Hay una imagen que una madre vizcaína y su hijo no olvidarán jamás. El pasado 13 de abril, ambos fueron detenidos por la Ertzaintza, acusados de estar relacionados con los incidentes que se produjeron fuera del acto que Vox celebraba ese día en Bilbao. Ahora están a la espera de otra foto que no quieren protagonizar: un juzgado de la capital vizcaína mantiene abiertas dos causas penales en las que aparecen sus nombres.

lo que me han comentado mis clientes, la actitud policial fue en todo momento bastante agresiva. Más que proteger el mitin de Vox, parecía que se buscaba algún tipo de enfrentamiento”, relata a Público el abogado de todos ellos, Oskar Sánchez. Se refiere así a la intervención realizada aquella tarde por los Antidisturbios de la Ertzaintza, que emplearon balas de goma contra las personas concentradas.

En efecto, la actuación de la Policía autonómica se saldó con una joven herida en la mandíbula por un pelotazo. Posteriormente se conoció que la Ertzaintza le había puesto una multa vía Ley Mordaza.

En el caso de las cinco personas que fueron detenidas en el marco de las cargas policiales, cuatro de ellas están acusadas de desórdenes y otra por “atentado”. “Aquel día se había convocado un mitin de Vox, y ante ello hubo diferentes convocatorias –desde el movimiento feminista, juvenil y antifascista– para denunciarlo. Ante ese llamamiento hubo un dispositivo policial enorme”, afirma el abogado.

“Bloqueo”

Actualmente, sus defendidos buscan reunir pruebas audiovisuales que demuestren su inocencia respecto a los hechos que se les imputan. En tal sentido, el letrado asegura que están encontrando una situación de “bloqueo” a la hora de tratar de acceder a “algún de grabación de medios o de cámaras callejeras para que se vea si lo que está diciendo la Policía es cierto o no”.

Según ha podido confirmar Público, al menos una de las personas acusadas solicitó al Palacio Euskalduna –lugar donde se realizó el mitin ultraderechista– las imágenes de las cámaras exteriores. Desde allí rechazaron esa solicitud, argumentando que esas imágenes ya estaban en manos de la Ertzaintza.

Por su parte, el Departamento de Seguridad también se negó a aportar esas pruebas a una de las investigadas, que a continuación recurrió a la Agencia de Protección de Datos. Su caso ha sido llevado además al Ararteko, el Defensor del Pueblo en Euskadi.

“No se nos está dando ninguna facilidad para acreditar que mis clientes no han hecho lo que se les acusa. Demuestra cómo funciona la Justicia con estos temas”, afirmó el abogado a este periódico. “No tenemos acceso a la documentación que queremos aportar”, remarcó.

A la cara

El caso también llegó al Parlamento Vasco. En junio pasado, la consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, defendió en sede parlamentaria la actuación llevada a cabo aquel día por la Ertzaintza, aunque admitió que aún no había concluido la investigación interna respecto a la fractura de mandíbula que sufrió una de las manifestantes. La joven había denunciado que los ertzainas le apuntaron a la cara.