El Gobierno de Pedro Sánchez no acaba de despejar la basura de las cloacas de Interior. Este mismo martes, 2 de octubre, se dispone a entregar medallas de reconocimiento al Mérito Policial que no sólo olvidan totalmente a los policías que se enfrentaron al excomisario José Manuel Villarejo –y lograron destapar su trama de corrupción y chantajes–, sino que condecorarán precisamente a la jueza que frenó todas las investigaciones del caso Nicolás que conducían hacia ese padrino de las cloacas.

Según ha podido confirmar Público, pese que en la Dirección General de la Policía dijeron desconocerlo, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid, María del Pilar Martínez Gamo, recibirá una medalla blanca concedida por el Ministerio del Interior a pesar de que fue ella la que se empeñó en archivar la causa contra Villarejo y el anterior director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, incluso desobedeciendo instrucciones de instancias judiciales superiores a ella misma.

Tal como ha revelado este diario en sucesivas exclusivas, desde que Martínez Gamo reemplazó al juez Arturo Zamarriego en la instrucción del caso Nicolás, esa jueza se dedicó a dar carpetazo a cada una de las piezas clave del caso donde estaban las evidencias de la trama de las cloacas, hasta el punto de que dos de las partes personadas en la causa –Podemos y la Plataforma por la Honestidad– presentaron sendas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por ese comportamiento de la magistrada.

En concreto, la queja de la formación de Pablo Iglesias denunciaba que la jueza –que ahora será condecorada– decidió el 8 de julio de 2017 archivar una subpieza secreta crucial –pese a que no se había cumplido la finalidad con la que fue abierta– sin ni siquiera haber practicado dos diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial: las comisiones rogatorias a EEUU para que la empresa Google facilitase el registro de las cuentas de correo electrónico [email protected] y [email protected] (del tertuliano Eduardo Inda y del inspector José Ángel Fuentes Gago) tal como mandó inicialmente el antecesor de esa jueza, Arturo Zamarriego.

Al hacerlo, Martínez Gamo estaba desobedeciendo una decisión de los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid (el Auto Nº 955/2016) y su incumplimiento raya en la prevaricación: la jueza era consciente de que decretaba el archivo de la subpieza secreta sin haber practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, puesto que así lo indica en el punto tercero de sus razonamientos jurídicos del auto en el que dio carpetazo al caso.

Además, la jueza archivó las diligencias secretas en el mismo acto de levantar ese secreto judicial, así que las partes personas en la causa se enteraron de su existencia debido al auto de cierre. Fue entonces cuando las acusaciones populares, al solicitar copia de las actuaciones, descubrieron que no se habían cumplido diligencias clave para probar quiénes cometieron el grave delito de grabar una reunión secreta en sede policial entre mandos de Asuntos Internos y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Más aún, al levantarse el secreto de la subpieza salió a la luz un nuevo y gravísimo delito contra la seguridad del Estado: la destrucción, en la base de datos policial central de El Escorial, del original del mail del jefe de gabinete de Pino –José Ángel Fuentes Gago– en el que reenviaba la grabación ilegal al CNI: el correo electrónico que envió a Marcelino Martín Blas –jefe entonces de Asuntos Internos– a las 14.56 horas del 12 de diciembre de 2014, en el que adjuntó el archivo *.mp3 de la grabación ilegal, luego difundida con el objetivo de anular todas las actuaciones que conducían hacia la brigada política del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Esa destrucción de pruebas alojadas en un archivo policial central permitió a Gago mentir repetidamente ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que acabó dictaminando por mayoría absoluta que el ministro Fernández Díaz utilizó recursos y fondos públicos para espiar, desacreditar y perseguir injustamente a políticos y partidos rivales del PP.

Pero después de todo eso la jueza Martínez Gamo siguió paralizando el procedimiento y preparando el sumario para su archivo definitivo. Incluso cuando el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias –al admitir a trámite la querella criminal presentada por la Plataforma X la Honestidad contra Villarejo, Pino e Inda por obstrucción a la Justicia– la instó a seguir investigando los claros indicios de encubrimiento y organización criminal.

En su auto, que notificó a Martínez Gamo a finales de 2017, el magistrado-juez constató que "de lo actuado en las presentes diligencias previas se desprende la
comisión de varios hechos aparentemente delictivos", entre los que se incluyen "los delitos de obstrucción a la Justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal" y quizá otros, según los artículos 270 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, la jueza prosiguió con su propósito de dar carpetazo a la causa más importante en las investigaciones sobre la trama de Villarejo, y en junio pasado transformó en procedimiento abreviado la pieza principal sobre la organización criminal en la que participaba el Pequeño Nicolás (Francisco Nicolás Gómez Iglesias), dando al traste con cuatro años de investigaciones sobre el entramado de blanqueo de capitales, cohecho, malversación, revelación de secretos, usurpación, falsedad documental, grabación ilegal de comunicaciones y estafa, en un auto con numerosos errores y confusiones.

