El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos, se plantea elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de las euroórdenes, tras la negativa belga a entregar a Lluis Puig.

En una providencia, Llarena concede tres días de plazo al fiscal, a la acusación popular y a los abogados de los procesados que se encuentran en situación de rebeldía Carles Puigdemont, Lluis Puig, Antoni Comín y Clara Ponsatí (sobre quienes pesa una orden de detención y entrega en vigor) para que formulen sus alegaciones.

En concreto, les pide conocer su opinión antes de decidir si plantea una cuestión prejudicial al TJUE acerca del alcance de las posibilidades de petición y de las razones de denegación de una euroorden con la finalidad de poder establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas órdenes de detención y entrega contra Puigdemont y los exconsellers.

Asimismo, les solicita que informen sobre el contenido de la cuestión o cuestiones que habrían de formularse a Estrasburgo.

Llarena ha formulado tras recibir la comunicación oficial de las autoridades judiciales belgas, de carácter firme, de denegar la entrega del exconseller Lluis Puig por entender "que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo".

Pero la decisión de los jueces belgas "discrepa de la que sostiene este Tribunal Supremo" afirma Llarena para quien "la interpretación definitiva de la norma no solo afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal, sino que condiciona la subsistencia de unas medidas que impactan directa y permanentemente en el derecho a la libertad de los afectados"

Y, añade, "no solo respecto a su libertad de movimientos" en Bélgica, "sino todos aquellos otros Estados de la Unión donde hoy opera su orden de detención y que puedan restringir su libertad en un futuro".

Puig es el primero de los políticos catalanes huidos de España en 2017 sobre los que la justicia belga adopta una decisión, pues el proceso contra Carles Puigdemont, Toni Comín está suspendido a la espera de que el Parlamento europeo resuelva el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria de la que gozan por ser eurodiputados.

Precisamente este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara se ha mostrado favorable a levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Clara Ponsatí, de manera que ahora todo queda en manos del pleno de la Eurocámara que deberá emitir su voto definitivo entre el 8 y el 11 de marzo