –es decir, impune e inimputable–, sino porque tenía que dedicar todos sus esfuerzos a borrar el rastro de tantos años de blanqueo y evasión fiscal. Tarea que se ha demostrado imposible.

*Para la realización de esta investigación se han consultado decenas de fuentes, numerosos materiales y se ha obtenido el testimonio confidencial de algunos de los más estrechos amigos y colaboradores de Juan Carlos I.