No a Caracas, sí a Riad. Desde la óptica de La Moncloa, tanto con el PP como con el PSOE al frente, la represión en suelo venezolano ha pesado más que los bombardeos sobre territorio yemení. Según consta en documentos oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio y en distintos análisis elaborados por organizaciones de derechos humanos, el negocio armamentístico no solo está marcado por la opacidad: también existe una doble vara de medir. La clave está en quién sea el comprador y, sobre todo, cuáles sean los intereses de Madrid. 

El camino lo abrió Mariano Rajoy en 2014. Aquel año, el Gobierno del PP estimó conveniente suspender la concesión de 15 licencias de exportación de material antidisturbios a Venezuela. "España se adelantó a la mayoría de los
países de la Unión Europea en la posible imposición de medidas cautelares", reivindicó entonces la Secretaría de Estado de Comercio en su informe anual sobre exportaciones de material armamentístico.

En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez dio otro paso y bloqueó otro paquete de licencias de ventas de material militar a Caracas. "El motivo de la suspensión consistió en la situación de inestabilidad interna del país importador y la falta de reconocimiento por parte del Gobierno español de las autoridades receptoras de los productos", señalaba Comercio en el documento sobre las operaciones efectuadas a lo largo de ese año. Se trataba concretamente de sistemas electro-ópticos y servicios de mantenimiento de helicópteros para su reparación y modernización, "así como partes, piezas, herramientas, consumibles y manuales para una avioneta".

Mientras cerraba la puerta a Caracas, tanto el Gobierno del PP como el Ejecutivo del PSOE facilitaban las exportaciones al régimen de Riad. No en vano, desde 2015 –coincidiendo con el inicio de los ataques contra Yemen por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí– España se consolidó como uno de los principales proveedores de armamento a esa monarquía absolutista. Entre 2015 y 2020, las ventas a las Fuerzas Armadas saudíes alcanzaron los 1.234 millones de euros.

En 2019, mientras ampliaba las medidas contra Venezuela, el Gobierno del PSOE concedía 22 licencias de exportación de material de defensa a la monarquía de Salmán bin Abdulaziz por un importe de 392,78 millones, una cifra 30 veces más alta que la registrada el año anterior. En 2020, la junta interministerial que analiza dichas solicitudes concedió otras 26 licencias de operaciones por un valor de 215,3 millones de euros. 122 millones correspondieron a munición y 75 millones en aeronaves, además de otro millón de euros en armas pequeñas o cuatro millones en armas ligeras. 

En un detallado análisis sobre las exportaciones de material de defensa durante 2020, la campaña Armas Bajo Control –integrada por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau– subraya que también se autorizaron operaciones por 6,2 millones de euros "en equipos de formación de imagen o contramedida, que incluyen cámaras y equipos de proceso de imagen, susceptibles de ser usados en los bombardeos de Yemen".

En ese documento, las organizaciones de derechos humanos hablan precisamente del "doble rasero" de los gobiernos de turno a la hora de rechazar algunas licencias –en 2020 únicamente se denegaron dos permisos de ventas de material militar a la Marina de Guerra de Myanmar en virtud del embargo decretado por la Unión Europea– y conceder otras. 

En esa línea, Armas Bajo Control sostiene que "se aplica un doble rasero a determinados destinos". Cita el caso concreto de las denegaciones aplicadas a Venezuela, que considera adecuadas "en virtud de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2014 y la crisis actual de derechos humanos" en ese país latinoamericano. "Sin embargo, es llamativa la renuncia del gobierno español a usar el control de las transferencias de armas como instrumento político de cambio en la política exterior, excepto en el caso de Venezuela", sostiene.

"¿Por qué no aplica a Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos el mismo rasero (comisión de crímenes de derecho internacional) que a Venezuela y suspende, por ejemplo, las entregas de municiones o repuestos para aviones hasta que minimicen las víctimas civiles de los bombardeos, las consecuencias del bloqueo naval y aéreo de Yemen y se ponga fin a la impunidad por los presuntos crímenes de guerra cometidos desde marzo de 2015?", pregunta Armas Bajo Control en su reciente informe. 

"Intereses comerciales" 

Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, cree que la respuesta está precisamente en las relaciones de España con el país comprador. De hecho, subraya que en el caso de las exportaciones a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Egipto –otros dos países que forman parte de la coalición militar a cargo de los ataques en Yemen– priman los intereses comerciales, económicos o estratégicos "frente al respeto a los derechos humanos, que pasan a un segundo lugar".

La última edición de la "guía de negocios" en Arabia Saudí que elabora la Oficina Económica y Comercial de España en Riad apunta precisamente en esa dirección. Según consta en ese documento, Comercio ha decidido mantener la venta de material de defensa como una de las oportunidades "prioritarias" de negocio para las empresas españolas que deseen establecer operaciones con el régimen absolutista.

El portavoz de AI califica de "chocante" que el gobierno español "sea selectivo al controlar sus ventas de armas y renuncie a ese instrumento político de cambio en la política exterior, excepto en el caso de Venezuela". A su juicio, La Moncloa "debe dejar de esconder la cabeza como un avestruz y plantearse medidas de cambio, como sumarse a la creciente lista de países que limitan las ventas de armas a la coalición saudí-emiratí que opera en Yemen para no correr el riesgo de ser cómplice de atrocidades y perpetuar el conflicto en Yemen".