El clima de crispación auspiciado principalmente por los representantes de Vox en el Congreso no ha dado tregua en las últimas semanas. La confrontación, que se evidencia cada vez más entre las diferentes fuerzas políticas, lejos de menguar, ha crecido incluso en vísperas del 44 aniversario de la aprobación de la Constitución, una fecha para la que siempre se reivindica el espíritu de "concordia" y de "convivencia".

Es por ello que, como ha hecho en otras ocasiones, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, volverá a hacer gala previsiblemente este martes de estas palabras en su discurso en la escalinata de la Puerta de los Leones, acompañada por el presidente del Senado, Ander Gil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de las altas instituciones del Estado.

No obstante, el evento no contará con la presencia de la ultraderecha, por primera vez, ni de los grupos nacionalistas e independentistas, como suele ser habitual, aunque por razones diferentes a las motivadas por Vox. 

Ya en los días previos, durante las sesiones plenarias, la Presidencia del Congreso ha abroncado a sus señorías, tanto de forma generalizada como a nivel individual, por el uso inapropiado de expresiones o palabras pronunciadas desde la tribuna. Asimismo, han pedido a los diputados que reflexionen y guarden el decoro que se les exige.

La tensión creciente, calificada de "violencia política" por Unidas Podemos, tuvo su principal detonante en el ataque personal proferido por la diputada de Vox Carla Toscano hacia la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante en debate de los Presupuestos el pasado 23 de noviembre.

El problema, según han criticado diversas fuerzas del arco parlamentario, es que se meten todos los exabruptos y faltas de respeto hacia adversarios en el mismo saco, como es el caso del calificativo ideológico "fascista" que usa la izquierda para referirse a Vox y los insultos que los ultras vierten contra los aliados parlamentarios del Gobierno, esto es, "filoetarras" en alusión a EH Bildu.

Estas llamadas al orden del órgano de gobierno de la Cámara Baja se han diluido en el eterno debate entre la libertad de expresión y las faltas de respeto, para lo que todavía no hay un consenso claro, ni por parte de la mesa del Congreso ni por los grupos parlamentarios.

Por otro lado, la acusación de Montero hacia la bancada popular de "promover la cultura de la violación", a raíz de las campañas institucionales contra la violencia sexual hacia las mujeres en Galicia y Madrid que inciden en la culpabilización de las víctimas, ha desatado una nueva oleada de críticas hacia la titular de Igualdad.

La dirigente de Podemos ya había vuelto a ser el principal objetivo a derribar de PP y Vox por la rebaja de condenas a agresores sexuales tras la aplicación perversa de la ley del sólo sí es sí, por lo que esta acusación ha servido a las derechas para exigir por enésima vez su dimisión. 

La efeméride de la Constitución será utilizada también por los grupos, especialmente por el PSOE, para evidenciar el incumplimiento de la Carta Magna al seguir bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ya este lunes, la portavoz de los socialistas en el Senado, Eva Granados, puso el foco sobre ello al pedir al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "abandonar la actitud antisistema y anticonstitucional".

Y es que, los conservadores frustraron hace unas semanas un nuevo intento de renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva caducado justo cuatro años, por el posterior acuerdo del Gobierno con ERC para derogar el delito de sedición, lo que supuso la vigésima excusa del PP.

Las diferencias entre las dos principales fuerzas políticas no se quedan ahí. La confrontación del PP con la formación de Pedro Sánchez, principalmente por sus acuerdos con sus socios en el Congreso, complican la reforma pendiente desde hace un año y medio para eliminar "disminuidos" de la Constitución. La modificación del artículo 49 de la norma suprema se tercia complicada por el rechazo de PP y Vox.

Asimismo, a pesar de las mayorías que se requieren para ello y que actualmente no se dan (se necesita, al menos, 210 escaños), el debate sobre reforma de la Constitución ha resurgido especialmente en los últimos años. Las formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas reclaman cambiar el redactado de la Carta Magna para incluir el derecho a la autodeterminación o impulsar la descentralización de los territorios, mientras que el sueño para caminar hacia una república se vuelve casi imposible.