La semana laboral de cuatro días no está sobre la mesa del Gobierno. Este miércoles lo han dejado claro como el agua la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Los dos han contradicho al vicepresidente segundo Pablo Iglesias, quien la semana pasada semana afirmó que la cuestión estaba dentro de la agenda del Gobierno. A raíz de estas palabras de Iglesias, la ministra de Trabajo afirmó que estudiaría con los agentes sociales la posible implantación de la semana laboral de cuatro días.

Montero ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministro que el asunto no ha sido abordado y ha pedido no desconcentrarse de las prioridades del país. Montero ha enfatizado que se atraviesa una pandemia sanitaria con "increíbles consecuencias económicas" y que la prioridad del Gobierno es volver a las tasas de crecimiento previas y establecer "un marco de estabilidad" para que los inversores "decidan venir a España". "No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa", ha sentenciado.

La semana pasada, Iglesias dijo que el Ejecutivo estaba explorando la reducción de la jornada laboral en el marco del diálogo social, algo que según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, forma parte del programa de Gobierno de coalición.

Esta mañana, ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien ha asegurado que no cree que en España haya "margen" para implantar una semana laboral de cuatro días. Escrivá ha dicho que no cree que España "sea un país que, con los niveles de competitividad y productividad que tiene, tenga que dar prioridad" a la semana de cuatro días laborables.

Enmienda de Más País

Más País registró una enmienda en el Senado para tratar de incluir de nuevo en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene el despliegue de un proyecto piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días. Y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, desveló que el Ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz, están "estudiando" la aplicación de la jornada laboral de cuatro días que, a su juicio, "podría favorecer sin duda la creación de empleo".

El ministro ha abordado otros temas, como la llegada de migrantes a Canarias, donde ha asegurado que el muelle de Arguineguín "no estaba preparado" para recibir a tantas personas y ha apuntado que la situación actual con la pandemia hace que sea mucho más complicado su retorno, porque los países de origen están cerrando fronteras, en una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio. Ha explicado que en enero había 100 plazas de acogida en Canarias y que ahora están trabajando en ampliarlas, pero "lleva tiempo", tras lo que ha afirmado que no le consta que se estén produciendo vulneraciones de derechos fundamentales y de asistencia legal, aunque la situación es infinitamente mejorable, en sus palabras.

Escrivá ha considerado "un juicio de valor excesivo" las palabras del titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria que supervisa el CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, que calificó de penoso el modo y la manera en que se actuó con más de 200 inmigrantes que dejaron en libertad en el muelle de Arguineguín.

"Las personas que no son vulnerables y que no piden asilo deben ser retornadas, tiene que ser así", ha defendido el ministro, que ha insistido en que la mayoría de personas que están llegando a Canarias son retornables, y ha justificado que se les mantenga en las islas con la expectativa, según él, de que vayan volviendo a sus países. Escrivá ha destacado que España acoge a personas que piden protección internacional o que el Gobierno juzga que son vulnerables: "Una vez hacemos una evaluación, vemos cuál es el mejor sitio, en cualquier parte de España", y ha subrayado que el caso de estas personas se gestiona bien.

"El problema es que está llegando una gran cantidad de personas sin vulnerabilidades y de países con los que tenemos acuerdo de retorno", ha apuntado Escrivá, que ha dicho que alojar en hoteles a estas 7.000 personas está suponiendo un coste elevado, aunque ha añadido que no tiene la cifra exacta. Ha apostado por trabajar en cooperación con los países de origen, y ha asegurado que desde el Gobierno están haciendo "muchísimas cosas", ya que sino este fenómeno podría ser potencialmente mucho mayor, ha dicho textualmente.

Plazas de acogida a migrantes en las CCAA

El ministro ha destacado que cinco comunidades autónomas -País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana- han ofrecido plazas de acogida para los migrantes y ha agradecido que el Ayuntamiento de Barcelona también haya ofrecido 50 plazas: "En las próximas semanas haremos uso de ellas", ha concretado. Escrivá ha apostado por ordenar los flujos migratorios, porque "hay áreas en el mercado de trabajo con insuficiencias", y se ha comprometido a sacar una nueva ley de extranjería en esta legislatura.

"El principio de solidaridad en ámbito migratorio europeo tiene un recorrido de mejora muy considerable", ha criticado el ministro, que ha añadido que es un fenómeno que requiere una responsabilidad que no tiene los niveles que le gustarían, ya que hay países muy reacios a interpretar los acuerdos de solidaridad.

SMI y pensiones

Preguntado por si está previsto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá a 1.000 euros en 2021, Escrivá ha dicho que no le consta; y sobre si las pensiones se verán afectadas por la bajada del IPC, el ministro lo ha negado y ha subrayado que "el objetivo es mantener el poder adquisitivo". "Con la aprobación del Pacto de Toledo, estableceremos un mecanismo reglado de cómo se actualizan las pensiones manteniendo el poder adquisitivo", ha zanjado el ministro.

Reforma laboral

Sobre la reforma laboral, Montero ha destacado que lo "prioritario" en este momento es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y que las medidas laborales deben abordarse en el marco del diálogo social y "acompasadas" al momento actual y "de la mano del control de la pandemia".

Montero ha recordado que la reforma laboral forma parte de la "hoja de ruta" del Gobierno de coalición, pero que hay que tener "inteligencia" para acompasar ese proceso al momento actual.

El Gobierno, ha concluido, es "consciente de la necesidad de ir haciéndolo de forma progresiva".