"Las zonas de mayor exclusión económica coinciden con las de menor participación política. Esa concentración de la pobreza crea agujeros negros de la democracia que no se van a movilizar en ninguna campaña electoral", explica el politólogo Braulio Gómez, coordinador del Área de Ciencias Políticas de la Universidad de Deusto y uno de los principales expertos del país en participación y exclusión.

Ese volumen de ciudadanos supone en torno a un 5% del censo en un país donde la abstención en las generales ha oscilado en las cuatro últimas décadas entre el 20,03% de octubre de 1982, las de la mayoría absoluta del PSOE de Felipe González, y el 31,96% de las de marzo de 1979, las primeras democráticas, para ajustarse entre el 22,7% y el 30,17% con el cambio de siglo.

Y todo a apunta a que las elecciones del próximo 23 de julio no van a ser una excepción en esa norma si se atiende a las previsiones que trae la letra pequeña de los barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que pronostican una abstención del 7,2% entre quienes se autoubican como pobres en la clasificación por clases sociales, una marca que duplica tanto al 3,3% de la alta y la media-alta como al 3,6% de la media-media.

La diferencia es menor con quienes se consideran clase media-baja o clase trabajadora, en las que la opción del "no votaría" cuando se les pregunta por su actitud ante unas próximas elecciones se queda en el 4,6% y el 4%, que a su vez resulta más cercana a los estratos superiores que al inferior.

Solo uno de cada nueve ciudadanos se considera pobre

Resulta difícil cuantificar a partir de esos datos qué porcentaje de votantes supone en realidad cada uno de esos grupos, ya que se estiman a partir de autoubicaciones expresadas por los ciudadanos en las que junto con los datos objetivos sobre la situación económica tiene un peso fundamental la percepción sobre uno mismo.

Eso, en el caso de la pobreza se da en el 11,2% de las ocasiones, una tasa netamente inferior a la que arrojan estudios como la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), que sitúa por debajo del umbral de la pobreza al 17,7% o al 20,4% de la población, en función del método de cálculo: solo uno de cada nueve admite que le ocurre lo que a uno de cada cinco o seis.

Sin embargo, sí que aparece como una constante ese mayor rechazo, o indiferencia, ante las convocatorias electorales en ese grupo, que al mismo tiempo se va reduciendo en todos los segmentos conforme se va acercando el final del cuatrienio.

No obstante, el de los autoubicados como pobres es el único grupo en el que el abstencionismo superaba el 15% en los primeros años de esta legislatura y el único en el que se mantenía por encima del 10% una vez rebasado el ecuador de la legislatura, casi siempre con registros que duplican los del otro extremo de la clasificación.

A estos datos se les une otro que apunta a algún tipo de avería en la integración de los extranjeros como la que se hace patente elección tras elección en la elaboración de las candidaturas y que se encuentra en el posicionamiento ante la convocatoria en función de la religión.

La opción del "no votaría" alcanzaba el mes pasado al 21,9% de los residentes en España que profesan una religión diferente a la católica y no se declaran ateos, agnósticos o indiferentes, un 2,5% de la población mayoritariamente de origen extranjero y que a menudo se concentra en esos mismos barrios de intensa exclusión.

“Los pobres participan menos que los ricos”

La participación en las elecciones municipales del 28 de mayo replicó los patrones que vienen detectando los expertos, con tasas de abstención superiores al 35% y al 40% en los municipios de menor renta media de Andalucía y con otras superiores al 50% en los de Catalunya.

"Los pobres participan menos que los ricos. La abstención extrema se concentra en los suburbios de las ciudades. Es una realidad sabida, demostrada y que comparten la mayoría de las democracias occidentales", expone el informe La segregación electoral interurbana en España,

En dicho informe, editado por Foessa, Gómez y Manuel Trujillo, coordinador de la Unidad Estadística del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), analizan la relación entre participación y renta.

"En España, existen barrios donde el 75% de sus habitantes no vota. Estos barrios, verdaderos agujeros negros de la democracia, se caracterizan por estar habitados por los más pobres de la sociedad, por ciudadanos excluidos que han perdido el contacto con la vida social que desarrollan la mayoría de los habitantes de su ciudad", señala el informe.

El documento describe a sus moradores como "los ciudadanos y ciudadanas que tienen menos ingresos, menos recursos educativos, expulsados del mercado laboral y del de la vivienda".

Los investigadores plantean cómo "los ciudadanos que más necesitan del Estado para sacar su vida adelante no votan" al mismo tiempo que la reducción de la pobreza acaba siendo "menos vendible en el mercado electoral que cualquier mantenimiento de un servicio público universal del que se beneficia toda la población independientemente de su clase social".

Y eso acaba teniendo como consecuencia que "sus preferencias dejan de entrar en el sistema. La representación de la sociedad que caracteriza a las elecciones de la democracia representativa se rompe al quedar fuera del sistema la voz de los más desfavorecidos".

Eso vendría a ser el reverso de esa democracia de propietarios hacia la que conceptualmente está comenzando a virar el liberalismo.

“Espacios que retroalimentan la exclusión”

En esas áreas de concentración de la pobreza "se generan espacios que retroalimentan la exclusión de la participación" y con los que, en el caso de España y al contrario de lo ocurrido en países como Alemania, Dinamarca o Francia, tampoco han logrado conectar las nuevas formaciones políticas, ni Podemos en su día ni Vox ahora ni los indignados antes que cualquiera de ellos.

Esos focos de abstención, que vendrían a ser el origen de entre la cuarta y la sexta parte del total, "no es la mayoritaria ni a la que se dirigen los mensajes movilizadores de los partidos, que se enfocan en gente que alguna vez votó. La participación en los focos de exclusión más estructural necesitan políticas de medio y largo plazo que llevan veinte años fracasando", explica Braulio Gómez.

Los episodios de compra de votos, como los que se investigan desde hace tres meses en varias ciudades españolas, con los vendedores concentrados en barriadas marginales, resultan indiciarios de esa exclusión de la participación.

"Ven una brecha entre la política y su vida, hay una desconexión de lo que puede suponer una política pública para intentar mejorar su situación", anota Gómez. Y eso lleva en ocasiones, como se ha visto, a concluir que reporta mayores beneficios vender el voto por veinte o cincuenta euros que tratar de cambiar algo con él.

"Cuanto más se desconfía de la clase política y más se la interpreta como un problema más reacio se es a asistir a su liturgia y a participar en ella", anota el politólogo.