Aunque lo peor de todo fue que Martínez Gamo disolvió la comisión judicial creada por su antecesor para investigar tan complejo asunto, sin cursar diligencias sobre Adrián de la Joya –protector de Villarejo hoy imputado en el caso Lezo– ni José Luis Olivera Serrano –director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que ha sido cesado por el Gobierno de Sánchez por sus estrechas relaciones con las cloacas de Interior–.

No contenta con todo ello, la jueza incluso intentó imputar a los miembros de la comisión judicial un supuesto delito de sustracción de documentos, cuando se limitaron a retirar sus objetos personales acumulados en cuatro años de trabajo incansable. Esos policías, el inspector Rubén Eladio López, dos subinspectores, una subinspectora, un oficial y dos agentes, fueron los que verdaderamente se enfrentaron a la mafia de Villarejo y arriesgaron su carrera profesional para tirar de la manta de las cloacas de Interior.

Tanto fue así, que antes de retirarse de la causa el magistrado Zamarriego dirigió un oficio al director general de la Policía proponiendo el ingreso de todos ellos en la Orden al Mérito Policial, en base a "la larga duración y dificultad de la investigación", que hasta ese momento había supuesto "la imputación de 12 personas, entre ellos, un periodista, una empresaria de medios de comunicación, un Comisario de Policía, un inspector jefe, el Coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, un alto cargo funcionario de C.N.M.V. [la Comisión Nacional del Mercado de Valores], un Policía Nacional en Segunda Actividad sin destino, el Jefe de Estudios de un Instituto de Alto Rendimiento, además del principal investigado, Francisco Nicolás Gómez Iglesias".

De hecho, el juez del caso Nicolás dirigió ese oficio (cuyo encabezado figura al principio de este artículo) a la Dirección General de la Policía porque sabía que esos investigadores habían sido sometidos a durísimas presiones para que no destaparan la trama criminal policial que hoy ha salido finalmente a la luz gracias a la Operación Tándem emprendida por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Por ello, Zamarriego tuvo que dictar una providencia prohibiendo a los miembros de la comisión judicial informar de sus pesquisas a sus superiores jerárquicos en la cúpula policial, que estaba implicada en el entramado de Villarejo.

En cuanto la jueza Martínez Gamo disolvió esa comisión judicial, sin estudiarse el informe final en el que se detalla todo el entramado de las cloacas de Villarejo, los policías que la componían fueron destinados a servicios menores, apartados de cualquier posibilidad de ascenso y hasta degradados en su categoría. Y actualmente siguen condenados al ostracismo en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, sin que el nuevo Gobierno socialista les haya rehabilitado, mucho menos recompensado por su dedicación en limpiar la corrupción policial.

Y el broche final de tan descarada instrucción encubriendo a los padrinos de las cloacas fue que Martínez Gamo despidió a los policías miembros de la comisión judicial, poniéndolos de nuevo bajo la jerarquía del Cuerpo Nacional de Policía (que los degradó), sin esperar a la resolución del recurso ante la Audiencia Provincial. Decisión que tendría consecuencias judiciales desastrosas si la Audiencia decidiese revocar esa medida, según fuentes jurídicas consultadas por Público, ya que las consecuencias de la resolución de la jueza son difícilmente reparables.

Sólo por esta última resolución, a todas luces injusta, a sabiendas de que no tenía autoridad para hacerla sin esperar al dictamen de la instancia superior sobre el recurso, la magistrada debería estar encausada por presunta prevaricación, según dichas fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Todo lo contrario, este 2 de octubre recibirá una medalla blanca al Mérito Policial la jueza que más ha hecho para exonerar a Villarejo, y se entregarán otras condecoraciones a un inspector (medalla roja) y tres agentes –dos mujeres y un hombre (blancas)– de Asuntos Internos, a los que se quiere recompensar por su trabajo en el caso Tándem, según ha podido saber Público, a pesar de que oficialmente no se anunciará así.

Pero las cloacas de Interior no estarán limpias del todo en tanto no se reconozca la histórica labor de los miembros de la comisión judicial del caso Nicolás para poner fin a la corrupta mafia policial que dirigía el Villarejo cuando era comisario.