Uno se llamaba Jon. El otro, Ekaitz. Cuando estaban en Primero de Bachillerato de Erain, un colegio del Opus Dei situado en Irun (Gipuzkoa) que segrega por sexo, sentenciaron en un trabajo que el "lobby rosa" es un "grupo de presión referente a los homosexuales", cuyo objetivo en este mundo es "introducir la homosexualidad y el estilo de vida 'gay' en la sociedad". Para ello, "suelen organizarse en asociaciones y procuran introducirse en los diferentes ámbitos de poder y concretamente en los medios de comunicación".

La obra de ambos alumnos mereció ser colgada en internet –allí está disponible a día de hoy– por el Departamento de Religión de ese colegio, cuya dirección recibe dinero del Gobierno Vasco. No en vano, Erain es uno de los centros educativos religiosos vinculados al Opus que se benefician de los fondos otorgados cada año por el Ejecutivo autonómico.

La concertación educativa en el País Vasco cuesta unos cuantos millones de euros. Concretamente, hasta 608,7 millones de euros para el curso 2019-2020, según informó el Departamento de Educación en septiembre pasado. Esa cantidad supuso un incremento de 27,5 millones de euros en relación al año anterior.

"Durante este curso 2019-2020, estudian en Euskadi algo más de 341.000 alumnos y alumnas, en las etapas que van desde 2º ciclo de Educación Infantil hasta la Formación Profesional. De entre ellos, cerca de 175.600 lo hacen en centros públicos, y en torno a 165.500 en centros concertados", señalaron desde el Departamento de Educación.

La red concertada está formada por 314 colegios, entre los que se incluyen escuelas religiosas –agrupadas bajo el paraguas de la patronal Kristau Eskola– e ikastolas, unos centros laicos que nacieron para promover el aprendizaje en euskera en los duros años de la dictadura franquista, que perseguía a quienes hablaban y defendían este idioma. Hoy las ikastolas mantienen su oferta educativa y "compiten" por el alumnado euskaldun (vascoparlante) con la escuela pública vasca, donde también se garantiza una educación completa en euskera.

"Ofrecemos una educación vasca, plurilingüe, y somos propulsores en el uso de la tecnología de la información y la comunicación", explica Ikastolen Elkartea (Asociación de Ikastolas) en un apartado de su página web. En el ámbito de Euskal Herria –incluyendo Navarra y el País Vasco francés– hay, según datos de esa organización, 111 ikastolas, con 57.322 alumnos y 4.500 profesores.

Por su parte, Kristau Eskola señala que cuenta con 128 colegios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Participan allí "90 mil familias" y trabajan ocho mil educadores. Los seis colegios vinculados al Opus en Euskadi no forman parte de esta entidad, sino que están integrados en el Grupo COAS.

Entre esa media docena de centros hay una característica en común: en sus aulas se practica la segregación por sexo. "En algunas etapas optamos por la educación diferenciada porque creemos que así es más fácil que cada alumna y cada alumno alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, descubriendo sus fortalezas y diseñando su propio proyecto personal de vida", explica COAS en su web.

El Departamento de Religión de ese grupo educativo ofrece distintos materiales sobre la "homosexualidad". En uno de sus powerpoints para utilizar en clase, acusan –entre otros– a "quienes buscan el placer con personas del mismo sexo (homosexualidad)" de actuar contra los preceptos de la "ley divina". También señalan a "quienes buscan el placer sexual solitario (masturbación)" o a aquellos que "consienten voluntariamente pensamiento y deseos impuros".

De acuerdo a los listados del Departamento de Educación, en el curso 2019/2020 los seis centros vinculados al Opus recibieron más de 13 millones de euros del Gobierno Vasco. El colegio que más dinero recibió fue Ayalde, con 4.471.773 euros. Según ha podido cotejar Público, el monto total otorgado en esta ocasión a dichos centros religiosos es similar al de años anteriores. 

Segregación socioeconómica

Además de las polémicas posiciones ideológicas que defienden algunos de estos centros educativos financiados con dinero público, el modelo de concertación del País Vasco esconde otro problema:  distintas plataformas, sindicatos y partidos han denunciado en varias ocasiones el carácter "segregador" en términos socioeconómicos de la educación concertada.

 "En Euskadi, al igual que en muchas comunidades autónomas, la tasa de segregación escolar socioeconómica no ha dejado de aumentar durante los últimos años. El aumento de la segregación escolar se debe, principalmente, a la falta de políticas educativas que pongan freno a este fenómeno y apuesten por una educación inclusiva basada en el principio de equidad", denunció Save The Children en un informe publicado en abril de 2018.

La ONG advirtió que "en la actualidad, 4 de cada 10 niños y niñas en Euskadi estudian en centros con concentración de alumnado vulnerable". En tal sentido, destacaba en su informe que la segregación socioeconómica en las escuelas consiste precisamente en la "distribución desigual en centros escolares de los niños y niñas que pertenecen a las familias con menos recursos". "En Euskadi el índice de segregación escolar es de 0,27 y es la cuarta comunidad autónoma más alta, por detrás de Madrid, Cataluña y La Rioja", apuntaba en ese informe.

Save The Children señalaba que "el 88,9% de los centros vascos con muy altos niveles de concentración son de titularidad pública". "Si tenemos en cuenta que el 48% del total del alumnado está escolarizado en centros concertados podemos hacernos una idea de la falta de corresponsabilidad de esta red en su labor de contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad educativa", advertía.